En un mes plagado de historia política, manifestaciones inéditas se están desarrollando en las calles de Chile. Lo que comenzó como evasiones masivas (no pago de pasaje) de estudiantes secundarios en el Metro de la capital se ha tornado en una rebelión popular, sometida a una respuesta represiva que tiene en la calle a los […]
En un mes plagado de historia política, manifestaciones inéditas se están desarrollando en las calles de Chile. Lo que comenzó como evasiones masivas (no pago de pasaje) de estudiantes secundarios en el Metro de la capital se ha tornado en una rebelión popular, sometida a una respuesta represiva que tiene en la calle a los militares por primera vez desde el fin de la dictadura. Sin una salida política clara, a diferencia del reciente estallido en Ecuador, el transcurso del movimiento es incierto. Las siguientes líneas son un esbozo parcial y fragmentado de lo que estamos viviendo en el país, con el ánimo de sistematizar algunos de los rasgos que caracterizan la coyuntura.
Acto #1: «Evadir, no pagar / otra forma de luchar«
Casi todos los grandes estallidos sociales postdictadura han sido gatillados por el movimiento estudiantil secundario. No es casual que el presente Gobierno y la municipalidad de Santiago (centro de la capital del país) vengan librando una guerra contra las y los jóvenes, sometiéndolos a estados de guerra, con la policía militarizada custodiando/provocando Liceos, tras la instalación de la Ley Aula Segura para facilitar las expulsiones de estudiantes sin debido proceso. Bajo ese asedio militar-institucional de hace varias semanas, las y los jóvenes comenzaron a impulsar las «evasiones masivas»: ingreso simultáneo de decenas de ellos a una estación del metro subterráneo para sobrepasar a los guardias y evitar el pago del pasaje (por cierto, la tarifa reducida para estudiantes demostraba que el problema no era pagar, sino un reflejo de algo más profundo).
El 7 de octubre vendría la gota que rebalsó el vaso: el «panel de expertos» que el sistema de transportes de la capital dispone para la definición de la tarifa, determinó subirla hasta 830 pesos (1.15 dólares). El sueldo mínimo es de 301.000 pesos (418 dólares), lo que significa que el traslado desde el hogar al trabajo, para una persona, puede llegar a significar más del 12% del ingreso mensual familiar o más. Para una población ahogada en deudas y sometida a un alto costo de la vida, con todos los servicios básicos mercantilizados, una nueva alza del pasaje fue como una bofetada más, que esta vez no se toleraría.
Él hasta ahora impoluto Metro de Santiago empezó a ver cómo se sumaban decenas de adultos a los estudiantes al momento de evadir los pasajes. En una escalada inédita, se generaban zonas «libres de pago» donde pasaban cientos de pasajeros sin pagar, incluso con expresiones más violentas de rotura de los torniquetes y los dispositivos electrónicos de pago. Frente a esto, la policía uniformada (Carabineros, o «pacos») empezó a resguardar los accesos para evitar el ingreso masivo de secundarios; como estos se movían a otra estación, la policía sucesivamente aumentaba el número de estaciones cerradas, y así, de súbito, el viernes 18 de octubre la capital estaba colapsada. El llamado «basta de abusos» comenzó a tomarse las comunicaciones y pronto llegó la convocatoria a un «cacerolazo» a las 20:00 horas, forma de manifestación propia de la dictadura que el movimiento estudiantil reflotó el año 2011.
La noche del viernes se realizaron los caceroleos más masivos que se hayan visto en las últimas cuatro décadas. Sin una convocatoria centralizada ni una cara visible que condujera, simplemente como vecinos y vecinas salimos a nuestras esquinas a golpear nuestras ollas y sartenes en repudio a la represión masiva que se estaba generando y en apoyo a la protesta social. El volumen de la movilización adquirió tal dimensión, que el Ejecutivo decretó Estado de Emergencia a la medianoche. Los militares se harían cargo del orden público (Agamben tenía razón).
