El pasado lunes, 11 de enero de 2010, a menos de una semana de la segunda vuelta electoral (celebrada el 17 de enero) que enfrentó al candidato de la concertación, el centro-derechista Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien ya gobernara Chile entre 1994 y 2000- y al empresario multimillonario derechista Sebastián Piñera, y de la que resultó […]
El pasado lunes, 11 de enero de 2010, a menos de una semana de la segunda vuelta electoral (celebrada el 17 de enero) que enfrentó al candidato de la concertación, el centro-derechista Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien ya gobernara Chile entre 1994 y 2000- y al empresario multimillonario derechista Sebastián Piñera, y de la que resultó ganador este último, tuvo lugar la inauguración del Museo de la Memoria, un proyecto liderado por la presidenta Michelle Bachelet -víctima de la represión ella misma- cuya finalidad es dar cuenta de las atrocidades cometidas, de forma sistemática y generalizada, durante la dictadura militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. A su inauguración asistió, invitado por la Presidencia, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que sin embargo se hospedó en casa de Piñera y aprovechó para manifestar su apoyo al candidato de la oposición y a la Coalición por el Cambio a la que éste representa[1]. Y parece que la adhesión a Piñera es una cuestión de familia, pues no hay más que ver la lisonjera «Carta abierta»[2], que le dirige el hijo del escrito, Álvaro Vargas Llosa, quien es un difamador furibundo de los gobiernos de centro-izquierda e izquierda del continente y quien justificó y legitimó el golpe de Estado en Honduras del 28 de junio de 2009[3].
Las malas compañías…
Que el escritor de pensamiento neoliberal[4] y acciones afines a los intereses de las clases dominantes adhiriera a la campaña de Piñera no es ninguna hipocresía, sino la consecuencia lógica de su trayectoria política, ampliamente conocida por todos y reconocida por él mismo quien detenta entre sus amigos a los ex presidentes neoliberales fascistas José María Aznar (Estado español) y Francisco Flores (El Salvador). Lo que sí resulta un acto máximo de hipocresía es que el Gobierno de Bachelet -que, supuestamente, está haciendo justicia (simbólica, porque la real va aún más lenta) con este acto de recuperación y reconocimiento de la memoria histórica-, invite para la inauguración del Museo a alguien de semejante perfil que, además, viene a apoyar a un representante del pinochetismo.
Que, además, se haga acompañar en el acto de inauguración por los tres ex presidentes de la Concertación -Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006)- quienes, quien más quien menos, apostaron durante sus cogobiernos con la derecha, por dejar las cosas como estaban, para abonar a la «reconciliación» del país y garantizar su propia tranquilidad y la continuidad de su coalición en el «poder». Más ofensivo resulta todavía que el nuevamente candidato de la Concertación en las pasadas elecciones -Eduardo Frei Ruiz-Tagle- estuviera presente en dicho acto cuando, mientras fue Presidente, se negó sistemáticamente a recibir a las asociaciones de familiares de detenidos-desaparecidos[5] e hizo hasta lo imposible para que al dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres, le fuera permitido regresar a Chile.
Para ello apeló, en primer lugar, a la inmunidad diplomática de que gozan todos los parlamentarios en Chile y, por lo tanto, el dictador en calidad de senador vitalicio, cargo que él mismo se otorgó en su Constitución de 1980 (aceptada y refrendada por la Concertación y que, salvo modificaciones menores, permanece intocable) y del que comenzó a hacer uso a partir del 10 de marzo de 1998, cuando abandonó su puesto como comandante en jefe del Ejército; y, en segundo lugar, al principio de no extraterritorialidad de la justicia que, según el Presidente, estaba siendo violado porque los actos cometidos en Chile por chilenos debían ser juzgados por los tribunales de justicia de este país. A pesar de que el sentido común más elemental hace ver la contradicción flagrante entre ambas condiciones y que el dictador nunca podría ser juzgado en Chile mientras previamente no se le privase del fuero parlamentario del que gozaba de por vida, Frei Ruiz-Tagle cumplió el compromiso que había adquirido con los militares, desconociendo, implícitamente, el carácter de crímenes de lesa humanidad de los horrores cometidos durante la dictadura de Pinochet y que, por lo tanto, deben ser susceptibles de ser perseguidos y juzgados en cualquier lugar porque, por su naturaleza aberrante, injurian (lesionan), a toda la Humanidad, sin prescribir jamás; y defendiendo la Constitución de 1980, la calidad de ex Presidente de la República y la de senador vitalicio de Augusto Pinochet.
