El campo Colombiano sigue siendo el escenario perfecto de convergencia para encontrar el camino hacia la paz. Ignorarlo o desconocerlo es contribuir a mantener cerrado el paso para salir del largo laberinto de la guerra y la confrontación política por la vía menos dolorosa. Las generaciones que hemos vivido durante las últimas cinco décadas, no […]
El campo Colombiano sigue siendo el escenario perfecto de convergencia para encontrar el camino hacia la paz. Ignorarlo o desconocerlo es contribuir a mantener cerrado el paso para salir del largo laberinto de la guerra y la confrontación política por la vía menos dolorosa.
Las generaciones que hemos vivido durante las últimas cinco décadas, no hemos disfrutado del derecho constitucional a la paz. El conflicto armado colombiano consecuencia de múltiples causas y conflictos sociales, económicos y políticos, aún no resueltos, como el problema agrario histórico del cual mucho se ha hablado desde los distintos gobiernos e instituciones del estado, pero es poco o nada lo que se ha hecho para resolverlo. Manteniéndose intactas las estructuras del antiguo modelo latifundista y terrateniente, que conjuga la violencia y el despojo con la concentración de riquezas y poder político.
La desigualdad social, una realidad que incrementa la houera del conflicto social y armado
Las actuales condiciones que viven los pobladores rurales se caracteriza por una profunda inequidad y exclusión social, que tiende a perpetuar la brecha de desigualdad entre lo rural y lo urbano. Valga decir que a pesar de que el presupuesto destinado al sector agrícola se incrementó para el año 2008 en un 134% la situación de los pobres rurales no mejoro. Es importante resaltar que aun en medio del regocijo del gran empresariado y del gobierno por los datos favorables referentes al crecimiento económico de los últimos años en el país, la pobreza se mantiene en estándares superiores a la mayoría de los países de América Latina.
Si bien los datos del 2008 indicaban que la pobreza rural había disminuido en el campo de un 67% al 65.2%; en ese mismo periodo creció la indigencia en el campo del 27,4% en el 2005 al 32,6% en el 2008. Según el informe nacional de desarrollo humano del año 2011, elaborado con el apoyo de las naciones unidas deja ver que en aquellos municipios definidos por el mismo como de alta ruralidad las personas en pobreza por necesidades básicas insatisfechas NBI son del 74,66%. Teniendo una gran influencia en ello el descenso del mercado laboral en el campo, los salarios paupérrimos, las dificultades para el acceso a tierra, a recursos financieros y en general el abandonó del estado a la economía campesina.
De otro lado Colombia es un país con deficiencias alimentarias, se calcula que el 80% de las personas que padecen hambre en el territorio nacional viven en las zonas rurales, el 50% de ellos practican la agricultura tradicional y minifundista.
Un modelo de desarrollo económico que privilegia la gran propiedad y a los agronegocios
Los datos del Departamento Nacional de Planeación DNP, nos señalan como en el decenio entre 1995 y 2006 la inversión pública en desarrollo rural descendió del 35,6% al 0,9%, recuperando una parte de participación en el 2001 con el 26,9%, en contraste con el comportamiento ascendente de los recursos de apoyo a la «nueva agricultura», en particular los incentivos a la capitalización rural (ICR), y el del desaparecido y cuestionado programa de subsidios Agro Ingreso Seguro AIS, creado por la Ley 1133 de 2007.
El crecimiento y expansión del agro negocio encadenado a la producción de agro combustible, la producción de materia prima para la exportación ha mantenido su ritmo expansivo, agudizando los viejos y nuevos conflictos sociales y ambientales que sufre el país. Entre los más connotables problemas que está causando la llamada nueva agricultura y sus principales cultivos como la Palma Aceitera, el Pino o el Eucalipto, entre otros, se están desarrollando ecosistemas uniformes. Estos sustituyen los ecosistemas naturales y por ende la biodiversidad, dando origen a daños catastróficos como los escases en la producción de agua, modificación de la estructura y composición de los suelos, alterando a su vez la relación de especies de fauna y flora, agravando la situación alimentaria de la población rural.
