El 8 de marzo de 1925 se inauguró la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales en el Teatro Municipal de Santiago, conocida como la Constituyente Chica. En este espacio, trabajadores, profesionales, estudiantes e intelectuales, buscaron redactar principios constitucionales que sirvieran como base para una supuesta discusión que se abriría para la «Constituyente Grande» que se […]
El 8 de marzo de 1925 se inauguró la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales en el Teatro Municipal de Santiago, conocida como la Constituyente Chica. En este espacio, trabajadores, profesionales, estudiantes e intelectuales, buscaron redactar principios constitucionales que sirvieran como base para una supuesta discusión que se abriría para la «Constituyente Grande» que se esperaba. De aquí la historia parece de manual: Alessandri pese a señalar en un principio que la Asamblea Constituyente le parecía necesaria, terminó trabajando en comisiones restringidas de un pequeño y selecto grupo de «hombres notables» que tomó las decisiones y realizó la redacción, que luego se plebiscitó sin Asamblea Constituyente mediante. Este ha sido -hasta ahora- el proceso de elaboración constitucional con mayor activación de fuerzas populares y democráticas, no obstante, sin los resultados esperados.
Una Constitución no sólo se refiere a las normas que dan fundamento al conjunto del ordenamiento jurídico de una sociedad, sino que, sin duda, es también la cristalización de las correlaciones de fuerzas sociales y políticas, y por tanto de la expresión de la voluntad hegemónica de un período determinado. Por ende, su vigencia está sujeta a estas condiciones generales de fuerza existentes en la sociedad que rige.
Las experiencias constitucionales tanto de Chile como a nivel internacional, nos muestran que un proceso constituyente -democrático o no- se abre cuando existen cambios en las correlaciones de fuerzas, y por tanto situaciones de tensión social, económica, política y cultural que el ordenamiento institucional constituido es incapaz de canalizar por las vías existentes.
Por ende hay, en términos generales, dos pre-condiciones: 1) Factores de agotamiento institucional, y 2) La existencia de fuerza(s) social y política con voluntad y capacidad de dar una salida a la situación. Esta segunda variable, nos invita a centrarnos en los actores, sus capacidades, y relaciones entre sí, ya que no sólo nos abre a la posibilidad de que procesos con aperturas transformadoras terminen siendo de ajuste o restauración de la dominación anterior, sino que fundamentalmente pone el foco de responsabilidad de los actores que buscan disputar el tipo de proyecto nacional que marque la hoja de ruta del país para los años venideros.
En este sentido, en las próximas líneas intentaremos articular algunos ejes de lo que estimamos, es una contribución al qué hacer que debiéramos impulsar las fuerzas que en este periodo buscamos terminar con el neoliberalismo y la democracia restringida, partiendo de la necesidad de superar las lecturas sesgadas, que sitúan los desenlaces de los procesos constituyentes como producto de las «traiciones» de las clases dominantes – apuntando a Alessandri Palma por una redacción en desmedro del esfuerzo de la Constituyente Chica o a Michelle Bachelet por el posible desenlace del proceso constituyente actual que, en términos oficiales, está definido por una etapa participativa testimonial, por el control de un parlamento deslegitimado y roído por los escándalos de corrupción-, adjudicando los desenlaces antidemocráticos como responsabilidad exclusiva de la élite política y de los grupos empresariales que en esta se amparan.
Lo que queremos afirmar, es que nuestro problema central no está radicado sólo en el poder de las fuerzas anti-democráticas que dirigen el país, ni en el carácter del proceso constituyente oficial, sino en la necesidad de desarrollar las capacidades de las fuerzas democráticas y populares con tal de generar correlaciones de fuerzas más favorables, para un desenlace que exprese conquistas y avances. No son sus fortalezas y faltas, sino que nuestras debilidades y posibilidades, el foco de atención hoy.
Esto no elude en ningún caso, la necesidad de develar permanentemente los límites de este proceso, ni el carácter del gobierno de la Nueva Mayoría, pero invita a superar una actitud meramente contestataria, para concentrarnos en constituirnos como fuerzas y alternativa de transformación efectiva.
Las oportunidades y desafíos del proceso constituyente
Pese a que para el debate público nacional la cuestión constituyente pareciera irrumpir estos últimos años, esta es una demanda y problemática de larguísima data tanto en nuestro país como en el mundo. El concepto de poder constituyente originario, marca uno de los fundamentos centrales del inicio de la época moderna de la mano de las revoluciones burguesas inglesa, francesa y estadounidense, y los procesos de independencia latinoamericanos, que rompen, en términos formales, con la concepción de un poder radicado en una divinidad o linaje para imponer que este tenía su origen en la soberanía popular de las mayorías. De todos modos, con la consolidación del dominio político de las nuevas clases dirigentes y con el perfeccionamiento de los sistemas políticos representativos de raigambre liberal el debate se complejiza, de manera que la soberanía popular queda reducida, por medio de múltiples mediaciones, a ejercicios democráticos de baja intensidad y a una creciente independencia de las élites políticas de las mayorías sociales.
