Durante los días 14 y 15 de diciembre de 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., nos dimos cita abogados y abogadas, estudiantes de derecho, activistas de derechos humanos, defensores y defensoras de prisioneras y prisioneros políticos en Colombia, integrantes de las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, quienes […]
Durante los días 14 y 15 de diciembre de 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., nos dimos cita abogados y abogadas, estudiantes de derecho, activistas de derechos humanos, defensores y defensoras de prisioneras y prisioneros políticos en Colombia, integrantes de las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, quienes realizamos el 2º Seminario Nacional para la Defensa de Prisioneras y Prisioneros Políticos en Colombia «EDWIN ALBERTO RUÍZ CHAPARRO», llamado así en homenaje a nuestro compañero fallecido en un accidente de tránsito el 28 de junio de 2014 a sus 53 años de edad. EDWIN ALBERTO RUÍZ CHAPARRO, reconocido abogado defensor de derechos humanos e integrante de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, desde muy joven y hasta el último instante de su vida se entregó a la lucha social y popular, especialmente a la defensa de las y los prisioneros políticos, ejercicio en el que se caracterizó por una entereza y convicción ejemplar, siendo éste su legado para las generaciones que desde la defensa de los derechos humanos hacemos parte de la construcción de un país con justicia social.
El 2º Seminario Nacional para la Defensa de Prisioneras y Prisioneros Políticos en Colombia «EDWIN ALBERTO RUÍZ CHAPARRO» se concentró en analizar con enfoque académico, jurídico y político el Delito Político, la Amnistía y el Indulto, la Justicia Transicional, la Jurisdicción Especial Indígena, las Dificultades y Estrategias para Ejercer la Defensa de las y los Prisioneros Políticos, y la Situación de las y los Prisioneros Políticos en el contexto de los actuales y futuros Diálogos de Paz, concluyendo y declarando que:
1. Identificamos el sistema capitalista, el modelo neoliberal y su doctrina de seguridad global, como la causa del conflicto social y armado en Colombia, que durante décadas ha despojado y bañado en sangre a nuestro país, constituyendo actualmente un obstáculo para nuestra libre determinación como pueblo y la integración latinoamericana.
2. La prisión en Colombia es una institución al servicio del neoliberalismo y la acumulación de capital, enfocada en el control y represión contra los pobres y quienes optan por el ejercicio del derecho a la resistencia y/o el recurso a la rebelión ante la tiranía y la opresión.
3. Reconocemos la existencia de prisioneras y prisioneros políticos como producto del conflicto político, social y armado. Son hombres y mujeres que se encuentran en prisiones de Colombia y Estados Unidos como sanción estatal por:
a) Ejercer desde la vida civil la oposición política de manera altruista, el pensamiento crítico, la libertad de expresión, la libertad de organización, el derecho a la protesta social y la movilización contra el régimen vigente, a quienes identificamos como Prisioneros Políticos de Conciencia.
b) Ejercer la resistencia insurreccional y/o levantamiento armado -considerado por el Estado como delito político- contra el régimen vigente bajo la bandera de transformar el sistema económico y político colombiano por otro que mejore las formas políticas y las condiciones de las mayorías, a quienes identificamos como Prisioneros Políticos de Guerra.
c) Vivir en zonas altamente afectadas por la confrontación armada y en razón a ello padecer el señalamiento y acusación de colaborar y pertenecer a organizaciones insurgentes, a quienes identificamos como Prisioneros Políticos Víctimas de Montajes Judiciales.
4. Reiteramos nuestros respaldo a los Diálogos de Paz en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC- EP y la necesidad de reconocer la condición de víctima de los prisioneros y las prisioneras políticas colombianas, quienes han padecido las torturas y, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la vida en prisión. Hacemos un llamado a las partes en diálogo a acordar un CESE AL FUEGO BILATERAL como un paso decisivo en la culminación exitosa de esta etapa del proceso de paz.
5. Colombia necesita ABOLIR la legislación que criminaliza la protesta social y RECUPERAR la noción clásica del DELITO POLÍTICO que alcanzó su desarrollo jurisprudencial entre 1950 y 1995, que comprende y da un tratamiento diferencial a quien de manera altruista ejerce violencia contra el Estado, así sean errados o desproporcionados los mecanismos usados. Se deben erradicar los desaciertos de la Sentencia C-456 de 1997 que dejó sin cuerpo el delito político y limitó la conexidad al caprichoso del congreso de turno, para recuperar el móvil altruista del delito político y aplicar de manera eficaz las instituciones constitucionales de AMNISTIAS e INDULTOS, conforme a la realidad y necesidad social vigente.
