‘ Comunicados de prensa El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, llamó la atención del país y de los organismos defensores de derechos humanos sobre la crítica situación que se vive en los departamentos del Cauca, Nariño y Meta, regiones donde se vienen presentando manifestaciones públicas y se han producido enfrentamientos con la fuerza pública. […]
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, llamó la atención del país y de los organismos defensores de derechos humanos sobre la crítica situación que se vive en los departamentos del Cauca, Nariño y Meta, regiones donde se vienen presentando manifestaciones públicas y se han producido enfrentamientos con la fuerza pública. Hasta la fecha, se ha registrado la muerte de un indígena en el Cauca y se estima que hay más de 50 heridos, algunos de gravedad. Por ello, condenó la muerte del líder indígena en La María -Cauca y solicitó, de la Fiscalía General de la Nación, el adelanto inmediato de la investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos y de los responsables.
El Defensor del Pueblo reiteró el llamado al Gobierno nacional para que dé cumplimiento a los acuerdos con las comunidades indígenas en el Cauca; así mismo, insistió en la urgente presencia de autoridades del nivel nacional, con el propósito de evaluar el nivel de cumplimiento de acuerdos firmados con anterioridad y definir programas de desarrollo alternativo para la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Las manifestaciones pacíficas de las comunidades son una expresión legítima del derecho a la protesta, sin que ellas afecten el interés general, afirmó el Defensor del Pueblo. Advirtió que el uso de la fuerza debe estar sujeto a las limitaciones previstas en la Constitución y la ley. Por ello, hizo hoy un llamado al Gobierno nacional y a los voceros de las comunidades indígenas y campesinas, para que se construya un escenario de diálogo entre voceros de las comunidades indígenas y representantes del Gobierno nacional que permita adoptar las medidas y los mecanismos que garanticen de manera eficaz los compromisos que se han venido asumiendo.
«Las posturas radicales nos acercan peligrosamente a situaciones de fuerza que nadie desea y que todos rechazamos, por lo que hay que salvaguardar los derechos de las comunidades que protestan, los de aquellos que requieren movilizarse y no pueden hacerlo, con el fin de evitar que se continúen acentuando los efectos negativos que ya se reflejan con denuncias sobre heridos, golpeados y retenidos por enfrentamientos entre las partes», señaló el Defensor.
Situación en Nariño
Según información recibida por la Defensoría del Pueblo en Nariño, desplazamientos masivos generados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y de éstos con la fuerza pública, y el aumento de las fumigaciones en el departamento, han generado movilizaciones sociales en varios municipios de la costa norte del departamento.
En el municipio de Taminango, en el sitio conocido como Remolino, donde se presenta la mayor concentración social, hay en este momento aproximadamente 47 retenidos y se calcula en más de 67 los manifestantes heridos
Situación en el Cauca
Simultáneamente hay comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas agrupadas en el territorio de La María, en Piendamó – Cauca, en lo que han denominado «Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales». Reclaman mayor atención de entidades del Gobierno nacional, el cumplimiento de acuerdos firmados con anterioridad, la presencia de autoridades nacionales, reforma agraria integral, detener las fumigaciones y libertad para los retenidos en estas protestas, entre otros.
La Defensoría del Pueblo viene haciendo presencia en la zona. Los Defensores Regionales del Cauca y Nariño, siguiendo instrucciones del Defensor nacional, han adelantado las gestiones correspondientes ante la fuerza pública, representantes del Gobierno y los voceros de las comunidades indígenas, para que a través del instrumento del diálogo, se pueda superar la problemática que viven las comunidades indígenas y que ha ocasionado el conflicto que se ha presentado. Una comisión de defensores públicos ha sido designada para que asistan judicialmente a las personas privadas de la libertad.
Del mismo modo, insta a los funcionarios públicos a no estigmatizar a las comunidades indígenas y campesinas que promueven y adelantan la protesta.