Mientras en Bogotá finalizaba con éxito el XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Cali se reunieron el pasado 12 de Septiembre Organizaciones, Abogados y activistas Defensores de los Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano con la Relatora Especial de la ONU sobre la […]
Mientras en Bogotá finalizaba con éxito el XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Cali se reunieron el pasado 12 de Septiembre Organizaciones, Abogados y activistas Defensores de los Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano con la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, la Magistrada Ugandesa Margaret Sekaggya, con el objeto de conocer las denuncias y sugerencias de los Defensores de los Derechos Humanos y escuchar a la Delegación de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego que ella se reuniera previamente con las Instituciones del Estado Colombiano, para que posteriormente este Ente Internacional pueda presentar el Informe sobre la grave situación que afrontan las personas y organizaciones defensoras de los DDHH en este país suramericano.
Por la ONU además de la doctora Margaret Sekaggya, participaron el Doctor Daniel Atchebro Coordinador de la OACNUDH, Laia Valls, Marta Herrero, Sheila Shermet y Guillaume Pfeifllè, entre otros, y por los Defensores de Derechos Humanos el Doctor Athemay Sterling Director del CPDH-Valle, Marta Arizabaleta de la Ruta Pacìfica de Mujeres, Alberto Bejarano asesor del Senador Alexander López, César Díaz del Observatorio de DH, la Psicóloga Milena Olave del Cpdh, la Abogada Krupscaia Sterling del Grupo Palenque de la Universidad Santiago de Cali, el Jurista Jaime Sànchez de ANDAS, Indígenas desplazados asentados en Cali, representación de Organizaciones Afro de Nariño, Cauca y Valle, la Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes, Ángel Tovar de Sintraemcali, Alex Gue, Marta Ascuntar, Álvaro Sepúlveda, representantes LGTB, de la CUT, sindicales y campesinos de Cauca, Putumayo, Valle y Nariño, estudiantes universitarios, mujeres y viudas, cerca de cien personas, quienes en sendas intervenciones denunciaron los hostigamientos, amenazas, montajes judiciales, atentados, persecuciones, seguimientos, detenciones arbitrarias, destierros que han sufrido por el solo hecho de cumplir los postulados constitucionales de la defensa de los derechos humanos.
Se exigió que el Estado Colombiano a través de sus Instituciones cumpla lo que ha pactado internacionalmente para respetar el trabajo que las organizaciones y defensores de los Derechos Humanos en Colombia implementan en procura de la solución política al actual conflicto social y armado colombiano. Además se insistió para que cese la criminalización que mediante montajes judiciales impulsan algunos operadores judiciales contra abogados y activistas defensores de los derechos humanos a quienes se les estigmatiza y penaliza arbitrariamente, unas veces, y otras oportunidades asesinándoles, desplazándoles, desapareciéndolos y ejecutándolos extrajudicialmente como fue el caso del abogado santiaguino y defensor de Derechos Humanos Fernando Cruz a quien se le recordó por parte de unos asistentes a este encuentro.
También se instó para que oficiosamente se precluyan las investigaciones y se archiven los procesos donde mediante montajes y falsas imputaciones se penalizan las actuaciones de abogados y activistas defensores de los derechos humanos, pues al decir de los asistentes: «…en Colombia, ser defensor de derechos humanos es un trabajo peligroso e incluso mortal…»
La Delegación de la ONU recibió con suma preocupación estas denuncias y se comprometió a rendir su informe luego de evaluar tanto lo ahí planteado como la versión de los representantes gubernamentales, que fue trasmitida por la Señora Relatora a los ahí presentes, quienes por último indicaron que el solo hecho que la ONU haya enviado la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos a Colombia, es ya una sanción al Estado Colombiano, y también se afirmó que la existencia de una campaña internacional y nacional para defender a los defensores de los derechos humanos es síntoma de la gran catástrofe humanitaria y social que se vive en Colombia.