Además, apelaba a la situación humanitaria y a las delicadas condiciones de salud de aquél[6]. Sin embargo, cuando Pinochet finalmente regresó a Chile, se demostró que ni existía la voluntad política de que el dictador enfrentara su responsabilidad por los crímenes cometidos durante los casi 17 años en que gobernó Chile a sangre y fuego, ni la justicia lo iba a someter a su potestad, ni sus condiciones de salud eran tan delicadas como se afirmaba; eso sí, siguió haciéndose pasar por «loco», renunció a su cargo de senador vitalicio aunque adquirió un nuevo fuero como ex Presidente[7], encontrando una muerte natural y tranquila sin nunca haber sido juzgado y condenado por los miles de ejecutados, detenidos-desaparecidos, torturados, perseguidos, relegados, exiliados, etc. que dejó por saldo su dictadura.
El candidato «blanqueado» de la derecha pinochetista
He aquí otra hipocresía. Que Sebastián Piñera haga aspavientos de su trayectoria intachable con respecto a su proceder durante la dictadura militar (algo que está en disputa en relación con su rápido enriquecimiento, aprovechando probablemente las «ventajas» derivadas del hecho de tener a un hermano suyo -José Piñera- como Ministro de Trabajo, primero, y de Minería, después, de Augusto Pinochet; lo cual, por otra parte, pone en duda su supuesta independencia de la dictadura militar, porque lo mínimo que hubiera ameritado ese hecho es el distanciamiento categórico de su hermano y la reprobación explícita del papel jugado por aquél en la dictadura de Pinochet), y fundamente su «calidad democrática» en el hecho de haber votado «no» en el plebiscito de 1988 para decidir la continuidad o no de Augusto Pinochet en el poder, resulta cuando menos contradictorio al contrastar estas afirmaciones con la ideología de los sectores a los que representa (militantes y simpatizantes de Renovación Nacional y de la Unión Democrática Independiente). Además de que no hay que olvidar que también Sebastián Piñera, cuando Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, hizo un encendido discurso defendiendo al ex dictador[8], compartiendo los argumentos con el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Y es que por muy presidencialista y personalista que sea el poder político en Chile, uno tiene que saber que cuando el Presidente ocupa el Gobierno de la República no llega solo sino con el apoyo de ciertos sectores que funcionarán inevitablemente, en el futuro gobierno, como fiscalizadores de las acciones del Presidente. Así pues, uno no puede entender la candidatura de Sebastián Piñera como la candidatura de un hombre solo sino como la expresión del proyecto de nación y de sociedad de un amplio sector de la sociedad chilena: el de los antiguos pinochetistas y de los nuevos derechistas.
Esa contradicción se puso de manifiesto cuando el aún candidato fue interrogado sobre la posibilidad de que ex miembros de la dictadura fueran incorporados a su gabinete presidencial. A lo que Piñera respondió -corrigiendo las primeras declaraciones del coordinador general de su campaña Rodrigo Hinzpeter en las que había cancelado absolutamente esta posibilidad- que consideraba que «el hecho de haber trabajado para un gobierno, incluyendo el gobierno militar, no es pecado, ni es delito» y que «el gobierno militar terminó hace 20 años, es historia, es pasado, nuestro gobierno va a ser un gobierno de futuro»[9]. He aquí la consideración que le merece al futuro presidente de Chile el período de la ominosa dictadura. En una lógica absolutamente absurda pareciera que pudieran separarse las acciones económicas y/o técnicas de la dictadura de sus funciones represivas y aniquiladoras de ciertas expresiones sociales y políticas y de las personas que las representaban.
Justamente, el diputado Alberto Cardemil -uno de los principales partidarios de la dictadura militar y subsecretario del Interior de la misma- se manifestó totalmente de acuerdo con Piñera, entendiendo que es necesario colaborar desde la segunda línea aunque no veía que en las declaraciones del candidato hubiera «un veto para nadie. Son personas muy calificadas, éticamente impecables, son de lo mejor que tiene Chile, pero aquí Piñera ha tomado una opción política lógica»[10].
Por otra parte, Piñera habló de futuro que, en su discurso, equivaldría a decir amnesia histórica, porque edifica ese futuro en el no reconocimiento -o menoscabo- de los crímenes cometidos por los esbirros de la dictadura y por todos aquellos que aún sin representar cargos dentro del entramado institucional del gobierno dictatorial simpatizaban o hacían la vista gorda ante los vejámenes, persecuciones, torturas, desapariciones, asesinatos, etc. cometidos por aquéllos. Nadie, con un argumento mínimamente serio -y después de conocer la amplia labor de denuncia de la Vicaría de la Solidaridad, de las asociaciones de presos y de detenidos-desaparecidos y del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, entre otros- puede afirmar que desconocía la labor represiva y exterminadora de la dictadura militar. Más que un cambio como afirma el lema de la Campaña de Sebastián Piñera, me inclino a pensar que estamos ante «otro de los ‘momentos estelares’ en la ruta al desarrollo, pues devuelve al país a la senda de libertad iniciada el 24.4.75» aludiendo a la gran «revolución liberal» desplegada «entre 1975 y 1995», como lo ha afirmado el propio hermano del futuro Presidente de Chile[11].