6. Colombia ha acudido a las instituciones constitucionales de AMNISTÍAS e INDULTOS en múltiples oportunidades para iniciar o finalizar procesos de paz entre el Estado y organizaciones insurgentes. Desde el año 1820 hasta el 2014, la República de Colombia ha ofrecido 25 AMNISTÍAS y 63 INDULTOS, bajo la condición de no repetición, en los cuales no sólo se han perdonado delitos políticos sino también comunes, como sucedió con la amnistía general en 1863 y la Amnistía amplia de 1954, entre otras. Así mismo, estas figuran no han dependido del derecho transicional ni de la justicia transicional, se han ofrecido de acuerdo a la coyuntura, algunas veces con fines de mejorar las relaciones sociales, bajar la intensidad a la confrontación o simplemente como estrategia política, como sucedió en el año 2007 con la liberación incondicional de RODRIGO GRANDA, insurgente de las FARC-EP, en el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez bajo el argumento de «razones reservadas de Estado».
Bajo la actual coyuntura, la paz es más que una razón de Estado, es una necesidad, por lo que rechazamos dilapidar los esfuerzos realizados en La Habana, que abren campo a los futuros Diálogos de Paz, y exigimos al ESTADO Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA que libere a todas y todos los prisioneros políticos en Colombia mediante una AMNISTÍA AMPLIA Y GENERAL, como mecanismo central que permita avanzar hacia la solución política del conflicto y abra puertas a la identificación de los mecanismos de derecho transicional a aplicar con la firma del Aacuerdo Ffinal para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. de la Habana.
7. No estamos en un Estado de Justicia Transicional, sino en un momento de aplicación del DERECHO TRANSICIONAL, con el propósito de poner fin a la confrontación armada entre el Estado y una de las insurgencias existentes en Colombia. La justicia transicional dependerá de los resultados del cumplimiento de los acuerdos que se pacten en La Habana y de los Diálogos de Paz que se desarrollen entre el Estado colombiano, el ELN y el EPL. Es competencia de las comisiones de paz en diálogo considerar si el modelo de justicia transicional es adecuado o no para solucionar el complejo conflicto que ha atraviesa nuestro país. Más allá de esto, un verdadero gesto de paz sería la aplicación de la amnistía y el indulto para las y los prisioneros políticos.
8. Es indispensable que la ciudadanía en su conjunto sea incluida en las formas de participación para propiciar una verdadera transformación social. ; Nuestra apuesta de construcción de un país nuevo, incluyente, democrático y respetuoso de los derechos humanos es la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Es allí donde iniciaremos otros estándares de justicia y donde viviremos una verdadera transición a un país mejor, un país con Paz y Justicia Social.
9. Entendemos la Jurisdicción Especial Indígena como un elemento importante en la lucha de los pueblos por su reconocimiento, sin embargo rechazamos radicalmente el mal manejo que se le está dando por parte de algunas autoridades indígenas, que guiadas por sus intereses individuales distorsionan el propósito real de la jurisdicción especial, en contra de las comunidades que dicen representar.
10. Dentro del país por construir se hace necesario romper con el actual MODELO IMPERIALISTA DE LAS PRISIONES mal llamado «Nueva Cultura Penitenciaria» y ajustar la institución de la prisión a los estándares de respeto a la dignidad humana y los Derechos Humanos, por tanto exigimos al Estado colombiano y su gobierno no engañar más al pueblo colombiano con la calificación de «crisis carcelaria» para disfrazar la política de prolongación del Estado de Cosas Inconstitucionales con fines de profundizar y expandir este modelo de prisiones al servicio del capital privado. Rechazamos la reciente reforma al Código Penitenciario y Carcelario como proyecto que obedece a los intereses del modelo neoliberal, que copia y pega el modelo estadounidense de represión e industrialización de las prisiones, poniendo el sistema carcelario en función de la ganancia y rentabilidad por encima de la dignidad humana. Garantizar plenamente el derecho a la defensa con todos los mecanismos que ello implica sigue siendo una deuda del sistema judicial colombiano que es urgente saldar.
11. Hacemos un llamado a fortalecer el MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO, empezando con la necesidad urgente de la instalación de la MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN como primer paso a la solución de los graves problemas carcelarios y penitenciarios en el país.
12. La Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos «LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS» realizará su Segundo Encuentro Nacional e Internacional durante los días 20, 21 y 22 de marzo de 2015. Por ello invitamos a las demás organizaciones solidarias y defensoras de prisioneros y prisioneras políticas para que se articulen a la Coalición y tracemos un accionar colectivo por el trato digno y la libertad de todas y todos los prisioneros políticos.
Aprovechamos esta oportunidad para enviar nuestro más fraterno saludo de reconocimiento y admiración para los prisioneros y prisioneras políticas en todo el territorio colombiano y en las prisiones de los Estados Unidos. Ratificamos nuestro compromiso y solidaridad, porque no estamos todos, faltan ustedes, los estamos esperando, nuestra lucha es por la dignidad y la libertad.
Firman la declaración:
· Corporación Jurídica Libertad
· Corporación Semilla y Memoria
· Corporación Solidaridad Jurídica
· Corporación Colectivo de Abogados Suyana
· Fundación Lazos de Dignidad
· Fundación Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria «Juan David Pineda»
¡La lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad!
¡Libertad a las y los Prisioneros Políticos!