Interludio: «No son 30 pesos, son 30 años»
Si bien es indudable que el descontento por el alza en la tarifa de transportes capitalino fue la chispa que encendió la llama, la búsqueda de explicaciones no tardó en arribar al puerto de la desigualdad y los abusos. Los rasgos del Chile actual son propios de un capitalismo neoliberal de casi más de 40 años ininterrumpidos de implementación. A diferencia del resto de América Latina, que lo vio venir sobre todo en los 1990, la dictadura comenzó a aplicar el recetario neoliberal tempranamente, hacia 1974, dando carne a lo que más tarde se conocería como «doctrina del shock». De ahí en más, también a diferencia de la región, que tuvo varios episodios de neodesarrollismo, la propia dictadura y los siete períodos gubernamentales sucesivos, cinco de la socialdemocracia (Concertación y Nueva Mayoría) y dos de la derecha, dieron continuidad al recetario. Aquí siempre se ha oscilado entre dos ironías: o la derecha gobernó con las ideas de la Concertación, o la Concertación con las ideas de la derecha. La connivencia de los dos principales conglomerados partidarios ha sido intensa en la implementación de una agenda de profundización neoliberal. Esta agenda construye «soluciones neoliberales», es decir, frente a las constantes y cada vez más seguidas, muestras de descontento, ha reciclado las demandas de estos movimientos en medidas que han terminado profundizando más el modelo, en base a bonos, subsidios a privados, mayor flexibilización y , por supuesto, privatización. Pan para hoy y hambre para mañana. Las Aseguradoras de Fondos de Pensiones, AFPs, son la mejor muestra: pese a la aspiración popular por acabar con este sistema de capitalización privada de las pensiones, que llegó a sacar a un millón de personas a la calle, la bicoalición ha cerrado filas en torno a mantener las AFPs y sostener el sistema actual. Incluso se desliza la idea de devolver parte de los fondos en casos excepcionales (enfermedad por ejemplo), fortaleciendo así el pilar ideológico del modelo.
Similar situación ocurre con la educación. Las reformas por el mayor acceso y cobertura, han dado paso a la profunda privatización y estandarización del sistema educativo. Las reformas en la salud han implicado la proliferación de sistema de prestaciones privadas y un acelerado deterioro del sistema público. Lo mismo ocurrió con el transporte público, que a través del discurso de la modernización, ingresó incluso a los bancos para especular con el dinero del pasaje. Los empresarios de la previsión, de la educación, de la salud y del transporte, son los mismos, son ávidos de ganancias, delincuentes de cuello y corbata. Son ellos los artífices de la indignación popular.
Pese a este cuadro, transversalmente se reconoce la incapacidad de prever el estallido. Nadie se lo esperaba. La metáfora de la olla a presión que de súbito explota y lo desborda todo es atinada para la presente coyuntura. Pese a que varios autores han reconocido la existencia de «fisuras» de este neoliberalismo, es decir, un agotamiento del modelo que se expresa en múltiples frentes de crisis y sus respectivas demandas sociales, se reconocía comocontracara el carácter anómico y apático de la población chilena, su acostumbramiento a este estado de cosas, su disposición a resolverlo de manera individual a través del sistema crediticio. Exceptuando a la juventud, sobre todo aquella que no necesariamente es parte de la renovación de la clase política, y quehabía podido canalizar diversas exigencias, se tenía la imagen del chileno como dormido, incapaz de reaccionar. No por nada hace tan solo pocos días Piñera se había atrevido a afirmar que Chile era un «oasis» en Latinoamérica, en comparación con la crisis ecuatoriana. La jactancia le explotó en la cara como una granada.
Por eso, como titulamos, se dicen «30 años», aunque habría que decir 40: de 1980 inclusive a la fecha, se ha constituido una sensación de abuso sostenido en variados aspectos de la vida, desdealgunosmás sentidos y propios de la subsistencia, como el salario, el costo de la vivienda o el acceso a la salud, a cuestiones suntuarias como las
condiciones de endeudamiento o la entrada para ver un partido de fútbol.
Acto #2: «Estamos en guerra»
Como decíamos, la misma noche del viernes 18 de octubre Piñera decreta Estado de Emergencia Constitucional. Este solo se había establecido después de la dictadura en el contexto del caos de abastecimiento que vivió el sur del país después del terremoto y tsunami de 2010. Es decir, primera vez que en «democracia» invoca un estado de emergencia para controlar la protesta social. Dicha medida significa que el control del orden público se deja en manos de efectivos militares, a través de la designación de un «jefe de defensa nacional».