Cabe anotar sin embargo que el mayor efecto y el principal del actual modelo de desarrollo es el de la apropiación de extensas áreas de tierra por parte de corporaciones, especuladores y «supuestos inversionistas nacionales y extranjeros»
Las políticas de garantías jurídicas a los «inversionistas» sumado a extranjerización y concertación de la propiedad de la tierra, tiene profundos efectos negativos en términos productivos, los datos permiten apreciar una disminución del área cultivada. En 1990 se sembraron 2,5 millones de hectáreas de cultivos semestrales y 1,2 millones en permanentes. Para 1997 se perdieron aproximadamente 700 mil hectáreas de esta área, equivalente al 15% del total de la misma. Los más damnificados fueron los cultivos temporales llegando a 1,6 millones de hectáreas, mientras que los permanentes se expandieron en gran cantidad, incrementando hasta 1.4 millones de hectáreas siendo las frutas (8.5%), palma africana (6.9%), caña de azúcar (5.5%) y banano (3.7%)
Según datos del ministerio de agricultura (2010) de la superficie continental colombiana, que consta de una extensión de 114.17 millones de hectáreas, 63.26 millones (55.4%) no son tierras de uso agropecuario, en tanto 50.91 millones (44.6%) si son aptos para esta función. De los cuales 21.5% millones son aptos para la agricultura, sin embargo solo 4.9 millones de hectáreas son usadas para este fin como cosa no novedosa en Colombia 38.6 millones de hectáreas se utilizan en ganadería extensiva, aunque solo 20 millones son aptos para este uso.
Es importante resaltar, según estudios de investigadores, el 43% del área sembrada corresponde fundamentalmente a explotación de menos de 20 hectáreas cuyo porcentaje tan solo llega al 9% de la tierra en propiedad, siendo esta pequeña propiedad la responsable principalmente de abastecer de alimento a los colombianos. Es allí donde queremos enfatizar y señalar que mientras el estado coloca toda su institucionalidad y recursos financieros al servicio de los grandes negocios agroexportadores, a su vez que descuida de manera perversa la producción de la economía campesina fundamentalmente.
La acción estatal para dotar de tierras a los campesinos, que adquirió su mayor importancia después de la creación del Incora en 1961 y especialmente desde la Ley primera (1ª) de 1968, se redujo tras la Ley 4ª de 1973, tomando un pequeño aire con la Ley 30 de 1998 y definitivamente se estancó desde la entrada en vigencia de la Ley 160 de 1994, se sustituyó la adquisición de tierras para campesinos por programas de mercado subsidiado de tierra, proyecto de este del Banco Mundial, situación que no ha cambiado y se mantiene en perjuicio de las comunidades rurales.
La inconstitucionalidad de la Ley 1152 de 2007 o Estatuto de Desarrollo Rural intento demoler las conquistas del pasado del movimiento campesino obtenidos desde 1926, pues pretendía establecer la validez de las escrituras no originadas en el estado y tramposamente elaboradas hasta 1997.
Desde el proyecto que actualmente promueve el gobierno nacional sobre desarrollo rural con enfoque territorial se viene promoviendo el derecho de superficie que garantizará la apropiación y despojo de grandes extensiones de tierras por sectores transnacionales e inversionistas de la tierra en Colombia.
Un modelo perverso y depredador
La profundización del actual modelo de desarrollo económico neoliberal se ha constituido en el mayor responsable de las desigualdades sociales y económicas que viven los pobladores del campo. La aprobación del actual plan nacional de desarrollo tiene como objetivo principal impulsar la productividad y competitividad del sector agropecuario para ello ha privilegiado el impulso y apoyo de la gran agricultura comercial y agroindustrial a través de la locomotora que lleva el mismo nombre, cuyos efectos negativos generarán grandes repercusiones en los territorios, ecosistemas, recursos hídricos, en los páramos y bosques naturales. De otro lado los territorios rurales se verán gravemente afectados por la gran explotación minera que tiene su punto de apoyo principal en la locomotora minero energética y la Ley minera que garantiza la concesión de millones de hectáreas a las transnacionales de la minería por lo tanto se trata de un modelo de desarrollo perverso y depredador que no solo garantiza normas jurídicas a los grandes inversionistas sino que además pone a su disposición la soberanía sobre los bienes comunes o bienes naturales en desmedro de las comunidades que habitan el campo colombiano.
