Así como el ataque a las Torres Gemelas sirvió en 2001 a Washinton para resucitar en el Hemisferio mecanismos propios de la Guerra Fría, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Junta Interamericana de Defensa (JID), también el S-11 ha terminado por convertir al APEC, en sus niveles de discusión más altos, […]
Así como el ataque a las Torres Gemelas sirvió en 2001 a Washinton para resucitar en el Hemisferio mecanismos propios de la Guerra Fría, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Junta Interamericana de Defensa (JID), también el S-11 ha terminado por convertir al APEC, en sus niveles de discusión más altos, en un sofisticado Caballo de Troya para implementar paulatinamente, pero sin resistencia, los parámetros de lucha antiterrorista diseñados por el principal socio del bloque.
Fundado en 1989, el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) ha sido desde sus comienzos el más eficiente brazo ejecutor de las orientaciones neoliberales que impulsa Estados Unidos en el mundo. El bloque, del que son miembros 21 países, representa el 47% del Producto Geográfico Bruto del planeta y en 1994, en Bogor, Indonesia, fijó su principal meta: el libre flujo de bienes, servicios e inversiones al interior del pacto, fijando el año 2010 para su consolidación en las llamadas economías desarrolladas (EE.UU., Australia, Japón, Canadá, Singapur), y el 2020 para las más retrasadas.
Fiel a los cánones de apertura comercial y exportación de productos sin valor agregado, instituidos por la dictadura militar, Chile ingresó formalmente al APEC durante la Reunión Ministerial de Jakarta, en noviembre de 1994. El paso dado por la administración de Eduardo Frei dio una sorpresa en la región al año siguiente, cuando Santiago se inscribió de manera oficial en el primer calendario de apertura, vale decir, el diseñado para las potencias de la zona. En ese momento, el gobierno consideró tan clave el rol de Indonesia en la incorporación al foro, que en 1997, y por primera vez, Chile se abstuvo de condenar a ese país ante Naciones Unidas a raíz de la invasión de Timor Oriental. Gatillada por flagrantes intereses económicos, la situación fue denunciada inmediatamente, y en territorio nacional, por el Premio Nobel de la Paz, José Ramos-Horta, quien no dudó en calificar de «fenicia» la política exterior chilena.
En efecto, durante el primer semestre de 2003, el APEC fue el principal bloque de destino de las exportaciones, alcanzando el 54% del valor total de los envíos nacionales al extranjero, que, por cierto, siguen siendo bienes en bruto: cobre, salmón y madera. Estas son las razones «de fondo» que han llevado al gobierno de Ricardo Lagos a no escatimar esfuerzos para convertirse este año en un anfitrión a tono con sus invitados a la Cumbre. Por eso es que, aunque las cifras de CASEN muestren mayor desigualdad ahora que cuando la Concertación se hizo cargo del modelo, el Ejecutivo ha destinado 6,8 millones de dólares del presupuesto fiscal y 3.500 policías para brindar una fiesta hecha a la medida de sus inversionistas.
Un Foro político
Sin embargo, con George W. Bush y Vladimir Putin encabezando la lista de huéspedes, nadie puede pretender a estas alturas que el APEC sea una suerte de disquisición financiero-tecnocrática. Al igual que la dinámica del ALCA, el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico ha ido progresivamente haciendo suyos los debates propios de la ONU en el escenario de la política multilateral. Es decir, la agenda del Consejo de Seguridad, por ejemplo, se discute en Nueva York, pero también por fuera, si ello resulta más apropiado a las proyecciones del Departamento de Estado norteamericano.
De hecho, así como el ataque a las Torres Gemelas sirvió en 2001 a Washington para resucitar en el Hemisferio -con la venia latinoamericana- mecanismos propios de la Guerra Fría, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Junta Interamericana de Defensa (JID), también el S-11 ha terminado por convertir al APEC, en sus niveles de discusión más altos, en un sofisticado Caballo de Troya para implementar paulatinamente, pero sin resistencia, los parámetros de lucha antiterrorista diseñados por el principal socio del bloque.
Para ir un poco más despacio, el tema puede ser enfocado preguntando de otra manera. Si, como aseguran contra viento y marea los patrocinadores del modelo económico, la liberalización es parte de un proceso inevitable, ¿qué sentido tiene este foro más allá de mostrar la profecía supuestamente autocumplida? Una pista respecto de hasta qué punto la cumbre cumple una función ideológica queda precisamente al descubierto en la propuesta formal que se ha hecho para la versión 2004, en boca de Chile: el uso y divulgación del inglés como herramienta de trabajo entre las 21 economías del bloque. Para eso se reunieron en abril los ministros de Educación del APEC, dejando en el plano meramente decorativo el hecho de que, por ejemplo, una parte de la agenda de los días 20 y 21 de noviembre se desarrolle en Isla de Pascua.
