“Nuestras candidaturas terminaron siendo unos “carritos de hot dog” frente a los “restaurantes Michelin” de las candidaturas de los clanes políticos y del establecimiento”
“La indiferencia actúa poderosamente en la historia. Actúa pasivamente, pero actúa” – Antonio Gramsci.
A pocos días de celebrarse las elecciones para el Congreso de la República, subsisten enormes dudas e interrogantes acerca de las garantías para la elección de quien ocupará la curul correspondiente a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No. 12 (CITREP-12), que abarca un territorio disperso, fragmentado y sin una identidad articuladora, lo cual, en buena medida explicó la enorme disgregación y atomización de las candidaturas.
Presencia deliberativa de grupos armados al margen de la ley
Coincidiendo con el certamen electoral, especialmente en los territorios cubiertos por la CITREP-12, se asiste a un evidente incremento de la presencia y actividad de estructuras asociadas a grupos armados postdesmovilización de las AUC, cuya presencia, al impactar negativamente en la percepción de seguridad de la población, ha servido ya sea para restringir abierta o soterradamente las posibilidades reales de hacer proselitismo político o para favorecer los intereses de determinadas candidaturas mediante la administración de estrategias combinadas de intimidación y persuasión.
En ese contexto, en la Sierra Nevada de Santa Marta, además del control territorial ejercido en varios lugares por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) (“Los Pachenca”), se advierte un rápido proceso de expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (“Clan del Golfo”), −el cual, valga recalcar, ha llegado a territorios como la Serranía del Perijá, en los que no se conocía de su presencia−, que ha traído como correlato la materialización de una serie de conductas vulneratorias a los derechos humanos de la población, tales como homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, cobro de exacciones económicas, implementación de dispositivos de disciplinamiento social, etcétera.
Respecto de este escenario de riesgo que impacta negativamente a las candidaturas de la CITREP-12 se observan dos situaciones complementarias. De una parte, todo pareciera indicar que las autoridades directamente concernidas con los temas de seguridad, protección y prevención no le hubieran dado la importancia que amerita el hecho que, en la práctica, se constituyeron territorios vedados y fronteras invisibles que no se pueden traspasar en el ejercicio proselitista y de difusión de nuestras propuestas y planteamientos y, de otra parte, los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) han mostrado no sólo ser manifiestamente insuficientes, sino a todas luces inadecuados para quienes, como nuestras candidaturas, se llevan a cabo fundamentalmente en la ruralidad profunda.
Conflictos éticos que no se pueden pasar por alto
Con los fluctuantes ires y venires que a lo largo de estos años tuvo la CITREP, derivados de la contumaz y obscena oposición que contra ella ejerció el gobierno nacional, buena parte del espíritu original con el que en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera fue diseñada y creada, se fue progresivamente tergiversando, hasta el punto que en su reglamentación no se tomaron las medidas requeridas y suficientes para garantizar de manera efectiva que los territorios atávicamente golpeados por el conflicto armado, precisamente los más infrarrepresentados en distintas instancias de participación dada su ubicación marginal y periférica respecto de los centros de poder, tuvieran una idónea representación surgida de sus entrañas, en la Cámara de Representantes y, contrariamente, se dejaron las puertas abiertas de par en par para que personas sin un vínculo real con los territorios en cuestión y, por si ello fuera poco, avaladas por organizaciones sociales que nunca han desarrollado ninguna actividad tangible en ellos, pudieran acceder a representarlos y tomar su vocería.
Así las cosas, al no definirse con meridiana claridad criterios precisos que acotaran los requisitos básicos para la participación de las personas aspirantes a una de sus curules, los que deberían ir mucho más allá del mero hecho de acreditar su condición de víctimas y residir en uno de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y al no tener en cuenta otros factores determinantes tales como su pertenencia y nexos sociales y comunitarios con los respectivos territorios rurales específicamente cobijados con la CITREP, se dejó abierta la posibilidad para que, con algunas notables excepciones que se puedan presentar en otras regiones, la mayoría de las veces su representación recaiga en personas que cuentan, en el mejor de los escenarios, con vínculos precarios, tangenciales y espasmódicos con estos lugares construidos al calor del debate electoral.
