Hacia la madrugada del viernes 15 diputados y senadores de once partidos de gobierno y de oposición llegaron a un acuerdo para establecer mecanismos que conduzcan a una nueva constitución, proceso que comenzará con la convocatoria a un plebiscito que se realizaría en abril del 2020. Una consulta que incluiría la posibilidad de llamar a […]
Hacia la madrugada del viernes 15 diputados y senadores de once partidos de gobierno y de oposición llegaron a un acuerdo para establecer mecanismos que conduzcan a una nueva constitución, proceso que comenzará con la convocatoria a un plebiscito que se realizaría en abril del 2020. Una consulta que incluiría la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente que redactaría una nueva constitución desde cero.
El acuerdo ha sido celebrado durante esta mañana por toda la clase política, por el gobierno y por el mercado. La bolsa de Santiago, que había caído quince puntos desde el inicio de las revueltas, ha subido esta mañana de manera impetuosa en tanto el peso recupera los puntos perdidos esta semana frente al dólar. Euforia en los mercados, para ser más claros. Tanto, que no pocos economistas de la plaza y dirigentes gremiales hablan de un momento histórico, elogian a los partidos, y repiten palabras como institucionalidad, justicia, democracia, paz y consensos. La crisis, desde este lado del poder, parece superada.
No ha sido así en el gobierno, que ha mantenido un talante discreto que se extiende desde hace varios días. Sebastián Piñera ha estado desaparecido y sin protagonismo público alguno desde el inicio de las negociaciones parlamentarias la mañana de este miércoles. No tuvo presencia ni al inicio ni al final y tampoco durante esta mañana.
Desde ahora el ejecutivo y legislativo han ingresado en otro estado que abre también grandes interrogantes. De partida, es muy prematuro afirmar que resuelve o suspende la crisis política y si alcanza para sanar a un gobierno, y en especial a un presidente, terriblemente dañado. Piñera puede apoyarse en este nuevo consenso y hasta es posible que se apropie de él. El martes por la noche llamó a una levantar una agenda por la paz y el texto que salió anoche del Congreso puede ser interpretado de esa manera. Pero también es probable que el daño en su imagen sea irreparable, en especial por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por su gobierno durante el último mes. Más de veinte muertos, miles de heridos, violaciones y torturas.
Con este peso no solo político sino moral sobre los hombros y conciencias del gobierno, se abre un problema aún mayor. Piñera no tiene ninguna autoridad para empujar el proceso más importante que enfrenta Chile en los últimos treinta años. La decisión tomada anoche por el poder legislativo de cambiar la constitución del dictador es un hecho de dimensiones históricas. Ante ello es más o menos evidente que Piñera, que sólo respondió con golpes, gases y violencia a las demandas ciudadanas, está incapacitado para liderar el proceso.
El pueblo en las calles ha pedido desde hace semanas una asamblea constituyente para redactar otra constitución. El Congreso dice que lo ha escuchado y construirá el mecanismo para que el pueblo levante sus demandas. Esa es la versión que fluye desde la clase política, desde los empresarios y el mercado, desde la prensa hegemónica que nos repite que Chile ha ganado.
Pero se trata también de un acuerdo entre las elites de siempre. El Partido Comunista no ha firmado el documento y tampoco lo han hecho algunos partidos del Frente Amplio. El motivo está en el gran poder de veto que tendrían las minorías a la hora de la aprobación de los artículos de la constitución. Para validar la nueva constitución se requiere un quórum de dos tercios, similar al que establece la actual constitución para hacer cambios. Ha sido precisamente por estos obstáculos que desde la dictadura prácticamente no ha sufrido cambios.
Hasta estas horas, el acuerdo, que ya está cerrado, se estudia y debate en universidades, asambleas ciudadanas y cabildos de barrio. Ingresan a la discusión de forma privilegiada especialistas y abogados constitucionalistas, que intentan explicar los detalles del acuerdo e interpretar sus posibles efectos.
Quienes han estado al margen de las negociaciones que condujeron al acuerdo es la población movilizada. Tal vez fue escuchada, pero no ha sido consultada, motivo por el que ha levantado públicamente sus enormes suspicacias. Para la ciudadanía, el pueblo, el pacto del legislativo, al que se han sumado todos los poderes establecidos, es sin duda alguna un acuerdo entre las elites que se suma a los pactos de la transición.
Uno de los motivos de las revueltas ha sido el rechazo a una clase política acusada de corrupta e imbricada con los intereses de las grandes corporaciones. En esta categoría está el Ejecutivo, los partidos y, en primer y destacado lugar, los y las parlamentarias. Un abismo refrendado en todas las elecciones por altas tasas de abstención electoral y en todas los sondeos de opinión. El Legislativo es el poder del Estado con la peor evaluación de la población. Y será el legislativo el órgano que impulse el proceso constituyente.
El cisma entre la elite y el pueblo no se resuelve con este acuerdo. El pacto es en este momento una respuesta al llamado de Piñera y a una agenda de paz que excluye a toda la ciudadanía movilizada. Es por ello que también encierra el gran peligro de consolidar este quiebre y hacer cualquier diálogo imposible. Piñera recibe el apoyo del legislativo y se atrinchera con él de las presiones de la población. Si este escenario es real, las protestas están todavía muy lejos de atenuar.
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