Vía chilena al militarismo
Para ir ajustando su predicamento al engranaje de la política norteamericana resuelta después de 2001 en torno al «Eje del Mal», Chile ha ido poco a poco haciendo mérito. El 22 de noviembre de 2002, una vez finalizada en Santiago la V Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que tuvo como invitado estelar al jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, su colega chilena, Michelle Bachelet, puso firme atajo al ya sentido debate regional en relación con la disminución del gasto militar. «No ha habido ningún documento ni peticiones en torno a reducción de armamentos», dijo la ministra socialista al responder la pregunta de rigor de la prensa extranjera, argumentando, para tal efecto, que tal planteamiento «es una decisión soberana de los Estados, en el sentido de que asignan en su presupuesto, año a año, cuál es la cantidad de recursos para a la Defensa de éstos y la cantidad de recursos que asignan a otro tipo de problemas».
Por supuesto, sólo meses después Bachelet debió relativizar el concepto de soberanía al que había echado mano, cuando, el 30 de abril de 2003, expuso sobre «la estrategia chilena de posicionamiento como plataforma de servicios y negocios para el vínculo entre el Asia Pacífico y América del Sur». En la oportunidad, la personera sostuvo que «el país debe examinar la posibilidad de llevar adelante nuevas formas de cooperación que nos permitan mejorar el control de los espacios marítimos de nuestra región ante la nueva situación internacional». Según señaló, «es posible desarrollar regímenes de cooperación naval y marítimo con el objetivo de encarar amenazas asimétricas en el área del continente americano -especialmente terroristas o provenientes del narcotráfico-, cuestión que puede ser abordada mediante acuerdos que consideren adecuadamente los intereses, y respeten la legalidad y jurisdicción de los Estados». Tras aludir a los patrullajes navales que Chile y Argentina efectúan desde 1999 en la Antártica, Bachelet indicó que «parecería recomendable explorar formas de cooperación naval ante nuevas amenazas» y que, «del mismo modo, parece viable avanzar hacia una mayor coordinación en torno a otros objetivos específicos de interés común para la región, como la protección de pasos oceánicos por los cuales transita gran parte de la carga marítima de un número importante de países americanos».
En la misma ponencia, la ministra dio su cordial bienvenida al recién planteado capítulo zonal de EE.UU. para «combatir al terrorismo»: el programa STAR (Secure Trade in the APEC Region), o «un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la cooperación antiterrorista, así como a garantizar la seguridad y la eficiencia de los flujos financieros, comerciales y de información en la zona del Asia-Pacífico», como prefirió definirlo Bachelet, justo antes de expresar que «Chile mantiene una disposición abierta y favorable para explorar nuevas formas de cooperación naval, incluyendo propuestas sobre operaciones navales combinadas, como las esbozadas por el secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la Quinta Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas».
Es decir, ya ni las Naciones Unidas ni las Operaciones de Paz son los vectores centrales del nuevo esquema de seguridad que se plantea, sino el interés económico de un grupo de países que «cooperan» bajo el paraguas de Estados Unidos.
STAR en Chile
En qué medida la lógica del STAR se convierte en el punto central instalado en la agenda para esta cumbre, dejemos que nos lo explique el hijo del Presidente, Ricardo Lagos Weber, en su calidad de director para Asuntos Económicos Multilaterales de la Cancillería y alto representante de Chile ante el foro: «es un hecho que el terrorismo afecta el comercio, dificultando la liberalización y facilitación comercial así como de las inversiones, metas básicas de APEC».
No es a Chile a quien se le ha pedido, pues, que haga de vocero del libre comercio. La tarea que se le ha encomendado a sus autoridades es la de hacer cursar, por todas las vías posibles, las bases que inspiran la nueva política exterior de Estados Unidos. Por eso, a comienzos de marzo último, la cita preparatoria de la Cumbre APEC 2004 no fue encabezada por economistas. No: la reunión celebrada entonces en Reñaca fue la Conferencia STAR II, donde otra vez, y no por casualidad, la palabra corrió por cuenta de la ministra de Defensa. «Cada día son más los temas de seguridad que están siendo vinculados a la economía, y se entiende que cada país requiere tener los máximos niveles de protección», sentenció, antes de concluir que el 56,5% de nuestros productos se exporta a las economías que integran APEC, donde el país encuentra, en su opinión, socios confiables y seguros. Bajo el prisma de la seguridad, y en nombre del combate al terrorismo internacional, la libertad de comercio a la que podrán aspirar las economías menos pudientes del Asia Pacífico tendrá que pagar ciertos costos. Primero, el desembolso de dimensión multimillonaria, correspondiente a la «inversión» que cada país deberá hacer para cumplir con el nuevo código de seguridad (ISPS), particularmente oneroso en el caso chileno, cuyo modelo exportador es esencialmente portuario. Segundo, el costo de carácter político que entraña la cesión de soberanía propia del participar en un esquema de «patrullaje» militar de la zona APEC, que como hemos dicho ya no se hará ni en nombre de la ONU ni de las Misiones de Paz. No será difícil para el lector, pues, adivinar que ninguno de estos dos costos correrá por cuenta de quienes anoten en su haber las utilidades del negocio.