La tarde del sábado 19 de octubre, el gobierno, luego de casi 24 horas centrando sus declaraciones en la crítica al accionar «vandálico» de los manifestantes, ofrece una cadena nacional en la que el presidente señala que ha «escuchado la voz de los compatriotas» y que enviará un proyecto de ley urgente para permitir congelar el alza de la tarifa del Metro. Esto es, la única demanda visible del descontento social se resuelve rápidamente. A esta se suman medidas irrelevantes, como la apertura de diálogo con los «ciudadanos», sin definir quiénes ni cómo. No obstante, tras cartón, el general a cargo decreta toque de queda para las 22:00 horas en la capital, medida que comenzó a replicarse como un efecto dominó en el resto del país, hoy ya son 10 de las 15 regiones del país. Las primeras imágenes de militares apuntando con sus armas de guerra y deteniendo salvajemente llegaron del indomable puerto de Valparaíso, ya incluso mostrado por la televisión. Pese a la restricción de desplazamiento, la gente no se amedrentó. Por el contrario, la disposición fue de enfrentar a la policía y las fuerzas armadas y desafiar el toque de queda con su presencia en las calles. Al mismo tiempo, del caceroleo y las concentraciones en espacios públicos, emergen los saqueos, principalmente a tiendas de supermercados (que pertenecen a tres grupos empresariales: la potencia chileno-regional Cenconsud, la estadounidense Walmart y la nacional del empresario Saieh) y otras de retail, al igual como ocurrió en el sur en 2010 tras el terremoto y tsunami. Las turbas que sacan los productos lo hacen sin presencia policial, en ocasiones llevándoselos en automóviles (¿Qué está ocurriendo que los saqueos se realizan impunemente?, se pregunta la gente.) Durante el domingo 20 de octubre, las protestas siguen con una masividad inesperada, al igual que los saqueos, que se hacen a plena luz del día. En la noche, Piñera, rodeado de militares, declara: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite»».
Comienza la estrategia comunicacional: los buenos y los malos, los inocentes y los villanos, los ciudadanos y los vándalos. La misma teoría del enemigo interno con que se entrenaron las fuerzas armadas chilena desde los 1950 y aplicaron desde 1973 en adelante; la misma teoría que justifica la militarización del territorio mapuche y la represión sobre el movimiento secundario, se desenfunda ahora para fundamentar el despliegue policíaco-militar sobre las ciudades del país. Los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, juegan un papel fundamental mediante la visibilización incesante de todo aquello que parezca violencia, desmán, descontrol, vandalismo. El manual periodístico indica que todo lo extremo, polémico y escandaloso merece máxima atención, por sobre las explicaciones profundas del malestar social o la denuncia de la violencia uniformada, y la televisión chilena lo aplica a rajatabla. El fin de semana se sucedieron los llamados a paro nacional para el lunes 21 de octubre. Con el funcionamiento acotado del sistema de transporte, y todas las clases de escolares y universitarios suspendidas, ese día fue lo más parecido a una huelga nacional en décadas, menos por el boicot de los trabajadores que por la mera imposibilidad de trasladarse para ir a trabajar. El ruido de las cacerolas seguía sin amainar, los saqueos continuaban y se agregó la paranoia del desabastecimiento, que llevó a miles de personas a agolparse en la red de pequeños almacenes y ferias libres que se multiplican por las ciudades para comprar víveres por sobre las necesidades inmediatas. Pronto los locatarios y comerciantes llamaron a la calma: no faltan productos, tenemos mercadería, tranquilícense. Con ironía, la población recordaba el mito que recorrió las elecciones presidenciales, en que la derecha acusaba que si Piñera no salía electo, Chile sería la nueva Venezuela: Chilezuela. Al contrario, el caos llegó con la derecha en el poder.
Acto #3: ¿un nuevo orden social?
La declaración de guerra del presidente levantó con fuerza una tesis que circula entre los chilenos: que el caos está siendo fomentado adrede. En síntesis, esta visión plantea que el gobierno favoreció los saqueos y el desbande lumpen, para justificar después la militarización del espacio público. Por ejemplo, se menciona que el viernes y sábados las estaciones de Metro incendiadas no contaban con resguardo policial, pese a que era previsible que ocurriera. Más grave aún, circulan videos donde se observan funcionarios policiales o militares produciendo incendios, robando mercadería o como infiltrados gestando desmanes, a modo de instigación de la violencia. La tesis continúa con que la emergencia del lumpen favorece la noción de «unión entre los chilenos» contra un enemigo común, la delincuencia, y confunde a propósito, al tiempo que invisibiliza, las multifacéticas expresiones de organización popular. Así la represión policíaco-militar podría actuar incluso con respaldo de la población, quien ve como una «necesidad» su accionar, el toque de queda y las medidas de esa índole.
