En deuda con los electores que votaron por la paz, quedó el presidente Santos, en el discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado 20 de julio. Se dedicó a defender su primer mandato y a reiterar posturas contradictorias sobre la paz, sin presentar los proyectos concretos, para construir la paz con […]
En deuda con los electores que votaron por la paz, quedó el presidente Santos, en el discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado 20 de julio. Se dedicó a defender su primer mandato y a reiterar posturas contradictorias sobre la paz, sin presentar los proyectos concretos, para construir la paz con equidad y justicia social.
Santos iniciando su campaña electoral, centró su oferta de Paz total, diciendo que «es mucho más que silenciar los fusiles» y precisó que «la paz total es erradicar la miseria en los próximos diez años, ser el país más educado de América Latina en el 2025, abolir el déficit de vivienda y que los pobres tengan techo propio, y convertir el campo en polo de desarrollo».
Después de perder la primera vuelta de las elecciones, Santos ganó la presidencia con el apoyo de importantes sectores sociales, de izquierda y democráticos que se manifestaron por la paz y contra el guerrerismo del ex presidente Uribe y sus seguidores. Así, el segundo gobierno de Santos debe cumplir este mandato para construir la paz.
El presidente para congraciarse con Uribe, reiteró que «la paz que buscamos es, en esencia, la misma» y para ello alardeó con la cantidad de mandos guerrilleros que han matado y con el plan de incremento de tropas. Con lo que demuestra que la Paz total la siguen midiendo con «charcos de sangre» y con el aumento de soldados y policías, que es la misma política que ejecutó, cuando era Ministro de guerra de Uribe.
Si «la paz es el valor supremo de toda sociedad y en su construcción cabemos todos», no se ve aún un proyecto de ley que la convierta en política de Estado, para que deje de ser una retórica electoral, que cada mandatario cambia a su amaño.
Los proyectos de ley que si aparecieron fueron los dedicados a profundizar el modelo neoliberal de despojo de Bienes comunes, que incluye baldíos y la Altillanura, y los que van a seguir privatizando Empresas estatales productivas y servicios públicos fundamentales; todo en beneficio del capital, especialmente el transnacional.
La anunciada reforma política se quedó en ajustes como el de eliminar el voto preferente, mantener el sistema excluyente de representación y participación política, y la exclusividad de las listas cerradas. Alargar la duración del gobierno es una medida que favorece a los barones electorales y a sus clientelas, parásitos de las administraciones públicas.
El régimen ratifica que la paz consiste en acabar con el conflicto armado y mediante la desmovilización de las guerrillas, pasar al post conflicto, para optimizar «la prosperidad para el capital». Con lo que siguen desconociendo que el conflicto armado es producto del conflicto económico, político y social.
Los conflictos son parte inherente de la vida de las sociedades, mucho más en Colombia, en donde tenemos diversidad de pueblos, culturas, regiones y clases sociales. Los cambios que se necesitan deben configurar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, donde los conflictos se resuelvan en forma política, sin necesidad del uso represivo de la violencia y para alcanzar esto, se requieren cambios estructurales. Porque la oligarquía se ha acostumbrado a desconocer el conflicto social y la oposición política, y siempre les ha dado un tratamiento militar para eliminarlas.
La paz no es la ausencia de conflictos, sino el tratamiento político de ellos. Por esto nunca existirá un post conflicto.
Está por verse si el 7 de agosto, en el discurso de posesión para el segundo mandato, Juan Manuel Santos le presenta a Colombia y al mundo, cómo es que piensa construir la paz.