CÓMO SE GESTÓ EL GOLPE DE ESTADO Defendamos nuestro derecho al socialismo Los textos que se publican en estas páginas corresponden al Nº 182 de «Punto Final» (24 de abril de 1973). La edición completa se puede consultar en www.pf-memoriahistorica.org En la pasada edición de PF (PF Nº 181) llamábamos la atención sobre los síntomas […]
CÓMO SE GESTÓ EL GOLPE DE ESTADO
Defendamos nuestro derecho al socialismo
Los textos que se publican en estas páginas corresponden al Nº 182 de «Punto Final» (24 de abril de 1973). La edición completa se puede consultar en www.pf-memoriahistorica.org
En la pasada edición de PF (PF Nº 181) llamábamos la atención sobre los síntomas de crisis que se advertían a partir de un pronunciamiento de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que incitaba abiertamente a la sedición contra el gobierno de la Unidad Popular. La Sofofa -repetimos- es quizás el organismo más representativo de la burguesía productora. De allí la importancia de sus opiniones que, en los hechos, se convierten en orientaciones y directivas para sus partidos políticos, el Demócrata Cristiano y el Nacional.
La línea marcada por la burguesía a través de su portavoz, la Sofofa, se tradujo en hechos inmediatos.
LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO
Ya observábamos que la batuta enarbolada por la Sofofa hizo «cantar» en primer término al ex presidente Frei, que en declaraciones a un periódico italiano afirmó: «Estamos en el camino al totalitarismo de tipo marxista». Luego entraron a la· arena los demás gladiadores reaccionarios para tomar parte en el juego estratégico diseñado por la burguesía. El Partido Nacional lanzó una declaración: «Ante el desenfreno político del gobierno no caben ya sino decisiones excepcionales y recursos extremos. Sólo así se evitará que la cubanización de Chile se torne irreversible». Agregó -con la altanería propia de la clase que representa- que el PN «estudia y revisa en estos momentos la legitimidad del gobierno que nos rige», además de anunciar sin ambages que «procedería que (el Congreso) declare que el actual gobierno ha incurrido en ilegitimidad de ejercicio», lo cual «eximiría a los chilenos de la dependencia tiránica a que pretende someterlos»(1).
El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Renán Fuentealba, y otros dirigentes, por su parte, dieron a conocer el documento político aprobado por el consejo plenario nacional de ese partido. Luego de declarar que el PDC es un «movimiento revolucionario» que lucha por una «sociedad fundada en el humanismo comunitario: socialista, democrática y pluralista», el documento admite que «el gobierno de Allende conserva todavía cierta capacidad operativa», pero que sus errores permiten que «una oposición fuerte sea capaz de vencerlo por medios democráticos». Pero agrega que el PDC «llama a los chilenos a tomar plena conciencia de lo que significa la amenaza antidemocrática representada por el gobierno». En aplicación de su ya conocida ambigüedad y desapego a los principios, el PDC anunció que no tendría inconvenientes en «concertar acciones comunes» con fuerzas políticas «del gobierno o de la oposición».
ANTICOMUNISMO DEL PDC
Voceros de Izquierda -particularmente del Partido Comunista- elogiaron varios días esa posición «socialista, democrática y pluralista» del PDC, su ánimo de diálogo, y su decisión de dejar extinguirse la CODE. Sin embargo, esa actitud siempre alerta a destacar cualquier gesto de buena voluntad del PDC, por más ambiguo que sea, tuvo otra vez un brusco y amargo despertar.(2)
Todavía no se secaba la tinta del diario El Siglo que divisaba en el PDC un posible aliado táctico, cuando el consejo nacional de ese partido entregó una declaración que La Prensa tituló en primera página: «El PC es partido de vende patrias». Fuentealba, por su parte, atacó personalmente al presidente Allende, diciéndole lo que nunca nadie se había atrevido: «Creo que la actitud del presidente Allende frente a estos ataques es actitud innoble e impropia de un hombre que se dice hombre».(3)
Dos cuestiones hicieron perder el paso «socialista» y dialogante al PDC: la revelación de los 20 millones de dólares que Estados Unidos aportó a la campaña presidencial de Frei en 1964 (campaña que dirigió Fuentealba), y los decretos de insistencia que el gobierno envió a la Contraloría, obligando a ese organismo a aceptar la requisición de 41 industrias. Esto último, sin duda, fue lo que llevó a la indignación del PDC y PN a su grado más alto. Acatando servilmente la orientación de la Sofofa, ambos partidos anunciaron que podrían acusar constitucionalmente y destituir a todo el gabinete del presidente Allende. Eso engendraría una crisis política de envergadura. Fuentealba hizo además un comentario vitriólico: que no pudieron dictarse los decretos de insistencia mientras las fuerzas armadas estuvieron en el gabinete. Según Fuentealba, ellas se oponían y, en cambio, compartían la exigencia democratacristiana de que el traspaso de industrias al área social se hiciera mediante leyes despachadas por el Congreso, institución dominada por el PDC y el PN.