Sea cual sea la hipótesis más certera, el desarrollo de las manifestaciones ha demostrado una alta disposición de enfrentamiento de un sector de la población chilena contra las fuerzas policiales e incluso militares.
Se entiende que no estamos bajo el riesgo de una asonada militar y una escalada asesina como la que vivió el país hace 46 años, por lo que la gente, en especial la juventud, se anima a desafiar el toque de queda, a movilizarse a los centros de las ciudades y a enfrentarse -con expresiones incluso violentas- a los uniformados. Esto no quita que el resultado ha sido una feroz represión: un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos emitido durante el martes 21 indicaba más de 1.600 personas detenidas por los disturbios y 123 heridos por armas de fuego, y se maneja la cifra de 18 asesinados por fuerzas armadas o policías. Está claro que todos los números están a la baja de lo que efectivamente está pasando, en tanto las denuncias por disparos de militares y de civiles armados se multiplican. La verdadera cara de la violencia uniformada apenas se está asomando.
Otro rasgo distintivo del alzamiento es la ausencia de los partidos y las organizaciones sociales. En general, la expresión ha sido fundamentalmente territorial, como una sumatoria de individuos con escaso arraigo entre sí salvo su lugar de residencia. Aunque no han sido pocas las organizaciones sociales que han llamado a continuar manifestándose, ellas no fueron las que convocaron las primeras movilizaciones, y su continuidad no depende de sus llamados. El rechazo a la política tradicional cunde, aunque tampoco se refleja en organización comunitaria o popular; no al menos antes que esto empezara, aunque es de esperar que sí sea un resultado de esta bullente coyuntura. Por lo pronto, un grupo de ONGs de corte asistencialista están llamando a un «nuevo orden social»; una especie de revalidación del supuesto contrato social que le da gobernabilidad al país. A diferencia de esta nostalgia por los pactos transicionales, otro conglomerado de organizaciones sociales, la Mesa de Unidad Social, levantada como una forma de reunir el rechazo al gobierno de Piñera, convoca a una huelga general para este miércoles 23 de octubre en caso de mantenerse el estado de emergencia y la presencia militar en las calles. La Unión Portuaria, uno de los sindicatos más fuertes del país, había llamado a paralizar el lunes 21 y levantó las mismas condiciones. Ambos coinciden en la conformación de una Asamblea Constituyente. En tanto, la oposición política parlamentaria ha confirmado la incapacidad de conducción ya conocida durante el gobierno de Piñera, además sin unidad, algunos partidos se han reunido con Piñera, otros han ido a presentar cartas al palacio de gobierno, otros se han restado.
Como se observa, hay carencia de una conducción política del estallido social, así como una inexistencia de demandas claras que viabilicen una salida, aunque abundan en las múltiples declaraciones de organizaciones sociales alusiones a los temas de fondo: otro sistema de jubilaciones, reducción del costo del transporte, reconstruir la salud y la educación pública, nacionalizar los recursos naturales, terminar con el robo del agua, terminar el robo de tierras a los pueblos originarios, detener la destrucción ecológica que se expresa en las zonas de sacrificio, congelamiento de todas las tarifas de necesidades básicas, regulación de precios de bienes y servicios básicos (medicamentos entre estos), congelamiento de los intereses de las deudas y del sistema financiero (vivienda incluido), convocatoria a proceso social constituyente por una nueva Constitución, anulación de ley de pesca, etc. Es decir, cambiar el modelo.
La respuesta y escalada represiva del estado de excepción, y el miedo frente a la amenaza del desabastecimiento dejan el futuro de la movilización en la incertidumbre. Sin embargo hay un olor que se respira en el aire más fuerte que el gas lacrimógeno, las personas quieren algunos pisos mínimos: fuera los militares de las calles, aclaración de las muertes ocurridas, juzgar a los asesinos, aclaración de la participación de policías y militares en saqueos e incendios. Hecho esto, ¡fuera Piñera! Por favor atrás el neoliberalismo, ¡que nada siga igual!
OBSERVATORIO CHILENO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS OPECH Universidad de Chile
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