El asesinato del joven universitario y comunero mapuche Matías Catrileo, que se produjo este jueves al interior del fundo Santa Margarita en la localidad de Vilcún, en la Novena Región, puede llevar al pueblo mapuche de su actual indignación a una futura rebelión indígena, lo que podría poner en jaque a las políticas públicas que […]
El asesinato del joven universitario y comunero mapuche Matías Catrileo, que se produjo este jueves al interior del fundo Santa Margarita en la localidad de Vilcún, en la Novena Región, puede llevar al pueblo mapuche de su actual indignación a una futura rebelión indígena, lo que podría poner en jaque a las políticas públicas que pretenden beneficiar a esa comunidad originaria.
No es menor la declaración pública leída en la víspera por Mónica Quezada, madre del estudiante abatido al señalar con lagrimas en sus ojos: «que no haya más impunidad».
«Los familiares de Matías tenemos la convicción de que el disparo criminal provino desde el arma de Carabineros, y no podemos hacer más que calificar dicha acción como un acto ruin y cobarde», sostuvo.
«Este dolor -agregó la madre- se acrecienta a cada instante producto del tratamiento falaz con que algunas autoridades gubernamentales y de Carabineros, se refieren a los hechos y a la persona de nuestro querido Matías».
Esta claro que las políticas públicas aplicadas en las zonas donde viven los mapuches no han cursado el efecto deseado, además si se suman la constante depredación de las tierras ancestrales de ese pueblo por las empresas forestales y el «dialogo» bajo ocupación de la policía militarizada en la región de La Araucanía, puede ser hoy la chispa que prenda un fuego que nadie sea capaz de apagar en el futuro.
Más aún, si se entiende el mensaje del ministro secretario general del Gobierno, Francisco Vidal, quien aseguró ayer que el Ejecutivo «va a cumplir la ley y va a hacerla cumplir, tanto en materias de orden público como en materias de políticas públicas que beneficien a la comunidad mapuche».
El actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y ex juez Juan Guzmán Tapia aseguró a este medio que la «situación de discriminación y atropellos a los que se somete a las comunidades indígenas daña la imagen del país y es una señal de alerta que las autoridades no pueden obviar».
El ex juez, dijo a fines de noviembre pasado al renunciado Ministro del Interior, Belisario Velasco que «se ponga término a la militarización en las comunidades indígenas de La Araucanía, cuyas comunidades denuncian ser víctimas de hostigamiento por parte de la policía uniformada».
«El pueblo mapuche está siendo castigado y maltratado en relación a la empresa privada y las transnacionales que siempre son las favorecidas. No se ha dado importancia a los pueblos originarios y esto es precisamente lo que ellos reclaman», dijo en su oportunidad el jurista.
La denuncia de Guzmán no ha sido tomada en serio por las autoridades chilenas, analistas políticos concordaron con el ex juez, e indicaron que «en el sur de Chile, se está anidando una suerte de rebelión y que podría poner en jaque no sólo la imagen de país».
LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN HOY A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Según los especialistas, los pueblos indígenas continúan sin ser escuchados, sin que se les respete y siguen protagonizando una historia de dolor y de desgarro.
En Chile, es preocupante constatar cómo las autoridades de gobierno se dejan seducir por los empresarios y no paralizan los proyectos que afectan al medio ambiente y al hábitat de estos pueblos originarios. Nadie se toma tiempo siquiera para consultar su opinión a las comunidades. En esos casos la exigencia de la participación ciudadana se olvida.
La lista de conflictos que les afecta es tan larga como Chile: la Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) en el sur pretende desplazar riles (residuos industriales líquidos) al mar, lo que afectará a más de 300 pescadores artesanales que viven en la caleta de Mehuín; se construirán seis centrales hidroeléctricas en Panguipulli, específicamente en Pellaifa, San Pedro, Liquiñe, Lago Neltume, Maqueo y Choshuenco. La puesta en marcha de estas plantas afectará aproximadamente a 400 familias.
En la zona huilliche de Chiloé, las salmoneras transnacionales continúan con la destrucción del borde costero impactando gravemente el medio ambiente; las empresas mineras amenazan con explotar vastas zonas de la Provincia de Arauco y contaminar con sus desechos la ribera del lago Lleu-Lleu.
A esto se agrega la construcción del nuevo Aeropuerto de La Araucanía, en medio de comunidades del sector de Kepe y que arrasará con las tierras indígenas; la violencia policial contra dirigentes mapuches de Temucuicui, en la IX Región; y la autorización otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Tarapacá, para la exploración cuprífera en la Reserva Nacional de las Vicuñas que atenta contra los derechos territoriales del pueblo Aymara de las provincias de Arica y Parinacota.
Otro aspecto no menor, es el comportamiento político de los gobiernos de la Concertación, estos todavía mantienen pendientes las demandas de los pueblos indígenas de ser parte del contrato social, de ser reconocidos en la Constitución y la necesaria ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En este contexto, las políticas de desarrollo por parte del Estado chileno han ido en un apoyo de asistir y no de ayudar al desarrollo de su cultura y de entender que son un pueblo con características propias que deben ser parte tomados en cuenta, especialmente el reconocimiento de sus derechos como parte de una sociedad pluricultural como la que vive hoy este país.
La posibilidad de una rebelión por parte del pueblo mapuche, hoy no es una locura. Es urgente iniciar un diálogo con los pueblos originarios. Entender que ellos son el la reserva histórica y moral de nuestra rica cultura, el respeto hacía ellos, pasa por incorporarlos como un todo. No entender esta realidad, puede llevar a una espiral de violencia que nadie hoy puede dimensionar sus consecuencias.