EL REPLIEGUE DE LA ENU
El proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU) produjo una reactivación de sectores como las fuerzas armadas y la jerarquía de la Iglesia Católica que habían permanecido relativamente neutrales. Ambas en la crisis de octubre, por ejemplo, actuaron más bien como árbitros.
En el salón de conferencias del Ministerio de Defensa Nacional, ante los comandantes en jefe del ejército, Marina y Aviación y 60 altos oficiales por cada rama de las FF.AA., el ministro de Educación, Jorge Tapia, explicó el 11 de abril el proyecto de la ENU. El clima fue adverso al proyecto y la oposición castrense estuvo encabezada por el director general de los Servicios de la Armada, contralmirante Ismael Huerta Díaz. Se trata del mismo oficial naval que fue ministro de Obras Públicas en la primera fase del pasado gabinete UP-generales y que renunció a ese cargo en «discreto» desacuerdo con el gobierno, lo cual trascendió convenientemente a la prensa derechista. Esta vez también los periódicos reaccionarios tuvieron oportuna y amplia versión de lo tratado sobre la ENU, a puertas cerradas, en el Ministerio de Defensa, además de una copia de la extensa intervención del contralmirante Huerta.
En esencia su perorata -aplaudida, según se dice, por los oficiales asistentes-, constituyó un venenoso ataque al área de propiedad social y una cerrada oposición a la reforma de la enseñanza. Según el contralmirante Huerta: «El proyecto ENU desde el comienzo y en todo su texto, habla del proceso de transición al socialismo y, obviamente, tiende a preparar a la ciudadanía para vivir en un Estado socialista. Ahora bien, en todos los países socialistas del mundo y de la historia, las FF.AA. se han transformado en un elemento político». Después de ¡una cita de Lenin! agregó: «…fue el ejército el que se opuso al triunfo del comunismo en Alemania (1919) y en España (1936)», preguntándose: «¿Cuál será el futuro de las FF.AA. chilenas cuando se nutran de un pueblo educado en una doctrina socialista para la construcción de una sociedad socialista, moldeada su personalidad en los valores del humanismo socialista?»(4).
Los obispos católicos, por su parte, que también estuvieron relativamente desactivados en la crisis de octubre, se pronunciaron condenando el proyecto de la ENU.
Estos hechos llevaron al gobierno a postergar la aplicación de ese proyecto que, aun con limitaciones, era un real desafío al predominio de la ideología burguesa en la educación. Presionado por las FF.AA. y por la Iglesia Católica, el gobierno anunció que la ENU quedará para mejor oportunidad y que será el Congreso, dominado por la oposición, el que finalmente decidirá mediante un proyecto de ley «los principios normativos y directrices del nuevo sistema educacional».
NUEVAS TAREAS REVOLUCIONARIAS
Hasta aquí nos hemos limitado a una relación de hechos. Pretendemos probar que el curso del proceso está corroborando que también para el caso chileno son válidas las previsiones que sobre la conducta de la burguesía -que jamás ha entregado pacíficamente el poder- han hecho los maestros de la teoría revolucionaria.
Aun en un país como Chile, donde la democracia burguesa ha echado firmes raíces, resulta imposible la transición enteramente pacífica del capitalismo al socialismo. El proletariado está obligado -como en su momento lo estuvo la burguesía-, a aplicar un cierto grado de violencia organizada y metódica para asaltar las posiciones fortificadas del sistema que se pretende reemplazar.
En abstracto, esto no lo refuta ninguno de los partidos chilenos que se rigen por el marxismo-leninismo. Pero en la práctica, algunos suelen relegar esa premisa a un segundo plano. Anteponen a la preparación revolucionaria de la conciencia y la organización de las masas, los métodos y las palabras de la socialdemocracia parlamentaria.
