El manejo del llamado «orden público» es de diseño. Está escrito, es archiconocido, y hace parte fundamental de la formación del estamento policial y militar. Con la aclaración -que es lo que lo hace grave, que «orden público» no es lo que se supone que es, lo que se desprende de su semántica, sino el […]
El manejo del llamado «orden público» es de diseño. Está escrito, es archiconocido, y hace parte fundamental de la formación del estamento policial y militar. Con la aclaración -que es lo que lo hace grave, que «orden público» no es lo que se supone que es, lo que se desprende de su semántica, sino el control manu militari de la población por muy desarmada y pacífica que sea. Quien tenga un mínimo conocimiento de la ideología a la que responde, y la formación que consecuentemente se imparte en las escuelas policiales y militares -sobre todo en los países dependientes, autoritarios y de democracias apenas formales-, sabe que esto es así. Que los manuales, las cátedras, las cartillas existen, y tratan a profundidad de ese control como la razón de ser de la fuerza pública -policial y militar-, por encima de la fatigosa y manida retórica institucionalista y patriotera de uso para la galería. Desconocer esta verdad, es crasa ignorancia -inexcusable en organizaciones y personas que no tienen derecho a serlo-, o peor, ignorancia simulada.
Me estoy refiriendo para el caso, a la violenta e ilegítima represión policial de la Marcha de Solidaridad con el Paro Campesino este 29 de agosto en Bogotá. A la serie de operaciones policiales de diseño, ejecutadas en un momento tan sensible para el gobierno, y que llaman los manuales «control de la población civil» «operaciones de inteligencia», «guerra sicológica», «manejo de medios y de opinión» «operaciones cívico-militares», «ganar la voluntad de la población», y demás. Y en concreto, a cómo todas las estrategias que de allí dimanan se aplicaron planeada y rigurosamente en este caso, al igual que en toda movilización social por pacífica y legítima que sea. Por muy justa que sea la causa -y tal vez más por ello-, como los miles de ciudadanos y docenas de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales que se volcaron a la calle para mostrar su respaldo al heroico paro campesino.
Este 29 de agosto de 2013 estaban convocados a marchar desde diferentes frentes de la capital. Para converger en la carrera séptima y concentrarse en abigarrada multitud en la Plaza de Bolívar donde desde una tarima se dirigirían a los asistentes los voceros de las organizaciones en paro. Todo muy autorizado por el Alcalde Mayor, bien organizado y con controles internos y logística adecuados.
Y las cosas se dieron como se programaron, con un orden y civilidad excepcionales. Y lo más importante, pero muy grave para el poder gobernante, es que esa solidaridad con el Paro Agrario y Popular era un categórico mentís a la tal «prosperidad democrática» al tiempo que puesta en evidencia que ese poder está en favor del gran capital y expolia al trabajador y pequeño productor. La movilización en Bogotá rebasó los cálculos y mostró que la ciudadanía, el manoseado «pueblo» acompañaba el paro. Y eso no se podía permitir.
Entonces, salió a relucir el mandato policial, la misión que a pesar del discurso para la galería de los generales mil veces demostrado mentiroso diciendo lo contrario, es la razón esencial de ser de la policía: reprimir al precio que sea, toda forma de movilización, protesta o reclamo popular. Entre más legítima, más. Si no, ¿por qué todos los primeros de mayo «la fiesta del trabajador» con el correspondiente telegrama de felicitación del gobierno, terminan al igual que cualquier inofensiva marcha estudiantil, sindical, campesina, de desplazados o cualquier otro sector civil con su balance de protestantes muertos, heridos, mutilados o lo menos, cuando mejor les va, capturados y judicializados por terrorismo, concierto para delinquir, ocupación del espacio público y agresión a la autoridad?
Entonces salió a relucir el libreto policial este 29 de agosto de 2013 en Bogotá para realizar la policía nacional en sintonía con el gobierno nacional y desprecio absoluto por la autoridad de Alcalde mayor, la función que es su razón de ser: reprimir con violencia creciente según el tamaño de la movilización la protesta popular hasta anularla. Y aplicó el Decálogo de la «inteligencia policial» para esa su tarea misional.
Dice así el Decálogo, que en la plaza de Bolívar se leía como en un libro:
Primero: Hay que decir primeramente y como cosa fundamental, ampliamente difundida por los medios, que la Policía protege y garantiza la protesta y la movilización social siempre que sea pacífica, no haya infiltrados, violencia, vandalismo, bloqueo de vías ni ocupación de calles.
Segundo: Como se trata de romper la movilización y criminalizarla como terrorismo y vandalismo pero haciendo ver a la policía respetuosa de la autorización del alcalde para la movilización, a efectos de poderlo hacer y capturar al mayor número de manifestantes, hay que hacerla aparecer violenta, y a la Policía sólo reaccionando frente a ella. La formula es sencilla e infalible. En cualquier punto de la manifestación, el más propicio según la ocasión, generalmente donde marchen los estudiantes o el partido comunista, se simula un ataque a la policía -unas piedras inofensivas contra los escudos irrompibles o unos globos de pintura contra los mismos-, con lo cual quedamos legitimados para actuar. Entonces, con toda la violencia legítima de que somos titulares, las armas con las que previsoramente vamos dotados y el personal antimotines también prudentemente dispuesto a lo largo de la marcha y en las esquinas de la plaza donde se concentren, atacamos la manifestación, la cortamos y bloqueamos su reagrupamiento por las calles adyacentes. Eso se hace fácilmente disparando en forma masiva los tanques de gas lacrimógeno que solos hacen casi todo el trabajo.
