La ruptura parcial de relaciones económicas entre Colombia y Venezuela supone un hecho histórico de condicionalidad política del gobierno bolivariano frente a las arbitrariedades violatorias del derecho internacional del Estado colombiano allende las fronteras, como respuesta al secuestro y deportación ilegal de Rodrigo Granda, miembro de la Comisión Internacional de las FARC-EP. Este hecho, que […]
La ruptura parcial de relaciones económicas entre Colombia y Venezuela supone un hecho histórico de condicionalidad política del gobierno bolivariano frente a las arbitrariedades violatorias del derecho internacional del Estado colombiano allende las fronteras, como respuesta al secuestro y deportación ilegal de Rodrigo Granda, miembro de la Comisión Internacional de las FARC-EP.
Este hecho, que reedita el tristemente célebre Plan Cóndor, complementa otros recientes como la incursión de más de 100 sicarios paramilitares en cercanías de Caracas, la captura y el procedimiento ilegal de extradición de Ecuador a Colombia, y la posterior irregular extradición a Estados Unidos de Simón Trinidad. Pero también la detención ilegal del dirigente campesino exiliado en Venezuela, miembro de la Asociación Campesina de Arauca, Pepe Mosquera, quien fuese torturado y asesinado en la frontera colombo-venezolana el año pasado, presuntamente por grupos paramilitares colombianos.
El uso de paramilitares colombianos en la frontera, así como de curiosas formas de soborno denominadas eufemísticamente recompensas, hacen parte de la tradición de décadas de estrategias encubiertas como recurso de violencia por parte de Estado colombiano. Los «pájaros» y «chulavitas conservadores» de otrora, durante la violencia liberal-conservadora de mediados del siglo pasado, recordados por nuestros padres y abuelos por sus horrendas masacres de campesinos afectos a «limpios y comunes» (liberales y comunistas), cumplían exactamente el mismo papel que cumplen los paramilitares de hoy: aterrorizar, expropiar, desplazar y consolidar intereses económicos.
El paramilitarismo de hoy y el de los pájaros de ayer es fundamentalmente una expresión de terrorismo de Estado y es terrorista como proyecto. El crimen, la masacre, la desaparición, configuran un ritual de muerte y destrucción basado en el miedo, que deshilacha el tejido social y aniquila las resistencias civiles reivindicatorias de derechos.
El paramilitarismo presentado como venganza y «justicia privada» oculta el rostro de sus beneficiarios, de esa minoría que por medio de la más extrema violencia defiende el statu quo. Así, el accionar militar-paramilitar hace parte de una misma estrategia y va más allá de lo estrictamente contrainsurgente, convirtiéndose en un proyecto de terror que posibilita la implementación de un modelo económico neocolonial, neoliberal y globalizador.
No obstante, pareciera ser que esa minoría alentada por los Estados Unidos puede ir más allá de las formas de terrorismo de Estado local para incursionar en otros territorios, generar tensiones en las fronteras, internacionalizar el conflicto colombiano, pasar de enemigos «internos» a externos, pero, eso sí, sin salirse de la «doctrina de la seguridad nacional», renovarse en genocidios cercanos y pasados como el Plan Cóndor, finalmente culminar la metamorfosis de pájaros a cóndores, que para eso la impunidad es nacional y global.
Afortunadamente se asoman luces al final del túnel. Por estos días es grato ver en los noticieros de la televisión española el seguimiento informativo al juicio de un oficial del ejército argentino partícipe de las atrocidades del Plan Cóndor y de la dictadura en Argentina. Se trata de un caso más del denominado por los fiscales progresistas españoles efecto de la bola de nieve.
Se inició todo con una denuncia contra Jorge Videla y los demás responsables de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina en los años 70 y 80. Estos mismos fiscales presentaron una denuncia contra Augusto Pinochet que terminó deteniéndolo temporalmente en Londres, después se logró la detención del capitán argentino Ricardo Cavallo en México y se logró encarcelar de por vida a criminales de guerra del Cono Sur en sus respectivos países.
Alcanzó la bola de nieve a Adolfo Scilingo, capitán argentino, quien en un ataque de remordimiento de conciencia compareció ante un juez del Estado de derecho español confesando ser autor de 30 asesinatos, sin tener en cuenta que podría terminar en la cárcel.
El caso Scilingo se da porque se trata de crímenes internacionales de lesa humanidad, cuyos autores son «enemigos de la humanidad», a quienes todos los Estados tienen el deber de perseguir. También porque las víctimas tienen derecho a la tutela judicial, que cuando se les niega el derecho a la justicia en los lugares del crimen, pueden ejercer este derecho en cualquier otra parte del mundo. Y además, porque de todos los posibles tribunales del mundo, los españoles estaban obligados a ejercer su jurisdicción ya que España tiene el triste record de tener 600 víctimas del Plan Cóndor en Argentina y Chile.
Según datos oficiales del ejército argentino, los «grupos subversivos» habían asesinado a 700 personas. Con el pretexto de responder a esa agresión los militares secuestraron, encarcelaron, torturaron y asesinaron a más de 30 mil ciudadanos inocentes. Se deshicieron de miles de cuerpos incinerándolos, enterrándolos en fosas clandestinas y arrojándolos vivos al mar desde aviones militares, como lo hizo el propio capitán Scilingo en 17 ocasiones.
Los subversivos habían sido prácticamente exterminados cuando se produjo el golpe de estado. Entonces, ¿quiénes eran las víctimas? Aquellos que fueron considerados por sus victimarios «enemigos del alma argentina».
Cuando se decide «depurar» a una nación eliminando masiva pero selectivamente a 30 mil de los mejores obreros, profesores, abogados, periodistas, artistas, sindicalistas y estudiantes considerados «guerrilleros» o «terroristas» porque estaban comprometidos con la sociedad en que vivían para mejorarla, entonces se destruye a un grupo como tal, eliminando su cabeza. Eso es un genocidio.
El resultado final fue la quiebra política, social y moral de la sociedad argentina, que apenas se empieza a recuperar de la pérdida de una generación de desaparecidos, gracias al empecinamiento de un grupo de abuelas, madres, hijos y nietos que persisten en establecer la verdad y ejercer el derecho a la justicia y la dignidad. La oligarquía colombiana debe verse en este espejo, reconocer el genocidio político practicado contra la Unión Patriótica y repensar su intención de convertirse en los nuevos cóndores latinoamericanos.
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