A propósito del falso argumento esgrimido por tibios y fariseos, en el sentido de que en el actual debate electoral estamos en presencia de una polarización dañina, es importante tener en cuenta asuntos que corresponden a la simple y llana realidad, a los hechos.
Los 6.402 ‘falsos positivos’ durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe no ocurrieron porque el jefe del régimen pugnara por nada bueno. Fueron viles asesinatos.
Fueron crímenes de Estado por los que Uribe debe responder, pues hicieron parte de la política de “seguridad” de su gobierno, que buscaba mostrar “resultados” a como diera lugar, así fuera con montajes, falsedades y sangre por litros, como lo ha evidenciado ampliamente la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
No son ningún logro para brindar “seguridad” a la población, son homicidios cometidos por agentes del Estado en cumplimiento de políticas de un gobierno violador de los derechos humanos.
Si Uribe no es sancionado penalmente por esos crímenes, que constituyen genocidio, se tendrá que abrir paso la sanción a cargo de la Corte Penal Internacional, a la que está adherida oficialmente Colombia.
Siguiendo la política de represión uribista, Iván Duque arremetió contra los participantes en el Paro Nacional de 2021 con nuevos crímenes de Estado: más de 80 personas, casi todas jóvenes, fueron asesinadas, 48 de ellas en Cali. Miles de colombianas y colombianos fueron heridos, torturados, detenidos.
Y, para completar el panorama de oscuridad que nos ensombrece, no hay que olvidar que recientemente el régimen de Duque agregó a su lista de violaciones al Estado de Derecho la masacre del Putumayo: 11 campesinos asesinados por tropas del Ejército y la Armada Nacional, entre ellos un menor de edad y una ama de casa embarazada.
No es la primera vez que esto ocurre, confesó cínicamente el comandante del Ejército. La bancada del gobierno en el Congreso cerró filas en torno de los perpetradores y evitó una nueva moción de censura contra el Ministro de Guerra del régimen.
Si decir esto, y denunciar muchas otras acciones delictuales del mandato de Uribe y del de su continuador, el señor Duque, es polarizar, se parte de una premisa absolutamente equivocada, que para muchos casos se convierte en connivencia con el desangre del país a manos de armas oficiales.
El primer responsable del respeto a los derechos humanos es el Estado, sus diversos regímenes y sus funcionarios ejecutantes.
En relación con la controversia, lo que Gustavo Petro ha planteado es que, en su gobierno, desde el próximo 7 de agosto, la gestión se medirá no por número de bajas (muertos), como durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, sino por los índices de vida y dignidad de la población.
Diferente, igualmente, lo planteado por Petro frente a lo que sostiene Federico Gutiérrez, quien postula su candidatura presidencial en la continuación de la nefasta política en materia de “seguridad” y represión conocida como del enemigo interno, que fue el derrotero de los tres gobiernos mencionados y que condujo a que el Estado colombiano acentuara su carácter histórico de ente criminal.
Por todo lo expresado, querer ir por el camino del “centro” es sencillamente oportunista y hasta cómplice.
Decir la verdad no es polarizar. Es solo… atenerse a los hechos.
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