Así, uno de los principales argumentos críticos de la Constitución Política de 1980 ha sido, en parte importante, por su origen – diametralmente opuesto a cualquier noción de soberanía popular – pero más, durante la última década, por el aumento de la identificación en distintos sectores del país de sus consecuencias sobre la vida política, económica y social del país.
De esta forma, la apertura masiva de la discusión y posibilidad de cambio de la Constitución Política de 1980, logra instalarse en la medida que se articula dicha necesidad con el proceso de ascenso de la movilización social y su interrelación con la crisis de legitimidad – acentuada escándalo tras escándalo – en la que hoy, no solo se encuentra sumida la élite política y sus principales instituciones, sino también la alta jerarquía eclesiástica y buena parte del gran empresariado y sus organizaciones gremiales. Y es en esta dinámica, de movilización social por un lado y de deslegitimación por el otro, que se desarrolla el proceso constituyente en sentido amplio en Chile – expresado en estos momentos en la impugnación al orden constitucional realizado por algunos sectores de la sociedad -, el cual es pertinente de distinguir del proceso constituyente oficial, acotado al itinerario y metodología presentada por el gobierno hace unos días.
Es decir, una de las orientaciones ha de consistir en el rebasamiento del proceso constituyente en un sentido restringido, a favor de un proceso constituyente en sentido amplio, que profundice la impugnación al orden constitucional vigente y que exprese alternativas, desde las mayorías trabajadoras y populares, para su superación definitiva.
Dicho esto, el proceso constituyente, puede o no terminar con una Nueva Constitución sustantivamente diferente a la anterior, puede o no ser refundacional, puede o no ser un avance democrático, y puede o no incorporar a las grandes mayorías de un país en su elaboración. Pero sí, un proceso constituyente es siempre una lucha política. Y en Chile, hoy se presenta como la lucha política más relevante, dado que, desde la perspectiva de las fuerzas transformadoras, representa uno de los límites más altos de las demandas con potencial de ruptura y superación del orden del neoliberalismo y la democracia restringida.
Esta lucha política, es primero importante señalar, no es un escenario que abre la elite política y económica -al contrario, buscaron que no se abriera y hoy buscan que se cierre-, pero es a su vez un escenario que aún tiene variables de control desde quienes -obviamente- tienen mayores niveles de fuerza. Segundo, no es una lucha corta, y contará con varias etapas de desarrollo que a las fuerzas transformadoras pueden ofrecerles algunas oportunidades: construir programa, proyecto y alternativa efectiva.
Un proceso constituyente para darse con el sello democrático que esperamos, tiene como cimiento la existencia de fuerza social organizada que empuje dicho cambio, y que se encuentre articulada además en torno a un proyecto nacional distinto al existente. De esto hay gérmenes, por cierto, pero nos queda largo camino. Frente a todo lo que nos falta, una posibilidad es restarse, y por la carencia de condiciones, pregonar que solo nos espera una derrota que implicará ajuste o un restablecimiento pleno del orden. Pero, esto es negar que no es sino en la lucha política donde se acumula fuerza social organizada, y por tanto es en esta misma disputa en la que se da la posibilidad de avanzar en lo que necesitamos.
Los que van perdiendo usualmente no eligen el campo de batalla, pero un nuevo combate es una nueva oportunidad. Acá tenemos un escenario que no hemos elegido, pero que la movilización social ha contribuido a abrir, y en el cual debemos dar la pelea. El asunto es cual y cómo. Porque el escenario cerrado, no está.
Proceso constituyente en un sentido restringido: Los Cabildos, el Parlamento y las Elecciones del 2017
El proceso constituyente oficial, al no contemplar la voluntad política de celebrar una Asamblea Constituyente, tiene limitantes para cualquier proceso verdaderamente democrático. Pero, pese a lo anterior, debemos ser capaces de identificar los hitos claves en los cuales debemos desplegar esfuerzos, ya que hay disputas abiertas. Estos hitos son tres: 1) Los Cabildos, 2) La habilitación del próximo Congreso para que defina el procedimiento y 3) Las Elecciones parlamentarias del 2017.
Estos tres momentos deben ser enfrentados procurando elevar las capacidades de incidencia de los sectores democráticos, lo que no se refiere tanto a la posibilidad de condicionar el documento final de propuesta constitucional que llegará a las manos de la Presidenta de la República, sino más en la generación de articulaciones y movimientos que sirvan al fortalecimiento de los sectores que aspiran al rebasamiento procedimental y programático del proceso. Dicho de otra manera, el mérito consistirá en actuar sobre una frontera difusa que va desde los alcances formales del proceso constituyente oficial hasta la convergencia político – social de las fuerzas transformadoras y los repertorios del movimiento social.
