Más de siete millones de electores están convocados a participar en el análisis de la propuesta legislativa.
Cuba es hoy escenario de intenso debate, a partir del inicio, el pasado primero de febrero, de la consulta popular sobre el proyecto de nuevo Código de las Familias, mediante la cual la ciudadanía podrá apoyar la norma, exponer sus dudas y sugerir cambios al texto, previo al debate por la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación y posterior referendo.
Más de siete millones de electores están convocados a participar en el análisis de la propuesta legislativa, en 78.000 reuniones previstas hasta el 30 de abril próximo, pero el intercambio de opiniones trasciende esos espacios.
Las autoridades informaron que también los criterios de cubanas y cubanos residentes en más de 140 países serán tomados en cuenta para las probables modificaciones de la ley, mediante el envío de mensajes al sitio web Nación y Emigración.
Medios cubanos refieren que, desde su comienzo, las reuniones en las comunidades han trascendido el ámbito técnico legal, para poner la mirada sobre temas como los cambios sociales en una nación que experimenta un acelerado envejecimiento demográfico, amplio flujo migratorio y que demanda el incremento de la protección sobre los grupos minoritarios o vulnerables.
El nuevo texto propone cambios significativos en materia de derechos en el ámbito familiar respecto al Código vigente, de 1975, y en coherencia con la recién aprobada Constitución de la República.
Reconoce la pluralidad de familias existentes en la sociedad cubana actual y en correspondencia con ello plantea que todos estos modelos son válidos, con los mismos derechos y oportunidades para garantizar el pleno funcionamiento de su estructura familiar.
El proyecto visibiliza, además, realidades como el cuidado familiar y los sujetos que se dedican a esa labor, salvaguarda los derechos de las personas mayores, ofrece una mayor protección frente a la violencia basada en género y otras formas que transcurren al interior de los hogares.
El texto refuerza la noción de autonomía progresiva en la infancia y adolescencia, por lo que enfatiza el derecho a que la opinión de los menores sea tenida en cuenta, su participación en la toma de decisiones familiares que los involucran, así como a convivir en un ambiente libre de violencia y a su protección en el ámbito familiar contra todo tipo de discriminación, perjuicio, maltrato, negligencia o explotación.
Entre las novedades, el código incluye la responsabilidad parental en lugar de la patria potestad y elimina la autorización excepcional del matrimonio para adolescentes entre 16 y 18 años.
Debatir desde el conocimiento
Criterios de activistas en las redes sociales revelan, sin embargo, que pese al sistemático esfuerzo por dar a conocer el contenido de la legislación, persisten algunos criterios basados en el desconocimiento de sus postulados.
A ello se suma una fuerte campaña de conservadores y fundamentalistas por desvirtuar sus contenidos y negar su utilidad, mediante pronunciamientos en contra del texto en grupos y comunidades en Facebook, grupos de compraventa e incluso grupos de padres y madres con fines escolares en WhatsApp y otras redes.
Así lo manifestaron foristas participantes en el debate propuesto el pasado jueves 3 de febrero por el grupo psicoeducativo Acompasex, uno de los numerosos espacios que desde las redes de activismo y otras organizaciones de la sociedad civil también se han articulado para brindar la mayor cantidad de información posible y aclarar dudas acerca del nuevo Código.
El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Unión Nacional de Juristas son algunas de las entidades que apoyan el propósito de dar a conocer los principales cambios del cuerpo legal.
En tanto, más de 15.000 juristas intervinieron en la capacitación de los 1.428 supervisores y 27 891 colaboradores que fungirán en todo el país como garantes de la transparencia y el control de la consulta popular.
A la par, diferentes activistas y grupos inundan las redes de mensajes en apoyo al proyecto, como Cimarronas, Voces Ecuménicas Cubanas, Proyecto Abriendo Brechas de Colores, librería La Tertulia, la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales y el Movimiento Estudiantil Cristiano, entre otros.
Algunas personas critican, no obstante, el retraso en la venta del tabloide que contiene el proyecto de ley, con vistas a su estudio y conocimiento por parte de quienes no interactúan con el mundo digital.
A ello se refirió en Acompasex la participante Lidia RM, quien consideró que se trata de un Código muy moderno, pero cuya lectura es extensa y compleja, incluso para profesionales del Derecho; de ahí que le preocupara la demora en su distribución.
«El proyecto de Código de las Familias que está sometido a consulta popular es en verdad muy revolucionario y refleja esa diversidad familiar que existe en nuestro país», significó Yuleiski Moré, asesor jurídico del Cenesex, quien fungió como moderador del espacio.
El especialista abordó aspectos novedosos de la legislación y aclaró dudas de los participantes, coincidentes con algunos de los planteamientos, que circulan en redes sociales. Se refirió al interés superior del menor y la utilización del término responsabilidad parental en sustitución de patria potestad, dos asuntos que, además de generar confusiones en algunas personas, se emplean en campañas para llamar a la no aprobación de la ley.
El argumento esgrimido es que el Código disminuirá o anulará la autoridad legal de los padres sobre sus hijos, una tergiversación del verdadero propósito tras dichas formulaciones, precisó.