La infamia dentro del Museo
Quienes supuestamente se proponen honrar a las víctimas de esa dictadura (el gobierno de la Concertación con la presidenta Bachelet al frente) reúne en el mismo lugar a víctimas y verdugos. En el Museo de la Memoria, entre las «víctimas» de los «abusos a los derechos humanos» cometidos durante la dictadura militar, se podrán leer -de acuerdo con lo declarado por la asesora presidencial de Derechos Humanos[12]- los nombres de los escoltas de Pinochet -que fallecieron en el lamentablemente frustrado atentado contra el dictador-, así como los del coronel Roger Vergara[13] y del general y ex intendente Carol Urzúa[14], o del dirigente poblacional de la UDI, Simón Yévenes[15]. La justificación de tal inclusión está en el hecho de que dichas muertes (en «atentados» y «actos de terrorismo») fueron consideradas resultado de la «violencia política», por el informe Rettig[16] y por el informe Valech[17]. Efectivamente, en lugar de subsanar el error que cometieron quienes elaboraron dichos informes, el Gobierno se propone ratificarlos.
¿»Actos de terrorismo»? Sí, para los defensores de la dictadura -y para los actuales gobernantes- las manifestaciones «violentas» de la lucha por la liberación de un pueblo constituían actos de terrorismo. Esa «violencia» es, sin embargo, el arma más extrema con la que contaban los sectores dominados para oponerse a la dictadura; hacían uso de ella legitimados por el respaldo de amplias capas de la sociedad que estaban sometidas a la brutalidad de la acción militar, policial y económica del gobierno militar, y en definitiva, recurrían a la coacción como una forma de defender su vida. Por su parte, la dictadura militar hizo uso, de una manera desproporcionada y atroz, de la violencia de las armas, violencia ilegal -aunque con pretensiones de legalidad otorgadas a través del improcedente entramado normativo con que se pretendieron cubrir sus acciones de rapiña y crimen- e ilegítima, pues la dictadura nació de un golpe militar que echó por tierra los principios democráticos y constitucionales en los que se había basado hasta el momento la institucionalidad chilena y que eran respaldados por la gran mayoría de la población.
Para mayor escarnio -si esto es posible- integraran el directorio de la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos dos connotados representantes de la derecha chilena: Arturo Fontaine y Óscar Godoy[18]. Parafraseando al recordado poeta Mario Benedetti, si de recuperar la memoria de las violaciones cometidas contra los sectores populares y de izquierda durante la dictadura militar se trata, deberíamos hablar de «izquierdos humanos»; en caso contrario ya está bien referirse a los «derechos humanos», porque, como vemos, hay muchos representantes del «lado derecho». Alguno que otro analista político -como Guillermo Holzmann- nos diría que representamos posiciones obsoletas, como aquél que en relación con la adhesión de reconocidos votantes de la Concertación a la campaña de Sebastián Piñera, afirma: «Ambos reconocen que la confrontación entre derecha e izquierda no es válida en el siglo XXI»[19]. Efectivamente, la distinción no es válida cuando se trata de la diferencia entre dos candidatos de derecha: como señala el historiador Gabriel Salazar, la Concertación administró con «fe neoliberal» la herencia de la dictadura[20].
– Mónica Iglesias, licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona y estudiante de la Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México; [email protected].
[1] http://www.latercera.com/contenido/674_215451_9.shtml
[2] http://independent.typepad.com/elindependent/2010/01/carta-abierta-a-sebastián-piñera.html
[3] http://peru21.pe/impresa/noticia/honduras-golpe-zelaya/2009-07-04/250642
[4] Ver su capítulo en el libro El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina (compilado por Barry B. Levine, Barcelona-México, Grupo Editorial Norma, 1992), una entusiasta apología del mercado.
[5] http://www.elmundo.es/1999/09/28/internacional/28N0008.html
[6] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=156873
[7] http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=411096
[8] http://www.youtube.com/watch?v=h0T4UijqSjQ&feature=related
[9] http://www.europapress.es/latam/chile/noticia-chile-pinera-dice-no-pecado-delito-haber-trabajado-augusto-pinochet-20100108201447.html
[10] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/01/09/pinera-reitera-que-incluiria-ex-personeros-de-la-dictadura-en-su-gobierno/
[11] http://saladehistoria.com/wp/2010/01/18/la-opinion-de-jose-pinera/
[12] http://latercera.com/contenido/674_215451_9.shtml
[13] El teniente coronel Roger Vergara era, en el momento de su ejecución (15 de julio de 1980), director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, uno de los aparatos represivos de Pinochet; su ajusticiamiento se le atribuye al MIR, sin embargo esta organización no reivindicó la acción y las causas de su muerte permanecen sin esclarecer: se especula que pudiera haber sido asesinado por miembros de otros servicios de inteligencia, concretamente de la ex-DINA, y vinculados al Coronel Contreras, porque al parecer Vergara estaría investigando un supuesto fraude relacionado con aquél. En este sentido se interpretaron las declaraciones del general Odlanier Mena -a la sazón de la CNI, sucesora de la DINA- quien afirmó que el asesinato del coronel Vergara escapaba del «criterio de actuación del MIR». http://www.voltairenet.org/article141462.html.
