El primero de mayo, el Presidente Evo Morales nacionalizó los yacimientos de hidrocarburos de Bolivia, ordenando la inmediata la ocupación militar de los mismos y asumiendo el control sobre las ventas de toda la producción. Es una medida ejemplar, que afirmó la soberanía del Estado Boliviano y la dignidad de su pueblo. Se trata al […]
El primero de mayo, el Presidente Evo Morales nacionalizó los yacimientos de hidrocarburos de Bolivia, ordenando la inmediata la ocupación militar de los mismos y asumiendo el control sobre las ventas de toda la producción. Es una medida ejemplar, que afirmó la soberanía del Estado Boliviano y la dignidad de su pueblo.
Se trata al mismo tiempo de una medida sensata y oportuna. Desde luego, la medida no significa la expropiación de las compañías extranjeras que actualmente explotan los yacimientos. Ninguna de ellas ha optado tampoco por retirarse del país, a pesar que su inversión total no excede los 3 mil millones de dólares, lo que no es una cifra elevada para los estándares mineros. Muy por el contrario, el gobierno ha establecido negociaciones inmediatas con todas estas compañías, para concordar las nuevas condiciones de su permanencia en el negocio. Como ha reconocido la prensa internacional, lo más probable es que todas ellas permanezcan, operando con utilidades razonables e interesantes, pero entregando al Estado, legítimo propietario de los recursos, las superganancias derivadas de la actual coyuntura de precios. Los mismos análisis de prensa recuerdan que en el curso de los últimos meses, el Presidente Chávez ha logrado culminar exitosamente renegociaciones similares, con todas la compañías petroleras que operan en Venzuela. En el caso de la industria petrolera, Chávez ha planteado subir el royalty sobre las ventas de 18% a 30%, y la tasa de impuestos a las utilidades desde 30% a 50%, aproximadamente.
Todas las compañías extranjeras han permanecido en Venezuela bajo las nuevas condiciones, y obteniendo igualmente utilidades muy interesantes. Los gobiernos de los países de origen de las principales empresas que explotan los hidrocarburos bolivianos, Brasil y España, han reconocido de inmediato el derecho soberano de Bolivia a la propiedad de sus yacimientos. Se han establecido negociaciones para determinar los nuevos precios del gas para Brasil y Argentina, que son sus principales clientes. Los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela se han reunido de inmediato con el Presidente Morales y le han expresado su amistad y respaldo. Los pueblos de todo el mundo respaldan abrumadoramente la medida. Todos saben que tiene la razón. A todos molesta el abuso que significa la expoliación de los recursos naturales de los países en desarrollo por parte de las transnacionales, al amparo de las políticas entreguistas de los gobiernos neoliberales. Es el momento que también en Chile terminemos con el abuso de las grandes mineras que se están llevando nuestro cobre prácticamente sin pago alguno. El país conoce que durante más de doce años, dichas empresas retiraron miles de millones de dólares en utilidades por ventas de cobre, mientras al mismo tiempo declaraban pérdidas y acumulaban créditos de impuestos que superaban en casi mil millones de dólares la modesta cifra de impuestos que pagó una sola de ellas. Durante una década retiraron dichas utilidades sin pagar impuestos, mediante el subterfugio de declararse «mediana minería,» aprovechando fraudulentamente una legislación defectuosa que beneficiaba a este sector – esto no está permitido a ninguna otra empresa en Chile. Cuando una ley corrigió este defecto en 2001, continuaron retirando utilidades sin pagar impuestos, amparadas ahora en la «invariabilidad tributaria.»
La ley mal denominada «royalty 2,» aprobada el año pasado, les permitió blanquear esta situación, y rebajar a 35% la tasa de 42% a que estaban sujetos bajo los términos de la «invariabilidad.» Ello a cambio de pagar una sobretasa de 5%. Es decir, como resultado neto para estas empresas, el denominado «royalty 2» les ha significado que este año, en lugar de pagar 42% sobre las utilidades, van a pagar 40%. De «yapa,» la ley «royalty 2» les extendió la invariabilidad tributaria por otros 12 años. En otras palabras, mientras declaraban pérdidas debido a la depreciación acelerada de sus inversiones, estas empresas retiraron utilidades sin pagar impuestos. La tasa de 42% no les importaba entonces, puesto que declaraban pérdidas. En cambio, cuando el vendaval de ingresos derivados del alza en el precio del cobre les impidió continuar ocultando sus utilidades, entonces negociaron con el gobierno de Lagos rebajar la tasa de 42% a la cual estaban sujetas, a 35%, aceptando al mismo tiempo una sobretasa de 5%, con lo cual la tasa final que pagarán este año será 2% inferior a la que hubiesen pagado de no existir el famoso «royalty 2.» Y de paso, lograron una extensión de 12 años en la invariabilidad. El país conoce asimismo que incluso, la única minera que pagó impuestos y que no se benefició con el mecanismo anterior – por eso se «retacó» de pagar el «royalty 2» -, vendió su producción a empresas relacionadas en forma de concentrados, pagando un sobreprecio por su refinación, y subvaluando los subproductos, e incluso el cobre, contenido en ellos. De esta manera abusan de Chile, con la anuencia de los gobiernos de la Concertación, que en esta materia han sido completamente entreguistas, y parlamentarios que nunca asumieron su responsabilidad en estas materias. Incluso en el gobierno actual premian a los principales «lobbistas» de las mineras, con elevados cargos en CODELCO y COCHILCO, mientras otros postulan a la dirección de partidos oficialistas.
Durante el año pasado, el vendaval de utilidades permitió a las mineras terminar de recuperar completamente todas sus inversiones en Chile – por eso se vieron obligadas a empezar a declarar utilidades casi todas ellas. Este año, van a ganar en forma neta más de 16 mil millones de dólares, según ha calculado el economista Orlando Caputo. Esta cifra es equivalente, nuevamente, al total que invirtieron. Es decir, en un año, van a recibir en utilidades superiores a todas las inversiones realizadas, las cuales ya habían recuperado completamente. Es demasiado. Se les pasa la mano. Es el momento de restablecer la soberanía chilena sobre los yacimientos de cobre y su producto, entregada por Pinochet y refrendada por los gobiernos anteriores de la Concertación. Hay que proceder a renegociar de inmediato la permanencia en Chile de las mineras, obligándolas a pagar todo lo que han eludido en impuestos en el pasado, y estableciendo condiciones razonables y no abusivas hacia el futuro. Y si no les gusta, que se vayan, que CODELCO bien puede hacerse cargo de los yacimientos. Hacerlo ahora constituye un deber patriótico. El país y el mundo van a aplaudir una medida de esta naturaleza. Es necesario que en esta materia, la más estratégica para nuestro desarrollo, se termine con el extremismo distorsionador del modelo entreguista neoliberal. Es imperioso que también en este ámbito, el agua vuelva a su cauce.
Manuel Riesco es economista y colaborador de Crónica Digital