Recién conocida la declaración pública de la Corte Suprema frente al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, CODEPU declara lo siguiente: Resulta indignante que más de 30 años después que comenzaron a suceder las más graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la conculcación más flagrante y prolongada […]
- Resulta indignante que más de 30 años después que comenzaron a suceder las más graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la conculcación más flagrante y prolongada de todas las libertades civiles y políticas de la historia nacional, recién ahora, por primera vez, el más alto tribunal del país pretenda justificar su abdicación del deber de garantizar la protección de la persona y garantizarle justicia, con apreciaciones históricas que delegan la responsabilidad en la situación que afectó al país: «… durante gran parte del período que estuvo suspendida la vigencia de la institucionalidad en el país, a partir de septiembre de 1973, los jueces y los tribunales superiores se vieron, en gran medida, impedidos a cumplir a cabalidad con esa función».
- Más grave aún resulta la inaceptable descalificación que hace la Corte Suprema del Informe de la Comisión Valech. Los magistrados transfiriendo la dignidad que ostentan de acuerdo a sus altos cargos, pretenden hacer creer al país que es falsa la responsabilidad que les atribuye la Comisión frente a la tortura, porque según dicen, el propio Informe «carece de sustento objetivo …. [en él] no existen antecedentes fidedignos».
En medio de la consternación moral que ha causado el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y cuando la sociedad y en particular las víctimas de este crimen de lesa humanidad, esperaban, a lo menos, un claro reconocimiento de la responsabilidad de este poder del Estado en los dolorosos hechos que tanto han dañado la unidad nacional, asumiendo a su vez un compromiso respecto a que nunca más deberían repetir esa condenable conducta, declaran excusas insostenibles por los hechos y delegan la responsabilidad en terceros que no identifican.
- No deja de ser significativo que esta vergonzosa declaración de la Corte Suprema salga a la luz pública hoy, 10 de diciembre, cuando se conmemora el día internacional de los derechos humanos. Ella refleja la lejanía del máximo tribunal nacional con el derecho internacional. Manifiesta también la total incapacidad de los máximos representantes del poder judicial, para juzgar críticamente su conducta frente a los abusos de poder y las graves violaciones a los derechos humanos de los cuales fueron víctimas miles de personas, hombres, mujeres y niños, chilenos y extranjeros. Sin duda, nuevamente éstos son los principales ofendidos por el poder judicial chileno.
- No vale la pena insistir en lo que no hicieron y cómo, por acción u omisión, legitimaron al poder dictatorial. La sociedad en su imaginario no olvida: «los detenidos desaparecidos me tienen curco», o el rechazo de miles de habeas corpus, o la negación reiterada a no concurrir a los recintos de tortura. No pueden justificarse ante la sociedad ya que no hicieron lo que debían hacer; y menos pueden negar ahora su conducta.
Así nunca habrá Libertad, ni Derecho, ni Justicia, ni Paz.