Moré explicó que los elementos concernientes a niñas, niños y adolescentes figuran entre los más trascendentes de la legislación, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Cuba es signataria.
El proyecto legal asume a los infantes como sujetos de derecho y no como posesión de los adultos, remarcó, y añadió que la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país reconoció la armonía que existe entre el proyecto de ley y la Convención.
«Como toda nueva norma, hay contenidos que han suscitado más polémicas e incluso posiciones contrarias», dijo el experto y detalló que Patria potestad es un término heredado del Derecho Romano, que hacía referencia al poder exclusivo del padre sobre los hijos.
Entonces la infancia carecía de valor, al punto que los menores podían ser canjeados o vendidos y la violencia que se podía ejercer sobre ellos no era cuestionable, precisó el jurista. «Esa carga de sentidos negativos sigue presente cuando se habla de este término, de ahí que muchos países lo han reconceptualizado», acotó.
Agregó que el término de responsabilidad parental refuerza que ser madres o padres implica una responsabilidad suprema por la vida y el bienestar de los infantes. «Su crianza debe verse como un acto de respeto y amor. Este término no cambia en nada su misión en la tarea de educar», dijo.
Moré también ofreció consideraciones sobre el artículo 5 de la propuesta legislativa, que alude a que niños y niñas tienen derecho a ser escuchados de acuerdo con su capacidad y autonomía progresiva, así como a que su opinión sea tenida en cuenta.
La autonomía progresiva es otro punto que genera inquietudes en las personas y se ha convertido en blanco de manipulaciones, por lo que el especialista aclaró que se trata de la actitud para tomar decisiones, asumir responsabilidades y ejercer derechos; lo cual se adquiere de manera gradual en función del grado de madurez y desarrollo.
Ninguna de las dos cuestiones implica que le vayan a quitar a los padres la capacidad de decisión sobre sus hijos, subrayó el experto y añadió que el proyecto también refuerza la responsabilidad que tienen hijos e hijas para con sus padres.
Igualmente emergió en el debate de Acompasex lo legislado en torno a la violencia y la gestación solidaria, como elementos del proyecto que merecen una argumentación detallada.
El primero, por la importancia que reviste para la sociedad y la jerarquía que en correspondencia alcanza en el cuerpo legislativo, que le dedica todo un título; y el segundo, por las posibilidades que abre para muchas personas imposibilitadas de concebir hijos y por la novedad que representa.
La violencia en el seno de la familia se reconoce en el nuevo Código como un acto de discriminación y el texto condena toda la que se ejerce por motivos de género, principalmente contra las mujeres, pero también hacia otras personas por igual razón, aludió Moré.
Asimismo, la normativa precisa aspectos de la violencia contra las personas adultas mayores y en situaciones de discapacidad, las cuales pueden tener efectos en el derecho sucesorio, comentó el especialista.
«El abandono emocional y/ o físico de personas adultas mayores o en situación de discapacidad, haber cometido actos de violencia familiar o de género, delitos contra la vida, la integridad física, la dignidad sexual, pueden inhabilitar a la persona para heredar», apuntó y ejemplificó con acciones como privar a los abuelos del derecho de comunicación con sus nietos de forma injustificada.
Sobre el particular, Yamira Puentes, coordinadora de Acompasex, manifestó que a veces las personas no entienden que privar a niños de alimentos, medicamentos o amor es una forma de maltrato, lo que funciona de igual manera en el caso de los adultos mayores y las personas con discapacidad.
En cuanto a la gestación solidaria, conocida en otros países como maternidad subrogada, el asesor del Cenesex esclareció que «solo podrá llevarse a cabo entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanas, en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación, de personas estériles, de hombres solos o parejas de hombres, siempre que no se ponga en peligro la salud de quienes intervienen en el proceder médico».
Advirtió que no basta con querer acceder a la gestación solidaria o que la futura gestante esté de acuerdo, sino que es obligatoria una autorización judicial previa. Agregó que se trata de ampliar opciones a quienes desean convertirse en padres y, al mismo tiempo, proteger a las mujeres, pues pone frenos a su posible explotación o a que surjan los llamados vientres de alquiler, como pregonan las campañas contra la nueva legislación.
«Creo que todos debemos apoyar con total responsabilidad el Código», consideró el usuario Raciel y exhortó a estudiarlo bien para no caer en manipulaciones sobre su contenido.
Para Puentes, es un texto revolucionario, pues parte de un concepto de familia que va más allá de la consanguinidad. «Si de algo sabemos los cubanos es de familias ampliadas, reconstituidas, monoparentales…», recordó.
«Este Código de los afectos requiere mucho tiempo para su estudio y mucho amor para su relectura en función de una mejor compresión, pero será un modo perfecto de que nos sintamos representados y beneficiados», opinó la forista Olga Cecilia García Moreira.
El cuerpo legal propuesto sitúa al amor, el afecto, la solidaridad y la responsabilidad en lo más alto de los valores familiares, agregó Moré e invitó a no perder la posibilidad de participar en las consultas en los barrios.
«Es un deber ciudadano, pero a la vez la oportunidad de hacer valer nuestros derechos. Sin duda, es un texto jurídico que impactará positivamente a cada persona, con independencia de que esté de acuerdo o no con algún tema específico», enfatizó.