Nati Camacho (75 años) habla conmocionada frente a un grupo de personas reunido en la Puerta del Sol. Con un abrigo negro hasta los pies para protegerse del frío, tiene entre las manos la ficha policial de cuando la llevaron por primera vez a la Dirección General de Seguridad (DGS), que en esos años se encontraba en la Real Casa de Correos.
Camacho, sin embargo, lo recuerda como “el palacio del terror franquista”. “Fue en 1963, yo tenía 25 años. Estaba embarazada de tres meses. Por esto se me ve tan guapa en la foto, a pesar de estar muerta de miedo y llena de rabia”, afirma.
De su primera estancia en los calabozos del edificio recuerda los olores “indescriptibles”, los platos y cucharas sucios con los que era imposible comer y las mantas llenas de fluidos, además de la luz permanentemente encendida, para impedirle dormir. Volvió varias veces a esos sótanos a causa de la actividad sindical que llevaba a cabo en la fábrica textil donde trabajaba desde que tenía 14 años. “Pero era importante mantener la solidaridad entre compañeros. El compromiso para luchar contra una dictadura tan larga y terrible”, explica.
El mismo compromiso sigue vivo medio siglo después de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia. Ahora el objetivo es recordar una parte de la historia poco conocida por la que volvieron a pedir el pasado mes de febrero que se coloque una placa en la fachada de la Real Casa de Correos que recuerde su pasado como Dirección General de Seguridad.
“Lo que pedimos es corregir una anomalía europea”, afirma Willy Meyer (70 años), exdiputado del Parlamento Europeo y que también pasó por los calabozos de la DGS en los años setenta. “En todas las capitales que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación. Pero este es el único lugar donde no hay un recuerdo de los miles de hombres y mujeres que se resistieron a la dictadura”, añade.
Durante su detención, Meyer fue interrogado por el torturador Antonio González Pacheco, conocido como ‘Billy el Niño’, que llegó incluso a fingir ejecutarlo con una pistola que no estaba cargada. “Me dijo que o hablaba o me mataba. Apuntó el arma y me disparó en la espalda. Pero ni en ese momento delaté a mis compañeros”.
La actual sede de la Comunidad de Madrid, el mismo edificio cuyo reloj muestra la llegada del nuevo año, ha sido el escenario de miles de historias como la de Meyer, Camacho y García: estudiantes, militantes de partidos clandestinos y activistas que han pasado por sus sótanos, acusados casi siempre de “asociación ilícita y propaganda ilegal”. “Era el cargo que usaban para todo el mundo. Una excusa para torturar y sacar información a quien se atrevía a contestar el régimen”, recuerda Rosa García, portavoz de la Federación Estatal Foro por la Memoria.
Con 18 años, García pasó una semana en los calabozos de la DGS. La detuvieron una noche del ‘75 por pertenecer a una asociación estudiantil de la facultad de medicina, donde estudiaba. Su familia no supo nada de ella hasta que la llevaron a la cárcel de Yeserías, y allí se quedó hasta la muerte de Franco, cuando le dieron la libertad condicional. “Me escapé de Madrid, vivía con el miedo de que pudiera volver a pasar”, explica García, que volvió a su ciudad natal unos años después. Nunca terminó la carrera de medicina, la clandestinidad se lo impidió: “Mis prioridades ya eran otras”.
Fue justamente durante la Transición cuando se perdió memoria de los horrores que tuvieron lugar en uno de los edificios más conocidos de España. “Durante la dictadura la mayor parte de la gente sabía lo que ocurría ahí. Otra cosa es que no se podía decir o no se podía hacer nada al respecto, aunque hubo intentos de denunciarlo a las autoridades internacionales. Pero después de la muerte de Franco el edificio se ha ido institucionalizando, y esto ha comportado que el pasado cayera en el olvido”, explica Gutamaro Gómez Bravo, profesor de Historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.
“En los años 80 se consideraba un pasado muy incómodo. Hubo un fallido golpe de Estado y el poder político pensó que era mejor no tensar las relaciones con el Ejército, que al final era quien gestionaba las tareas de la Dirección General de Seguridad”, continúa Gómez Bravo.
De hecho, la mayoría de los directores de la DGS fueron militares o miembros de Falange. Es el caso de Carlos Arias Navarro (1957-1965), conocido como ‘el carnicerito’ de Málaga por la forma violenta con la que suprimió la resistencia en esta ciudad, y que ostentaba el cargo de presidente del Gobierno cuando murió el dictador. O de Rafael Hierro Martínez (1951-1957), durante cuyo mandato murió asesinado en los calabozos de Sol Tomás Centeno, presidente del sindicato UGT y miembro de la ejecutiva del PSOE en la clandestinidad.
Lugar de memoria
Miles de turistas pasan a diario por la Puerta del Sol. Se hacen fotos con la placa del kilómetro cero o miran las tres inscripciones que recuerdan otros tantos acontecimientos históricos: la sublevación contra el Ejército francés del 2 de mayo de 1908; los atentados de Atocha y la pandemia de la covid-19. “Ninguno de estos eventos, por muy importantes que fueran para la ciudad, tuvieron lugar en la Puerta del Sol. Lo que sí pasó fueron los bombardeos durante la Guerra Civil, así como las torturas en los calabozos de la DGS en los años siguientes. Pero se ve que a alguien le parece feo poner una placa que recuerde esta parte de la historia de la ciudad”, denuncia Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Desde hace décadas, intentan colocar una placa en recuerdo de todas las personas detenidas, encarceladas, torturadas y asesinadas durante la dictadura franquista, como la que el Foro por la Memoria ha pegado de forma efímera este jueves en la fachada del edificio. La última solicitud se remonta a enero del 2022, y, como las anteriores, fue denegada. También los partidos políticos de izquierda han intentado en más de una ocasión obtener este reconocimiento en la Asamblea, chocándose siempre con la negativa del Partido Popular y las otras agrupaciones políticas de derecha.
Toda la esperanza reside en la Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado octubre. “Si la Comunidad no nos permite colocar una placa, apelaremos al Gobierno central para que al menos reconozca la Casa de Correos como lugar de memoria”, explica Silva. Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática garantiza a este periódico que ya se está contemplando su inclusión en la lista de lugares de Memoria.
“Mientras me queden fuerzas, voy a seguir luchando para que se sepa lo que pasó aquí durante esos años”, garantiza Camacho, mientras posa con su ficha policial cerca de la placa que sus compañeros acaban de pegar. “Creo que los madrileños entienden la importancia de este gesto. O al menos, me gusta pensarlo”.