Aquello sólo se logra en la medida que las fuerzas democráticas logremos enraizar las necesidades constituyentes en los sectores movilizados de la sociedad chilena. Dos debieran ser los ejes principales en torno a los cuales moverse: a nivel de procedimiento la Asamblea Constituyente, y a nivel programático el fin del Estado Subsidiario, Centralista y Uninacional, la consagración de los derechos sociales, la ampliación de la noción de soberanía hacia el control público de las principales actividades económicas y los recursos naturales, un diseño político-institucional que radicalice su contenido y práctica democrática, el restablecimiento de la función social de la propiedad. Ejes que ya cuentan con un importante nivel de adhesión en la sociedad.
Los Cabildos en esto pueden ser de utilidad, en la medida que produzcan hitos de impacto político. Que sindicatos, federaciones estudiantiles, juntas vecinales, y sectores activos a nivel social y político sean parte de ellos en consideración de estos ejes centrales a nivel procedimental y programático, puede servir a la conformación de una columna vertebral democrática para el proceso.
Sobre la habilitación del próximo congreso – respecto de la posterior sanción del mecanismo constituyente – , será fundamental que dicho proceso no sea silente ni calmo. Hemos de supervigilar el proceso desde las calles y los espacios organizados a nivel político-social. En ningún caso podemos permitir que la habilitación no se resuelva. Esto en vistas de la observancia a nivel nacional.
Finalmente, las elecciones parlamentarias deben ser asumidas como una instancia de medición, y en ello, de la capacidad de articulación unitaria para ampliar las posibilidades de las expresiones democráticas que trabajarán porque el mecanismo para la elaboración de la Nueva Constitución sea la Asamblea Constituyente e impulse transformaciones para el desmantelamiento del neoliberalismo y la democracia restringida. Un frente democrático con enraizamiento político-social y comunión programática en ejes centrales, será fundamental para ello, y la capacidad de ampliar los espacios de vinculación y alianza, asumiendo la relevancia de esta lucha política, dejando las mezquindades de lado, será una prueba de fuego.
El proceso constituyente en un sentido amplio: La necesidad de una nueva alternativa política para el país
Es muy probable que parte del debate de la izquierda gire en torno a si participar o no del proceso constituyente oficial. Como se ha señalado, a nuestro parecer los desafíos y las oportunidades de las fuerzas transformadoras frente al proceso constituyente oficial consisten principalmente en desarrollar sus precarias capacidades actuales, su programa y su proyecto, con tal de constituirse en alternativa efectiva, que pueda abrir camino a conquistas y avances sustantivos.
En este sentido, es necesario asumir este escenario como uno fundamentalmente en disputa, donde las clases dominantes y su élite política corren con ventaja, pero no por eso sin flancos abiertos en términos de legitimidad, de adhesión de la sociedad a demandas de ruptura y a lo que puedan decir y hacer los movimientos sociales – desde la conflictividad social laboral y sindical, educacional, de los pueblos originarios, de lo socio-ambiental, de la diversidad sexual, entre otras -. Lo que puede animar las distintas etapas del proceso constituyente oficial, las cuales irán ocupando crecientemente el centro de la agenda política, y que pueden generar desenlaces por ahora inciertos. Esto convierte al proceso constituyente en un sentido amplio – hoy expresado en impugnación constitucional – en la lucha política de mayor relevancia de este período y en un terreno ineludible en el cual han de articularse convergencias político – sociales, alianzas de mediano alcance, y la vitalidad de las fuerzas políticas emergentes que, proviniendo del movimiento social, hoy pretenden irrumpir en el escenario político nacional para desafiar el protagonismo excluyente de las dos coaliciones que el gran empresariado ha convertido en sus predilectas.
Sin duda, todo esto dependerá de la fuerza político – social movilizada y organizada, ya que solo ella asegura la posibilidad de aproximarnos a los objetivos presentados.
Hay una certeza: Las coaliciones que han defendido el neoliberalismo y la democracia protegida – como son, en líneas gruesas, la Nueva Mayoría, y en su totalidad Chile Vamos – no están llamadas a conducir un proceso democrático como el que se necesita para refundar el país, de ellos puede sólo obtenerse o el ajuste o la restauración. Pero frente a esto ¿puede acaso, desde los sectores democráticos, nacer el germen de transformaciones estructurales aprovechando el momento histórico abierto? Esa segunda certeza es la que nos falta. Y para alcanzarla, debemos trabajar resueltamente en ello.
Carla Amtmann y Eduardo Ocampo, miembros de Fundación Crea