Aunque tales métodos persiguen la «transformación por dentro» del Estado y, en rigor, deberían teóricamente traspasar progresivamente a manos proletarias el control del poder, lo cierto es que en la realidad -como está ocurriendo en Chile- su fracaso demuestra la validez del camino que enseñó Lenin. Las tesis de Kautsky no sólo fueron sepultadas teóricamente hace medio siglo -aunque pugnan por reaparecer bajo nuevos ropajes-, sino que yacen bajo la lápida de la experiencia victoriosa del proletariado de todos los países socialistas.
No obstante, la coyuntura no está como para una indigestión política provocada por un atracón de discusión ideológica. Y no es tampoco nuestro propósito contribuir a ello, sin perjuicio de defender que la práctica de los revolucionarios se ajuste severamente a una política de principios.
En PF creemos que se están cohesionando los factores de una crisis más grave que la de octubre del 72. Basta observar el prolijo trabajo que despliegan las fuerzas reaccionarias en su intento de demostrar la «ilegitimidad» del gobierno. Esta ha sido la cantera política que los partidos burgueses y las instituciones bajo su control (Parlamento, tribunales, Contraloría y medios publicitarios) han venido trabajando con lógica persistente. Su objetivo es provocar la «caída» o el «desplome» del gobierno. Eso tiene un significado distinto -aunque logra el mismo propósito- que «derrocar» al gobierno mediante un zarpazo gorila. De allí que el PDC, a través de sus publicistas, se permita refutar -y hasta tirar las orejas- a la táctica abiertamente fascista de Patria y Libertad. En el marco de una política de «oposición desde la base», intentando movilizar masas, y apoyándose en resortes institucionales, el PDC quiere provocar la muerte «natural» del gobierno y que en el acta de defunción conste que murió de una «ofensiva democrática».
RECLAMAMOS LA UNIDAD REVOLUCIONARIA
El cuadro de la crisis de octubre se ve agravado por la activación de sectores de las FF.AA. y de la Iglesia Católica que aparecían presuntamente neutrales en la lucha de clases. A esto hay que sumar el deterioro de la situación económica. Es evidente que encararemos un invierno crítico. Estos factores combinados llevan a una necesaria conclusión: al margen y a pesar de diferencias ideológicas por ahora insuperables, que trazan una línea divisoria en el seno de la propia clase trabajadora, existe la necesidad objetiva de encontrar un punto de acuerdo que permita hacer frente al enemigo común. Lo que reclamamos es un grado elemental de homogeneidad en la Izquierda. La contrarrevolución no sólo puede ahogar en su cuna una experiencia liberadora que sufre enormes debilidades y que ha cometido numerosos errores. Puede, además, y eso es lo que pretende, arrasar con toda la organización de masas, que es el fruto ganado por los trabajadores en largos años de difíciles luchas. Puede, ciertamente, retrasar quizás por cuanto tiempo la conquista del poder por el proletariado.
Esto es lo que hay que medir a la hora de intentar (o dejar de hacerlo) un nuevo esfuerzo por la unidad de los revolucionarios. En el seno del gobierno «confluyen tendencias obreras, pequeñoburguesas y burguesas»(5). Ello hace difícil -si no imposible- trazar una estrategia coherente, desde un punto de vista de clase, para avanzar hacia el poder. Pero es posible, en cambio, coordinar en forma independiente y a la vez paralela al gobierno, una alianza de clase que permita a los partidos que dentro y fuera de la Unidad Popular luchan por el socialismo, enfrentar en conjunto algunos momentos tácticos de la lucha de masas.
No queremos escribir en clave. Concretamente nos estamos refiriendo a los partidos Socialista, Comunista, Mapu y MIR. Existen diferencias entre ellos y, en su conjunto, con el MIR. Más allá de las frases de buena crianza sobre la «unidad», está la conciencia de que esas diferencias -que a veces llegan a grados de hostilidad abierta- existen y son reales. Pero todos, en conjunto, representan a la mayoría de la clase obrera, de los campesinos, los pobladores y los estudiantes. A ellos hay que sumar la Izquierda Cristiana que, si bien no es un partido marxista-leninista, apoya el objetivo histórico de la clase obrera, y sectores del Partido Radical que también aportan su contribución.
En absoluto pensamos en acuerdos superestructurales, aun cuando opinamos que las relaciones entre esos partidos y el MIR deben llevarse en un plano que excluya el «clandestinaje» que permite condenar públicamente a quienes en privado se consulta y reconoce como revolucionarios honestos.
