En los últimos cuatro años se registran 18 desapariciones forzadas, 126 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, 560 agresiones individuales, 532 asesinatos y 2.374 amenazas, 305 atentados, 171 detenciones arbitrarias. En el año 2017 se registran: 126 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, 560 agresiones individuales. En los 64 días del año […]
En los últimos cuatro años se registran 18 desapariciones forzadas, 126 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, 560 agresiones individuales, 532 asesinatos y 2.374 amenazas, 305 atentados, 171 detenciones arbitrarias. En el año 2017 se registran: 126 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, 560 agresiones individuales. En los 64 días del año 2018 han sido asesinados 14 dirigentes sociales y llegan a decenas las amenazas.
Esto, en un proceso de implementación de Acuerdos con las FARC y un diálogo, suspendido, con el ELN. Pero ese ambiente, que en la Comunidad Internacional ven como muy positivo, no es el clima que estamos viviendo en Colombia. De varios procesos acordados en más de 30 países, Colombia es el primero en que la implementación se desarrolla en elecciones de Congreso y Presidente de la República y las mentiras abundan, la insensatez es asunto de cada día y las agresiones violentas empezaron con un huevo y están llegando a artefactos más contundentes.
En varios países de América Latina, escenario priorizado para el extractivismo, se ha asesinado a muchos de los defensores de la vida, de la naturaleza y de los derechos humanos. En la USO, por su posición de defensa de los trabajadores, en varias negociaciones de pliegos de peticiones y a las puertas de iniciar negociaciones con la administración de Ecopetrol, las amenazas han seguido aumentando, los despidos se cuentan por cientos y la represión aumenta. No es una sorpresa que estos hechos aumentos en etapa de preacuerdos convencionales, lo que preocupa es que sigan aumentando en la etapa de un «posconflicto» con una de las organizaciones guerrilleras.
Ayer, en horas de la madrugada, fueron amenazados Elkin Yesid Sánchez Gutiérrez, secretario de derechos humanos y Edixon Tores, vicepresidente, ambos de la subdirectiva de la USO Tauramena, Departamento de Casanare. La amenaza se da mediante panfleto que fue dejado en el carro que utiliza Elkin para ir a su trabajo diario. Allí dice que «…se va a morir malparido al igual que el Hp del edixon torres….». La Unidad Nacional de Protección del Ministerios del Interior, «había aprobado para esta subdirectiva un esquema de seguridad que nunca llegó…».
También en San Martín, César, fue amenazado Fredy Pacheco Ramos, supervisor de Ecopetrol de los campos de San Roque y Pispirama, quien participó en protesta social en el año 2016 y al que le corresponde, por su cargo, saber de hurtos al interior del campo.
En las amenazas telefónicas le dicen que tiene «…dos días para que se vaya de San Martin si no le va mal…», que saben en qué carro se mueve, lugar de residencia y sitio de trabajo. Las amenazas viene recibiéndolas desde el pasado 23 de febrero.
Seguimos insistiendo ante el Gobierno nacional, el Estado colombiano, para que de cumplimiento a las medidas cautelares para los afiliados a la USO, aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su reunión realizada en Bogotá la semana pasada manifestó que le preocupaba el asesinato de líderes sociales en Colombia.
Unión sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)
Comisión de Paz y Derechos Humanos