No obstante, esta situación ya de por sí bastante preocupante, pasó a un segundo plano cuando se advirtió que algunos de los candidatos inscritos, tal y como se mencionó anteriormente, no sólo no provenían de los territorios que buscaban representar sino que, adicionalmente, evidenciaban profundas colisiones éticas al estar inmersos en los entramados clientelares construidos por clanes políticos tradicionales regionales, al haber votado negativamente en el 2016 al “Plebiscito sobre los acuerdos de paz” o, lo cual ciertamente reviste la mayor gravedad, tener lazos de consanguinidad y de parentesco con victimarios que actuaron en el territorio y que nunca se sometieron a los órganos de justicia transicional, entre ellos la Ley de Justicia y Paz.
Las denuncias que desde distintas candidaturas se elevaron a las instancias electorales y judiciales concernidas acerca de estas incompatibilidades éticas, pese a estar bien argumentadas y soportadas en un buen acervo probatorio, nunca prosperaron y, contrariamente, las respuestas recibidas más bien afianzaron la idea de que la candidatura más cuestionada, por constituirse en una verdadera afrenta que hiere la sensibilidad de las víctimas del conflicto armado, contaba con el apoyo de altas esferas del establecimiento y del gobierno nacional, hasta el punto que da para pensar en haber sido meticulosamente planeada desde cuando nombraron a su candidato en un alto cargo relacionado con las víctimas en el gobierno nacional.
Asimetría frente a otras candidaturas y circunscripciones
El enfoque diferencial en la doble perspectiva de derechos humanos y de víctimas que atraviesa transversalmente el Acuerdo de Paz y, consiguientemente a la CITREP, antes que haberse abordado como un reconocimiento de la diversidad y de las diferencias, se inclinó a generar una insidiosa desigualdad entre las diferentes candidaturas y circunscripciones, relegando a las nuestras a los niveles más inferiores posibles, originando una gigantesca brecha entre unas y otras.
En donde con mayor nitidez se puso de manifiesto esta desigualdad fue en lo atinente al financiamiento de las campañas, para lo cual se establecieron unos criterios, similares a los exigidos a los partidos y movimientos políticos, que al no ser oportunamente esclarecidos, terminaron por asfixiarlas en la iliquidez. Sobre el particular puede decirse que situaciones tales como: i) el impedimento para recibir directamente aportes provenientes de particulares, ii) la creación de un fondo que concentraría los aportes de los particulares y los distribuiría equitativamente entre todas las candidaturas, nunca funcionó y consecuentemente no recibió contribuciones de ninguna parte, iii) excesiva tardanza para desentrabar todos y cada uno de los obstáculos burocráticos que se interpusieron para posibilitar el flujo de los recursos hacia las diferentes campañas, iv) la falta de claridad sobre las posibilidades de utilización de recursos propios, entre otras más, en la práctica convirtió en una ilusión retórica lo referente a la obligatoriedad del financiamiento estatal de nuestras campañas.
En tanto que la mayoría de las campañas de la CITREP afrontaban enormes afugias y restricciones financieras para adelantar las tareas inherentes al proselitismo político en unos territorios rurales, la mayoría de ellos, con protuberantes deficiencias para su accesibilidad y con graves problemas de orden público, unas pocas campañas de la misma CITREP, aquellas apoyadas por los clanes políticos tradicionales y por instancias nacionales del establecimiento, no exhibían esos inconvenientes y al contrario, abrían sedes de campañas, distribuían ampliamente propaganda, desplegaban pasacalles y vallas en lugares estratégicos, financiaban el transporte de personas para la asistencia a distintas reuniones, contrataban personas para sus equipos…
Arquitectura institucional electoral incapaz de brindar respuestas
De otro lado, desde el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se constituyeron y habilitaron una serie de dispositivos e instancias institucionales relacionadas con la CITREP, suponemos que con la finalidad de hacerse cargo de las contingencias y eventualidades que se presentaran a lo largo del proceso electoral, sin embargo, no sólo fue difícil acceder a ellos para darles a conocer nuestras preocupaciones y reclamaciones, sino que cuando se logró las respuestas brindadas fueron vacuas e inanes.
¿Al respecto siempre nos preguntábamos de qué servía toda esa arquitectura electoral creada alrededor de la CITREP si nunca nuestras demandas y reivindicaciones fueron adecuadamente atendidas?
