Cuando dice que los presos somos peor que el Covid 19 nos deshumaniza, nos quita toda dignidad y todo derecho de un tajo, demostrando, ahí sí, una ausencia de lógica y de humanidad maximalistas.
En las cárceles de Colombia existe un estado de cosas inconstitucional desde hace muchos años. ¿Qué significa eso? : que hay condiciones de hacinamiento, de mala alimentación, enfermedad, mal servicio medico, y para la gran mayoría de presos las posibilidades de estudio y trabajo son muy pocas. Sumado al estigma social y las consecuencias que también padecen sus familias afuera.
Todo eso genera una crisis humanitaria permanente. Toda esa angustia se vuelve más aguda con la situación de la pandemia y da lugar en todas las cárceles de Colombia a una protesta desesperada que en el caso de la modelo (el pasado 22 de marzo) se desbordó y terminó en una verdadera masacre.
Ahora, para tapar el Hecho de una cantidad de personas asesinadas y heridas, para ocultar las denuncias que se han hecho de agresiones hacia los internos posteriores a la masacre, hablan de un plan criminal de fuga.
Pero piénsese en lo siguiente: la modelo es una cárcel donde la mayoría de presos son sindicados y los que se encuentran condenados lo están por delitos menores, no serían ellos los más interesados en fugarse.
Además, si lo que dijo el fiscal (“que eso fue orientado por cabecillas de organizaciones armadas”) fuera cierto, en el supuesto plan de fuga hubieran estado personas de esas organizaciones, pero la mayoría de muertos y todos los heridos son detenidos por delitos comunes que no pertenecen a ninguna de esas organizaciones.
Por lo que las declaraciones del fiscal quedan como propaganda sin fundamento y la pregunta que surge es: ¿Se está tratando de encubrir a los verdaderos responsables de una masacre? Piénsese cómo se organizan las líneas de investigación para saber que fue lo que sucedió en la modelo y primero descubren lo que hay detrás pero lo que tienen en frente, los muertos y los heridos, no merecen ninguna investigación ni respuesta rápida y veraz.
Los presos colombianos condenados, son privados temporalmente de la libertad y los sindicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en juicio, pero condenados y sindicados (muchos inocentes en ambos grupos) seguimos siendo humanos y ciudadanos colombianos no somos una enfermedad y no podemos ser condenados a muerte por la acción u omisión del Estado. El Estado, más bien, tiene la obligación de proteger y resocializar a los detenidos, la inmensa mayoría de ellos pobres.
Las cárceles no pueden convertirse en campos de exterminio, no se puede matar o dejar morir a los privados de la libertad ni a los guardianes que comparten espacios con ellos.
Lo racional, lo humano y lo lógico es deshacinar para que la crisis no se convierta en una tragedia humanitaria peor o incontrolable. Lo que debe primar es el derecho a la vida y la resocialización, la oportunidad de sobrevivir con humanidad y dignidad.
Más en Colombia donde el concepto de «justicia» adquiere ribetes decididamente políticos.
¿De la corrupción de Odebrecht, chirajara, Reficar, saludcoop o medimas, cuantos están presos? ¿Esa «criminalidad suelta en las calles» no alarma a la sociedad?