De otro lado el Plan Nacional de Desarrollo económico favorece la concentración de la propiedad rural, desconociendo de hecho la necesidad de redistribución de la propiedad de la tierra, elemento esencial para garantizar el uso adecuado y sustentable del suelo, que a su vez sea un factor que permita reducir los costos de producción. Como si fuera poco se pretendió introducir un artículo (60 de la Ley del Plan), que desaparecía la Unidad Agrícola Familiar en beneficio del gran empresariado rural y transnacionales.
Corresponde mencionar que en el marco de las perversidades del plan y modelo de desarrollo los alimentos se han convertido en una mercancía más, dejando a millones de compatriotas sin el derecho fundamental a la alimentación.
Una propuesta para la paz desde el movimiento campesino colombiano
Desde la Mesa Nacional de Unidad Agraria hemos venido impulsando y articulando las diferentes iniciativas del movimiento campesino colombiano y que hoy se materializan en la construcción del mandato nacional agrario, los mercados campesinos de la región centro del país y el proyecto de ley general de tierras, reforma agraria y desarrollo rural integral. Todas ellas constituyen un aporte invaluable a la construcción de la paz con justicia social que garantice una vida digna a los pobladores rurales y en general al pueblo colombiano.
Como lo estableció el mandato nacional agrario realizado en el año 2003 el campo colombiano requiere de profundas trasformaciones sociales, económicas y políticas a través de la puesta en ejecución de políticas públicas y del fortalecimiento de la institucionalidad del sector agropecuario y de apoyo a la economía campesina especialmente, garantizando derechos fundamentales como la vida, libertades democráticas, de organización y un profundo respeto por los derechos humanos siendo la soberanía alimentaria y la autonomía alimentaria uno de los elementos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación del pueblo colombiano, por ello es necesario que el Estado proteja como un derecho fundamental de los colombianos la producción de alimentos sacando la agricultura de todo tratado de libre comercio que signifique competencia desleal y ventajas a las grandes transnacionales que trafican con el derecho a la alimentación. En ese mismo sentido la tierra es un derecho fundamental para las comunidades rurales y se debe garantizar de manera inmediata su acceso rápido tal como lo promueve la constitución colombiana en sus artículos 64,65 y 66; garantizando así que la tierra y los alimentos no se conviertan en una mercancía al mejor postor.
Sin lugar a equívocos el campo colombiano requiere de una profunda reconstrucción y ésta debe girar al rededor del fortalecimiento y apoyo de la economía agropecuaria y agroalimentaria, para ello es necesario garantizar políticas estructurales que garanticen el acceso al crédito a la comercialización, a la educación y formación técnica al desarrollo de infraestructuras, a la producción de semillas nativas, vivienda digna y agua potable como también el derecho universal a la salud a todos los pobladores rurales. Se deberá dar una protección especial al medio ambiente que permita la recuperación de los agros sistemas y ecosistemas promoviendo la producción agroecológica y criando nichos o territorios libres de cultivos transgénicos.
Se debe garantizar una política de concertación con los pequeños y medianos cultivadores de coca, amapola y marihuana cuyo propósito sea la incorporación de estos productores a sistemas legales de industrialización y convenio con el estado para comprar la hoja de coca como su sede en Perú y Bolivia.
Es urgente y necesario para la paz el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferencial, con identidad propia y pluricultural tal como lo reza el Mandato Nacional Agrario garantizando de tal manera los derechos campesinos y campesinas de acuerdo a la carta de los derechos campesinos que cursan las naciones unidas a favor de estos. Así mismo el estado colombiano urge reconocer y ratificar el convenio 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en desarrollo económico y social.
En general la paz debe ser el goce pleno de los derechos sociales, económicos y culturales, para la totalidad de la población colombiana y particularmente para los habitantes del campo de nuestro país solo así se pondrá fin a las múltiples causas y conflictos sociales, económicos y políticos que le dieron origen a la confrontación armada en nuestra nación.
Lectura de la ponencia de la Mesa Nacional de Unidad Agraria ante el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral de Bogotá por parte de Eberto Díaz.