Ausencia de garantías plenas y reales
Como consecuencia de lo infructuoso de los procesos jurídicos y administrativos desplegados desde algunas de nuestras candidaturas, en los que difícilmente nos escucharon y cuando lo hicieron no se obtuvieron respuestas de fondo a nuestras reclamaciones y dado que las demandas judiciales que han sido interpuestas tienen sus ritmos propios que no son coincidentes con el calendario electoral, el 28 de febrero de 2022, en el ejercicio del derecho a la protesta, se decidió apelar pacíficamente a las legítimas vías de hecho y apostarnos con cadenas al frente de la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Valledupar, acción que bien pronto concitó el apoyo de otras candidaturas, hasta el punto que una toma similar se llevó a cabo entre el 4 y el 8 de marzo de 2022 en Santa Marta, acción que fue levantada porque los candidatos y candidatas que protestaban en esa ciudad, advirtieron graves riesgos de seguridad que pondrían en peligro su integridad física, lo cual se justifica en la intrusión de 300 hombres pertenecientes a un grupo armado postdesmovilización de las AUC al mando de alias “5-7” en algunos territorios del Magdalena, más específicamente en inmediaciones de Palmor en Ciénaga.
Debe quedar claro que estos actos de protesta se levantan sobre este largo acumulado de reclamos, quejas, denuncias, cuestionamientos y críticas que se han venido haciendo por parte de algunas de nuestras candidaturas cuando, al iniciar este sui generis proceso electoral correspondiente a la CITREP-12, se comenzó a advertir que paulatinamente se diluían las posibilidades para que hubiese un certamen con plenas garantías para la realización de una competencia llevada a cabo en igualdad de condiciones y que, por fin, los territorios periféricos y marginados de la Colombia rural y profunda, pudieran contar con genuinos representantes. Pero las cosas se dieron de otro modo y en una competencia tan injustamente asimétrica se fue haciendo patente que, para expresarlo con una metáfora muy en boga por estos tiempos, nuestras candidaturas terminaron siendo unos “carritos de hot dog” frente a los “restaurantes Michelin” de las candidaturas de los clanes políticos y del establecimiento.
No podemos legitimar un proceso viciado
En mérito de lo anteriormente manifestado con cierto detalle:
– Tomando en consideración que en el inmediato plazo no se vislumbra una transformación real de las actuales circunstancias que se caracterizan por una falta absoluta de garantías para el proceso electoral de la CITREP-12 y en el que desde un comienzo los candidatos del establecimiento y de los clanes políticos partieron con una enorme ventaja que rápidamente potenciaron a partir de los recursos y apoyos que recibieron.
– Nuestras convicciones éticas y morales nos impiden terminar legitimando con nuestras candidaturas, un proceso electoral a todas luces viciado y en donde, todo indica que esa curul ya tiene nombre propio y recaerá en un candidato sobre quien tenemos fuertes críticas y serios reparos.
– Respetamos la decisión de las candidaturas que no pertenecen a los clanes políticos ni representan los intereses del establecimiento, que decidan continuar hasta el final con sus aspiraciones; si bien no compartimos esa decisión no nos queda más que desearles mucha suerte.
No vemos salida distinta
Así las cosas, no vemos salida distinta a tomar las decisiones siguientes:
1. Levantar el día de hoy la acción de protesta que se venía adelantando al frente la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el pasado 28 de febrero de 2022.
2. Renunciar al actual proceso electoral para la elección de la curul correspondiente a la CITREP-12, hasta tanto no se den las garantías electorales para la participación de los representantes de las reales y genuinas víctimas de los territorios rurales que la constituyen.
3. Continuar con los procesos judiciales en curso, agotando todos los recursos legales ante las instancias nacionales e internacionales, en búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos a la paz, a la igualdad y a la participación política en total cumplimiento de las garantías constitucionales diferenciales y especiales.
Se suscribe en Valledupar, Cesar, el miércoles 9 de marzo de 2022.
WILLIAM RUIZ MIRANDA
MARÍA FONSECA OSPINO
LUZ DEIDE YARURO ALVERNIA
ELVIA CRISTINA JIMÉNEZ GARCÍA
LUIS FERNANDO LARA VÁSQUEZ
ARQUÍMEDES ARIAS SARMIENTO
YAMIL ERNESTO SILVA BASTIDAS
PATRICIA ELENA OBREGÓN MORÁN
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