Los cruentos años de guerra que tuvo que enfrentar Colombia, dejaron una estela de víctimas en casi todas las regiones del país. Viudas, huérfanos, mutilados y desplazados que, para salvar sus vidas ante el acoso de los violentos, tuvieron que abandonar sus tierras, sus sueños, sus esperanzas. En esos años -que todos quisiéramos olvidar- por […]
Los cruentos años de guerra que tuvo que enfrentar Colombia, dejaron una estela de víctimas en casi todas las regiones del país. Viudas, huérfanos, mutilados y desplazados que, para salvar sus vidas ante el acoso de los violentos, tuvieron que abandonar sus tierras, sus sueños, sus esperanzas. En esos años -que todos quisiéramos olvidar- por cuenta de la confrontación armada, se intensificó el despojo de tierras a los campesinos.
Los actores armados ilegales -guerrilleros, paramilitares y hasta narcotraficantes- en diversas zonas del país, además de causar dolor a sus víctimas y que estas engrosaran los cinturones de marginalidad y miseria en medianas y grandes ciudades, también alimentaron esa cadena de odios de la que se suple el conflicto social y armado en el país.
Pasaron muchos años en los que pareciera que este Estado -muchas veces indolente- decidiera por fin ocuparse de esa «bomba» social generadora de más violencia y desarraigo. Fue así como -gracias en gran parte al concurso y presión de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, entre otras- nace la «Ley de víctimas y restitución de tierras».
Una herramienta creada para ayudar y reparar integralmente a quienes han sufrido por causas del conflicto y devolverles esos territorios que un día tuvieron que abandonar.
«Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna».
Es decir que «La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición»1.
Fue el 10 de junio de 20112, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley de Víctimas y restitución de Tierras, según la cual, el Gobierno Nacional dispone de medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, para los afectados a partir del 1 de enero de 1985.
Cabe recordar que esta ley fue promulgada en el Gobierno de Juan Manuel Santos, con el objetivo de reconocer los derechos de los colombianos afectados por los diferentes actores del conflicto armado colombiano y de los derechos que tienen a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
La ley ya cumplió 8 años y aunque -desafiando cantidad de obstáculos- ha tenido grandes logros, aún falta mucho por hacer, faltan muchas decisiones por tomar y, sobre todo, son muchas las familias enteras que aún esperan que sus derechos y sus tierras -despojadas por la violencia- les sean resarcidos y devueltos.3
Algunas cifras
Según la Unidad de Restitución de Tierras hasta el momento, los jueces de restitución han producido 3.822 sentencias, con las que se han entregado -restituido- 290.911 hectáreas a 36.947 campesinos y comunidades étnicas. Recordemos que la ley tiene hasta el año 2021 para estudiar los reclamos y solicitudes que lleguen y para que los jueces ordenen la devolución de las tierras que, como resultado de las investigaciones, sea necesario devolver.
Al finalizar los últimos días de gobierno del presidente Santos, se estaban estudiando alrededor del 80 % de todos los reclamos de cuyos resultados salieron 800.000 hectáreas en limpio que fueron entregadas a los jueces, de las que 300.000 ya han sido entregadas a las víctimas (las otras 500.000 aún están en manos de los jueces).
Panorama en la era Duque
En días pasados la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, desde siempre fuerte opositora de la Ley de víctimas y restitución de tierras, radicó un proyecto de ley con el objetivo de «corregir» -según ella- los vacíos, que, a su parecer, tiene la Ley 1448 de 2011, más específicamente, en lo que tiene que ver con el manejo de las tierras.
La senadora Cabal, explicó que la Ley tiene vacíos que han permitido que falsas víctimas despojen de las tierras conseguidas en actos de buena fe a los propietarios reales y actuales. La iniciativa busca, además, que la restitución de tierras tenga una segunda instancia judicial, a la que el opositor pueda apelar. «En el ordenamiento jurídico internacional todos los procesos deben tener doble instancia y aquí no la hay, lo que ha ocasionado que se cometan injusticias», señaló la senadora por el Centro Democrático.
Lo cierto del caso es que como van las cosas, la Ley de víctimas y restitución está en serio peligro, algunos analistas consideran que, con este proyecto, la Cabal busca proteger a los empresarios o particulares que ocuparon tierras que en su momento fueron despojadas a las víctimas del conflicto.
Recordemos que la flamante senadora del Centro Democrático ha señalado -en varias ocasiones- a los reclamantes de tierras como «vagos y bandidos que no les gusta trabajar».
Preocupa lo que está pasando y preocupa aún más el silencio del gobierno Duque, pues aquí está en juego -además de la restitución y el reconocimiento legítimo de los derechos de las víctimas quebrantados por la violencia- la pobreza de los campesinos colombianos.
Recordemos que, según cifras del mismo gobierno, el 77 % de la tierra en Colombia está en manos del 13 % de los propietarios y 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas a los campesinos por los violentos. Con la violencia, 17.2 millones de hectáreas productivas en donde podrían trabajar los campesinos están siendo subutilizadas por los grandes propietarios. Sin tierras, los campesinos se han visto obligados a trabajar en condiciones precarias: el 60 % del empleo rural es informal, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura.
Corresponde a la sociedad civil -como siempre- a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional proteger y vigilar para que se cumpla la ley y, de paso, recordarle al gobierno del presidente Duque que los compromisos adquiridos hay que respetarlos, ¿será que es capaz de entenderlo?
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23536