Nuestra proposición (que por lo demás ya es una realidad en algunos planos específicos), está dirigida a la base. Tanto en octubre como en otras situaciones, la clase trabajadora impuso a la superestructura política la unidad revolucionaria de facto . Se trata de convertirla en una política permanente y de reforzar los pasos que conduzcan a ese propósito. Levantamos esta proposición dirigida a la conciencia de los revolucionarios que están en las filas de diversos partidos, para enfrentar con éxito a la contrarrevolución y para asegurar la posibilidad de avanzar en la construcción del socialismo. Hay que bloquear la erosión que produce el sectarismo en el movimiento de masas. Hay que enfrentar y desarmar ahora, unidos, al enemigo. Hay que imponer una política de clase apoyada por el conjunto de los revolucionarios. Los «sacrificios» ideológicos que hoy se hagan se podrán recuperar centuplicados cuando la lucha de los trabajadores tome el impulso irresistible que podría darle la conducción coordinada de quienes de verdad se proponen hacer la revolución. Un grado mínimo de unidad, por último, no excluye la lucha contra el reformismo ni contra presuntas o reales desviaciones de Izquierda, aunque las encuadra en el marco de un adecuado realismo político, frente a la amenaza del enemigo de clase.
MANUEL CABIESES DONOSO
Notas:
(1) El Mercurio , 14 de abril, 1973.
(2) El Siglo del 15 de abril de 1973, bajo el título: «Frei impuso una vez más su política dentro del PDC», se vio obligado a reconocer «que la faz progresista del PDC no es más que una careta, nada más que palabras y buenas intenciones de algunos en determinados momentos».
(3) La Prensa , 12 de abril, 1973.
(4) La Segunda , 12 de abril, 1973.
(5) Voto político del XXIII Congreso del PS. La Serena, enero de 1971.
RECUADRO
Carta de Prats a «Punto Final»
Punto Final -a través de nuestra compañera María Eugenia Saul- solicitó el 5 de abril de 1973 una entrevista con el general Carlos Prats González, comandante en jefe del ejército. Se le sometió a un cuestionario que abarca diversos aspectos de interés sobre el rol que cumplen las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, se dio a conocer al general Prats que PF se proponía realizar una serie de crónicas y reportajes sobre este tema, estimando sumamente valioso incluir en forma prioritaria una entrevista al comandante en jefe del ejército. Asimismo, anteriormente, PF había intentado, sin éxito, entrevistar al ministro de Defensa Nacional, José Tohá González. A raíz de la respuesta del general Prats -que publicamos a continuación- PF dirigió el mismo cuestionario al ministro Tohá, en un nuevo esfuerzo por informar ampliamente a nuestros lectores de un asunto de máxima importancia pública.
La carta del comandante en jefe del ejército y ex ministro del Interior, es la siguiente:(*)
Santiago, 10 de abril de 1973
Señorita
María Eugenia Saul
Presente
Señorita periodista de Punto Final :
Ayer me impuse de su nota y cuestionario de fecha 5 de abril.
Le agradezco su deferencia de informarme del interés que tiene la dirección de Punto Final en abordar el tema »Los militares y el poder civil», en torno al cual se pedirá la participación de diversas instituciones, iniciándolo con una crónica del ex senador don Raúl Ampuero.
En cuanto a su petición de que dé respuesta al cuestionario que me enviara, le ruego me excuse de hacerlo, por el momento, ya que sus preguntas sobre «Seguridad Nacional» y sobre «Independencia o dependencia de las Fuerzas Armadas del sistema capitalista», siendo las de mayor interés, inciden en temas de política militar, que correspondería abordar al «escalón político», a través de su ejecutor, que es el señor ministro de Defensa Nacional, en función de lo que denominamos el «debido conducto regular».
Las preguntas referidas al «Ejército como institución», que podrían aparecer como de mi directa incumbencia, tienen también un carácter extensivo a las tres instituciones armadas y algunas de ellas inciden en materias técnicas «clasificadas» y no meramente de sociología militar, que son las que procede debatir públicamente.
Junto con disculparme de nuevo, por no estimar adecuado acceder por ahora a sus deseos, le aseguro que seguiré con especial atención el debate público en que esa revista involucrará al sector militar de la sociedad chilena.
Saluda atentamente a Ud.,
CARLOS PRATS GONZALEZ,
general de Ejército,
Comandante en Jefe.
(*) Publicada en Suplemento de PF 182, de 24 de abril de 1973.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 779, 19 de abril, 2013