Tercero: Los tanques de gas lacrimógeno que automáticamente dispersan la marcha y causan el desconcierto y la anarquía en los participantes, se utiliza también como una efectiva arma contundente contra los manifestantes. Para ello, el tanque se dirige al cuerpo de estos, en especial al rostro.
Cuarto: Como lo anterior genera dispersión pero también desorden e indignación en los movilizados, la gran mayoría se retiran, pero algunos se enfrentan con nuestras unidades. Entonces ya podemos hablar abiertamente de disturbios, violencia, perturbación del orden público y ataque a la autoridad, quedando autorizado el uso pleno de la violencia legítima del Estado que ostentamos y en efecto debemos aplicar. El alcalde no puede hacer nada, porque además contamos con el respaldo del ministro de defensa y el presidente de la república.
Quinto: En la circunstancia anterior de desorden, confrontación y anarquía, procedemos a capturar a todo el que se encuentre en la vía pública, así no sea manifestante, el cual será judicializado por terrorismo.
Sexto: Para lo anterior, la policía, no obstante tratarse de marchas autorizadas por el Alcalde y ser de organizaciones sociales reconocidas y con cabezas responsables, va preparada para la confrontación. Por eso, la fuerza prevalente será el ESMAD, que no va a vigilar discretamente una movilización autorizada, sino dispuesta para un motín que es lo que necesitamos presentar ante el Alcalde y ante la opinión. Es decir, la policía no va como garante ni como vigilante, sino como fuerza de choque. Sus integrantes deben ir férreamente blindados, lo cual asegura que ninguno reciba una contusión siquiera. En cambio, portarán armas que según la circunstancia pueden causar contusiones, heridas graves o ser letales.
Séptimo: Hay que resaltar en los videos que tomamos y entregamos a los medíos de comunicación ya concertados para transmitirlos insistentemente, no la parte donde la manifestación o concentración transcurre pacífica y alegremente, ni la parte donde la atacamos, sino aquella posterior donde grupos de marchantes nos enfrentan, nos lanzan piedras y hasta rompen vidrieras. Entonces se magnifica la cuestión y se reitera que de lo que se trató fue de vandalismo y terrorismo por infiltrados en la marcha, lo que frustró la legítima protesta. La policía en tales circunstancias y muy a su pesar, se vio obligada a disolverla.
Octavo: Hay que tener mucho cuidado en no agredir a ningún periodista de la prensa oficial, y hay que mostrarse respetuosos con ellos pues son nuestros aliados. Todo lo contrario, los que se hacen llamar «medios alternativos de comunicación» como «Prensa Rural», «Contagio Radio», «Alianza de Medios por la Paz», «Colectivo Brecha» los colectivos comunales y barriales y muy especialmente la cadena venezolana «Telesur», hacen mucho daño por las imágenes que toman y difunden donde nos ponen en evidencia. Deben ser tratados como enemigos, y en consecuencia decomisarles sus equipos o destruirlos en su presencia, previa captura de la información contenida en ellos. Tal como se hizo recientemente en el Catatumbo.
Noveno: En las declaraciones de los mandos policiales, hay que, al hacer el balance de los hechos, además de los elementos conceptuales de este decálogo, magnificar al máximo su gravedad. Hay que resaltar su carácter de asonada masiva, vandálica y violenta de impredecibles consecuencias para la institucionalidad, al punto hacerla peligrar si no interviene a tiempo y drásticamente la Policía. En este balance siempre habrá un alto número de policías gravemente heridos, algunos en peligro inminente de muerte, y se hablará de un número menor de revoltosos con algunas contusiones. Los medios de comunicación harán amplia difusión de este resultado y mostrarán los videos que les entregaremos de los policías heridos, los revoltosos agrediéndonos y algunos agentes llevados en andas por sus compañeros. Esos medios de comunicación está concertado, no mostrarán policiales golpeando a ningún manifestante, menos imágenes de estos heridos o muertos.
Décimo: La regla de oro para tener siempre como consigna central de nuestro accionar en la misión de defender el orden establecido e impedir toda expresión de insatisfacción social, es de al tiempo que se decimos permitir éstas y garantizarlas como derecho constitucional ciudadano, debemos reprimirlas violentamente para desestimular la confrontación al Estado. No olvidar: la legitimación de ese accionar, la conseguimos ex pox facto mediante el siguiente recurso:
Con cualquier excusa o con ninguna, así sea simulando un insulto, un globo de pintura contra nosotros o una consigna ultrajante, atacamos y rompemos la marcha. Creada la confusión y la ira de muchos, nos enfrentan, lo cual nos autoriza para atacarlos. Y en medio del desorden, los gases y la dispersión, siempre hará presencia la escoria social que abunda en las calles y sin tener nada qué ver con la movilización, aprovecha porque es su oportunidad: rompe vidrieras, saquea almacenes, roba y destruye mobiliario urbano. Así, se cierra de manera perfecta la estrategia policial: lo que hubo fue vandalismo y terrorismo que infiltró la marcha lo que se puede documentar abundantemente a través de los medios afectos, sin falsear la realidad. Nadie discutirá la legitimidad de la actuación de la policía. Al contrario, todos nos encomiarán, por haber puesto fin a esos males. Los de la marcha, que esperen para la próxima ocasión, cuando volveremos a aplicar esta exitosa estrategia. Llevamos quince alcaldes, y ninguno -menos Petro- nos ha podido decir que no con ella. Se ha tenido que quedar callado ante la desautorización y desconocimiento que hacemos de su autoridad.
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