[14] El general Carol Urzúa, intendente de Santiago fue ajusticiado por el MIR el 30 de agosto de 1983.
[15] Simón Yévenes murió por un disparo el 2 de abril de 1986; era un comerciante y militante de la UDI, al que ésta ha convertido en su mártir poblacional. Yévenes era presidente de la población La Castrina y conocido entre los pobladores como un «sapo», es decir, un delator, confidente de las fuerzas represivas, que solía disparar contra los pobladores y también llegó a hacerlo contra los periodistas. La represión después de la muerte de «El Sapo» -como le apodaban- fue inmediata en «La Castrina»; se allanaron varias casas, los pobladores fueron primero golpeados en la población, y después detenidos y torturados (Apsi, del 21 de abril al 4 de mayo 1986, p. 20). Es interesante recordar que la UDI ha desempeñado, desde su fundación, una importante labor de penetración en los sectores poblacionales; organizó en 1983 un departamento -«poblacional»- para luchar contra la «acción clerical marxista» en las poblaciones. Pablo Longueira -primer presidente del «Departamento Poblacional»- explicaba en qué consistía su labor: «Se trata de advertirles a comerciantes, feriantes y pequeños propietarios, que cuando uno es atacado, se tiene que defender con lo que tenga» (Análisis Nº 115, del 5 al 12 de noviembre de 1985, p. 14). Según la mayoría de los pobladores, los de la UDI les prometían trabajo en el POJH o pagarles las deudas de luz y agua, llevarles mercadería mensualmente o facilitarles un sitio o una casa, pero «eso es tener activistas a sueldo», afirmaban; y coincidían en señalar que en las protestas, «los de la UDI son los que hacen los destrozos» (Análisis Nº 115, del 5 al 12 de noviembre de 1985, p. 15).
[16] El Informe Rettig (Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990), publicado en 1991, que documentó 3.195 casos de personas asesinadas por la dictadura, de los cuales 1.183 correspondían a detenidos-desaparecidos, consignaba como «algunas formas de violación de los Derechos Humanos» la situación de los «detenidos-desaparecidos», las ejecuciones, el uso indebido de la fuerza, las muertes en horas de toque de queda, los abusos de poder, la tortura y los actos terroristas. Entraban dentro de esta categoría aquellos hechos como «atentados contra víctimas indiscriminadas, como ser la colocación de explosivos en un lugar frecuentado por el público o el derribamiento deliberado de cables de alta tensión con la intención de (o sin importar que) mueran electrocutados vecinos o transeúntes», así como «los ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro, en contra de agentes del Estado [la negrita es mía]». Es decir, «el mundo al revés», quienes actuaban en nombre de un Estado terrorista, cometiendo toda clase de injusticias y crueldades, atentados contra la dignidad de las personas, eran señalados como víctimas de la acción de los oprimidos, que eran convertidos en victimarios. Otra explicación sólo sería posible si reconociéramos el carácter de legalidad y de legitimidad del Estado dictatorial implantado después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 o si le atribuyéramos esas cualidades a raíz de las invenciones jurídicas creadas por los usurpadores para legitimar lo ilegítimo.
[17] La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada en 2003, por el presidente Ricardo Lagos, con la finalidad de determinar quiénes fueron los/las que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, durante la dictadura militar; durante seis meses recogió los testimonios de 35.868 víctimas directas o familiares directos de personas fallecidas, de casos de prisión política y de tortura que son, sin embargo, «una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dicha violaciones a los derechos humanos» (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, p. 11), y estableció que 28.459 personas fueron víctimas de prisión política y tortura.
[18] El primero fue designado presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica luego del golpe militar, por el entonces rector-delegado de dicha universidad (anteriormente había formado parte de la oposición gremialista, al alero de Jaime Guzmán, al Gobierno de la Unidad Popular); el segundo, es coordinador de los Grupos Tantauco, de Piñera.
[19] http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hQV0owKSrQjWZM523e0xpCGwAZkw
[20] http://saladehistoria.com/wp/2010/01/20/gabriel-salazar-¿neoliberalismo-recargado/