Como en la Revolución Francesa, defiende el «todo para el pueblo y por el pueblo». Por eso pelea contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que propone eliminar los concejos, a pesar de encarnar el mejor ejemplo de Democracia directa y continua, a su juicio. Su reto: salvar las juntas vecinales […]
Como en la Revolución Francesa, defiende el «todo para el pueblo y por el pueblo». Por eso pelea contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que propone eliminar los concejos, a pesar de encarnar el mejor ejemplo de Democracia directa y continua, a su juicio. Su reto: salvar las juntas vecinales que vertebran el territorio. Su logro: dar voz a entidades de 10 siglos.
Apuesta por modernizar e incorporar a las juntas vecinales a la administración del siglo XXI, en vez de eliminarlas como propone el Gobierno. Mantiene que las pedanías son instrumentos necesarios para potenciar la economía local, vertebrar el territorio y escenificar la democracia directa. De tesón inagotable, ha aunado voluntades para asociar ya al 15% de las 1.233 juntas vecinales de León y coordinar una federación nacional que frene el ‘plan Montoro’.
– ¿Estamos ante una desamortización?
– Puede ser más peligroso que una desamortización, porque es más grave que te quiten tus bienes a que supriman tu forma jurídica. Mejor seguir vivo, aunque pobre, que dejar de existir, como Nistal, si no se cambia la ley que está en el Congreso. Además se perderían activos democráticos.
– Las juntas vecinales poseen el 55% del territorio, ¿su patrimonio es un plato apetecible?
– Sí, tienen choperas, cotos, puertos, edificios… pero los han defendido con uñas y dientes durante 10 siglos y no los soltarían fácilmente en favor de sus ayuntamientos. Por eso si la Ley prospera generaría un sinfín de conflictos. Junta y Diputación son incapaces de cuantificar esa riqueza. No hay estudios adecuados y la legislación actual beneficia a los partidos porque parte de un desconocimiento de lo que son las entidades locales menores (ELM). Los pueblos de León conservaron su patrimonio tras múltiples peleas con los Quirós, Guzmanes…. Ahora otros señores feudales, desde el despotismo y otros palacios, intentan quitarles su riqueza.
– Se han mantenido 10 siglos, ¿están obsoletas?
– En medios, sí. En Castilla y León ha habido una especie de pacto para dejar al margen de los procesos de modernización administrativa a las ELM, incluso durante muchos años no se les exigió que cumplan la legalidad y presentaran sus cuentas, algo que deben realizar. Algunos pedáneos sin acceso a las plataformas tecnológicas se quedan tranquilos al pensar que el SAM gestiona los datos que llevaron al servicio, pero comprueban que no han llegado al Ministerio. Algo falla.
– Sin las ELM ¿se vertebra bien León?
– No. Un elemento muy grave ahora mismo en la provincia es que hace falta una adecuada gestión del territorio, y no se logra sin un Gobierno participativo en los pueblos, como se había hecho toda la vida a través de los concejos. Ha habido un proceso de desafectación de los vecinos de los pueblos de la gestión de sus bienes y servicios que interesa a los partidos políticos.
– ¿Es partidario, entonces, de darlas más autonomía?
– Sí para gestionar conflictos, servicios y patrimonio, no solo sus cuentas. Las mancomunidades y diputaciones alejan su derecho de decisión. Y hasta que no se vuelvan a tomar acuerdos en los pueblos, que poseían reglamentos sobre disputas con el ganado, las cortas…, se seguirá acabando en los juzgados.
– ¿Por qué quiere el Gobierno suprimirlas?
– Por desconocimiento de su implantación y porque carecían de representación a nivel estatal para defender sus intereses, lo que ha permitido que La Ley de Racionalización llegue hasta el Congreso. Para el legislador madrileño las ELM representan una realidad muy ajena. Cuando la Federación de Concejos aportó enmiendas, los grupos parlamentarios las acogieron y entendían que eran razonables.
– ¿Es optimista, se puede salvar a las juntas vecinales?
– Confiamos en ello. Están ante la tormenta perfecta: crisis económica, despoblación, menos votos. Los partidos políticos lejos de buscar el interés global, diseñan las administraciones para que primen sus estructuras de poder. Quedan dos meses, si el PP acepta nuestras enmiendas, las ELM continuarán. Si no, recurriríamos hasta los tribunales europeos.
– ¿Qué han logrado?
– Montar unas estructuras de defensa que no existían, coordinar el trabajo de las federaciones del Norte y poner en marcha una web. Sin interlocutores no se oirá a las juntas. Un ‘sindicato’ vertical no funciona, porque el jefe del ayuntamiento o de la Diputación no te defenderá igual al chocar intereses y competencias. Los alcaldes tienen que defenderse por sí mismos. Representan a unas juntas mayores de edad, aunque hasta hace poco, otras administraciones no los recibieran sin su alcalde, algo inconstitucional. También hemos logrado que Castilla y León aborde el problema de los secretarios de las pedanías, sin resolver desde 1998.
– ¿Los pedáneos tienen libertad para unirse o siguen instrucciones de sus partidos?
– Hasta ahora no se habían percatado de que es absolutamente necesario unirse para defender los intereses de los pueblos frente a ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. En las comunidades con organizaciones de concejos fuertes (Asturias, Álava) se ha decidido en su favor. En León hay una clara y soterrada oposición de los partidos mayoritarios que recomiendan a sus pedáneos que no se asocien. Aquí, el PSOE recomendó que no se federen y algún diputado del PP llamó a sus pedáneos para lo mismo. Al contrario que en otras autonomías y provincias de esta comunidad, aquí no apoyan a las organizaciones de ELM.
– ¿Es compatible defender León, cuna del parlamentarismo y no a los concejos?
- No tiene sentido defender la cuna del parlamentarismo y cavar la tumba de uno de sus pilares: los concejos, cuyo peso hizo que en las Cortes de 1188 se incluyera a representantes civiles. Actualmente se están aprobando las subvenciones para los pueblos sin tener en cuenta la opinión de los vecinos, como ocurre en Picos. En la Edad Media, varias ‘familias’ que aspiraban al reparto de poder decidían las cosas, al igual que ahora, pero desde otros palacios. Además, es ir a contracorriente, las democracias avanzadas están luchando ahora por fortalecer las competencias de sus ELM. Inglaterra, por ejemplo, destina una partida importantísima para sus Local Councils, porque ven que asuntos como jardines, la parada del autobús, el agua, bibliotecas se gestionan mejor implicando a los vecinos que los van a usar. Vamos, lo que León instauró hace 10 siglos y está en riesgo.
– ¿Qué repercusiones tuvo la manifestación del día 20?
– Quedó clara la unión de las organizaciones del Norte desde Álava a Galicia y el claro despiste de los partidos que no han dado a conocer sus planteamientos respecto a las ELM en León. Hemos recibido apoyos de las diputaciones de Burgos, Valladolid, Soria, Ávila… pero la de León ni nos ha recibido, a pesar de que presidimos la federación estatal. Vamos también a pelear que las subvenciones para juntas vecinales se tripliquen. Es una miseria que la Diputación provincial, cuya función es apoyar a los pueblos, dedique de uno a dos millones a las ELM. Por lo menos deben recibir cinco.
– ¿Es contrario a las diputaciones?
– Prefiero que funcionen de otra forma. En vez de ejercer un control político o administrativo sobre el territorio, deben prestar ayuda a los pueblos y municipios. Al manejar dinero público, tendrían que consultar a las pedanías qué necesitan, ya que las decisiones deben adoptarse contando con los vecinos.