La convocatoria al paro nacional, dio paso al levantamiento popular y este a una huelga de masas, donde amplios sectores sociales salen a la calle no sólo contra el mal gobierno, sino contra un modelo económico que lo ahoga, contra las viejas instituciones y a favor de una sociedad con justicia social.
El terremoto social que ha sufrido este país, ha estremecido a la vieja estructura del régimen político y ha mostrado las grietas profundas de la desigualdad, de un país dividido en clases. De una oligarquía que quiere mantener intactos sus privilegios y el pueblo en sus diversos sectores que ha salido con dignidad a defender sus derechos y no permitir la agresión económica que se quiere imponer, de un pueblo que hace enormes sacrificios en medio de la pandemia y unas elites fracasadas junto a los partidos políticos y a la institucionalidad gubernamental.
Cali es el epicentro del terremoto social, las máscaras de los mandatarios locales se han caído, el gobierno nacional hace su experimento de la nueva guerra urbana, trasladando los métodos utilizados en el campo al escenario de la ciudad con helicópteros y liquidación de los puntos de resistencia con paramilitares, organismos oficiales vestidos de civil y de civiles armados de los barrios ricos de Cali.
La explosión social telúrica ha levantado las capas tectónicas y descubre la dominación de clase, que se solapaba bajo el manto de la llamada igualdad democrática del régimen político. La abierta lucha callejera del pueblo, ha revelado la existencia de las clases sociales de cuerpo entero y ha descubierto el verdadero rostro de los personajes del Estado, que cambian de ropajes y de roles.
El gobierno no propone soluciones sociales ni económicas a la crisis, solo respuesta militar, bajo la oscuridad de la noche bandas paramilitares asolan a los jóvenes que resisten en cada lugar. De noche la mano tenebrosa de la muerte se cierne y de noche llega el presidente de la República de manera furtiva a Cali deja su mensaje de exterminio y se retira con el alba hacia su palacio en Bogotá, donde prosigue el dilatado diálogo con el viejo país, pero no toma decisiones económicas y políticas en la solución de la crisis, ni reconoce como actores sociales a los jóvenes que resisten en las barricadas.
El alcalde Ospina, hace un gesto de quitarse su chaqueta azul de mandatario y se pone la blanca, ¡mandando la señal que está con los ricos de blanco que disparan de día a la minga indígena! La gobernadora en la misma tónica, quiere ver lejos a los indígenas y decreta cerrar las fronteras del departamento para que no ingresen.
La presencia de bandas civiles que han atentado contra el movimiento Indígena, en su odio de clase y racista, es la expresión de la larvada guerra de clases, expresión de la lucha de poder por cada clase por la hegemonía de la ciudad. Toda la crisis, social, económica, institucional, ambiental, de derechos humanos, sin soluciones por el Estado, cocinadas a fuego lento durante muchos años y hervidas como en una olla a presión sin pistón, ha explotado y se generaliza su impacto por todo el cuerpo social de la nación y en Cali en especial. Para muestra las cifras del DANE.
“A comienzos de 2020 la situación de Cali era menos mala que la del resto del país, con una tasa de pobreza del 21,9%, frente al 35,7% nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4,7% y 9,6% respectivamente, y en el índice de desigualdad 0,46% y 0,52%”.
“Con la pandemia, la pobreza nacional llegó a 42,5 (un aumento de 7 puntos) y 3,5 millones de personas se volvieron pobres (un aumento del 20%). También se incrementó la desigualdad medida por el índice de Gini, el cual pasó de 0,52 a 0,54, volviendo a los niveles de principios de siglo”.
“Lo que en el país fue tormenta, en Cali fue huracán. La tasa de pobreza aumentó 15 puntos (el doble de la nacional) llegando a 36,3, y el número de pobres aumentó 67%, es decir más del triple de lo que pasó en el país”.
Otro indicador alarmante en la ciudad es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue del 24%, en Cali fue del 50%”.
Aquí está la causa de la explosión social, el gobierno no ataca estas profundas causas del descontento, sino que militariza a Cali atacando los efectos causados por esta crisis como es la protesta ciudadana, el paro, las manifestaciones y los bloqueos. Le da tratamiento militar a una causa económica. Hoy quiere generar descontento contra el paro, regulando el abastecimiento de gasolina y alimentos sobre la población, buscando un enfrentamiento dentro de las mismas ciudades en paro.
Aunque el pliego de demandas del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 47 muertos- corrió cualquier otro eje y queda concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, esto obliga a retomar el pliego de exigencias y ponerlo en el centro de la lucha, sumándose el castigo a los criminales.