A través de una declaración de su Comisión Política, Wallmapuwen («Ciudadanos del País Mapuche») expresó en Temuco su solidaridad con los presos políticos mapuche y sus familiares, demandando a las autoridades de gobierno «amnistiar» a los ciudadanos Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Marileo y Juan Carlos Huenulao, encarcelados en la ciudad de Angol y […]
A través de una declaración de su Comisión Política, Wallmapuwen («Ciudadanos del País Mapuche») expresó en Temuco su solidaridad con los presos políticos mapuche y sus familiares, demandando a las autoridades de gobierno «amnistiar» a los ciudadanos Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Marileo y Juan Carlos Huenulao, encarcelados en la ciudad de Angol y quienes el pasado 13 de marzo iniciaron una huelga de hambre para exigir la revisión del proceso por «incendio terrorista» en el caso Poluco Pidenco, que los condenó a 10 años y un día de prisión, más el pago de una multa personal de 425 millones de pesos a la Forestal Mininco.
«El juicio condenatorio contra los peñi y lamngen que hoy cumplen 38 días en huelga de hambre se caracterizó por la falta de garantías al debido proceso, como efecto directo de la aplicación de la Ley Antiterrorista 18.314 y por situaciones irregulares tales como la inhabilitación de la Jueza de Garantía, Nancy Germani, por parte de la Corte Suprema de Justicia y la filtración pública de los pagos millonarios que el Ministerio Público realizó a 10 de los testigos secretos que declararon en contra de los imputados en el juicio oral», señaló la organización.
A juicio de Wallmapuwen, «la situación de injusticia que ha rodeado a este y otros procesos ha sido denunciada por numerosos organismos de derechos humanos del país y del exterior, y ha quedado reflejada en la sentencia absolutoria en favor de otras dos personas procesadas por el mismo delito, a quienes el Tribunal Oral en lo Penal de Angol restituyó recientemente su libertad, considerando que el Ministerio Público no logró consignar el carácter terrorista de los incendios, ni probar las participación en los hechos de los imputados. Ello, basándose en las mismas pruebas y testimonios que condenaron a los restantes procesados en el caso».
«En momentos en que el Gobierno de Michelle Bachelet manifiesta su voluntad de emprender un nuevo proceso de diálogo con los pueblos indígenas, Wallmapuwen desea expresar que dicho diálogo sólo será fructífero en la medida que se sustente en la confianza mutua y en gestos políticos concretos. La amnistía de los presos políticos mapuche, recomendada al gobierno chileno por el relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, se orienta en dicho sentido, del mismo modo que la voluntad del gobierno de desistirse de ser parte en los juicios contra los dirigentes y miembros del movimiento mapuche».
A juicio de la organización, la implementación de medidas que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el Wallmapu, formaría parte también de un marco necesario para el diálogo entre el pueblo mapuche y el gobierno. «En este sentido, recogemos las recomendaciones formuladas por el Relator y por el reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el sentido de instaurar la institución del Ombusdman o Defensor del Pueblo, con funciones explícitamente orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos. Emplazamos por tanto a la presidenta Michelle Bachelet a incorporar dichas recomendaciones en su propuesta de creación de una defensoría ciudadana», finalizó Wallmapuwen.
Cabe destacar que en el Informe del Relator Especial sobre su visita a Chile, Stavenhagen recomendó, en el punto 75, que «el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas». Dicho Informe fuer presentado en noviembre del año 2003 en Ginebra, Suiza, en el marco del 60 Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y remitido a su vez al gobierno de Chile.
«Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas… La puesta en práctica de la reforma procesal penal deberá tomar en cuenta las normas internacionales en materia de protección de los derechos humanos, incluyendo el debido proceso de todos los imputados indígenas por motivo de actividades de defensa o protesta social (especialmente con referencia a la utilización de testigos sin rostro y la detención preventiva de los indiciados)», recomendaba además el Relator
Diputado Navarro
En Valparaíso, en tanto, el senador Alejandro Navarro [PS] anunció que solicitará formalmente al Gobierno que impulse una «Ley de Amnistía» a favor de la totalidad de los presos mapuches que han sido condenados, en diferentes juicios, por violación a la Ley Antiterrorista, entre ellos el dirigente mapuche Víctor Ancalaf Llaupe, recluido desde hace tres años en la ciudad de Concepción, lugar de residencia del parlamentario socialista. De esta manera, Navarro solidarizó con la huelga de hambre que desarrollan los mapuche recluidos en la cárcel de Angol.
«En estos momentos lo que más preocupa es la salud de los mapuches. Los huelguistas han evidenciado un serio deterioro físico, promediando unos 11 kilos de peso menos. Patricia Troncoso es quien presenta hasta el momento el mayor desgaste y serios trastornos a su salud», señaló Navarro. El legislador recordó que la ley Antiterrorista por la cual fueron condenados fue repudiada por el relator de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, así como una serie de organizaciones internacionales pro derechos humanos.
«Las sentencias de los presos en huelga de hambre se manifiestan más injustas aún cuando el tribunal de juicio oral en lo penal de Angol, hace tres semanas determinó absolver a otros tres mapuches detenidos y acusados por incendio terroristas por el mismo caso Poluco-Pidenco, cuyas causas estaban pendientes… No se entiende como por esta misma causa se han desarrollado tres juicios, y en las oportunidades anteriores, se ha condenado a los acusados a penas aflictivas de diez años y un día, pero en la última no», afirmó.
«Apoyamos las reivindicaciones de los mapuches en huelga de hambre y de la Agrupación de Familiares y Amigos. La aplicación de la Ley Antiterrorista y la mantención de las condenas, provocará la condena de Chile ante los tribunales internacionales, por lo que debemos corregir esto ahora, antes de afectar aún más nuestra imagen como país», puntualizó el parlamentario.