Los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en Colombia, con los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados de las FARC, el insólito desacato y enfrentamiento al fallo de la Justicia Especial de Paz, en el caso del ex comandante Jesús Santrich, la denuncia del diario New York Time, sobre la orden impartida a […]
Los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en Colombia, con los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados de las FARC, el insólito desacato y enfrentamiento al fallo de la Justicia Especial de Paz, en el caso del ex comandante Jesús Santrich, la denuncia del diario New York Time, sobre la orden impartida a las Fuerzas Militares de obtener resultados sin importar los métodos. Lo publicado por el New York Time es supremamente preocupante.
Esa orden del Jefe del Ejército, nada diferente a la que ordenó el presidente Uribe durante su mandato (2002-2010) cuyos resultados fue el asesinato de miles de jóvenes inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros de las FARC y acuñados esos crímenes bajo el nombre de falsos-positivos, una fórmula gramatical mediática para esconder y no llamarlo por su nombre: crímenes de lesa humanidad, aún pendientes de juzgar por la Corte Penal Internacional y cuyas familias esperan justicia, justicia que ha interferido, el renunciante fiscal Néstor Humberto Martínez al no entregar las pruebas en poder de la Fiscalía, solicitada por la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
En septiembre del 2017 la Fiscal Fatou Bensouda de la CPI se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República Néstor Humberto Martínez, al declarar a la prensa colombiana que «le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud» dichas declaraciones se produjeron a la salida de su reunión con el Fiscal General de la República de Colombia.
Estas y otras graves acciones, no dejan dudas de que la democracia colombiana está en terapia intensiva, impera un Estado Fallido, pues el presidente Iván Duque y su gobierno se muestran incapaces de imponer el orden, la convivencia y llevar la tranquilidad y la paz en el país y tampoco es insensato afirmar que el pueblo colombiano está sometido a una dictadura narcoparamilitar si tomamos en cuenta la ola de asesinatos, desapariciones y acoso contra las etnias colombianas y afrodescendientes y el crecimiento impune de las bandas paramilitares.
Desafiando los Acuerdos de Paz de La Habana, el gobierno de Iván Duque y determinados sectores minoritarios del Congreso Nacional y del Poder Judicial, han incurrido en graves violaciones en la implementación de los acuerdos, no solo que no se cumplen, sino que se atenta contra el Estado de Derecho y en violaciones a los Derechos Humanos, como lo ha sido el asesinato de 114 ex guerrilleros y 31 miembro de las familias de estos y un poco más de 500 líderes sociales asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno no solo, no toma medidas, sino parecieran no importarle lo que viene sucediendo.
Es una demostración que Colombia es un Estado Fallido, el Gobierno no asume su papel y no toma medidas frente a estos horrorosos crímenes, no cumple los acuerdos internacionales firmados por el gobierno anterior, incluso los que han sido aprobados por organismos multilaterales como la ONU, la CPI e incumplen los acuerdos de la CELAC, relacionado con trabajar porque América Latina sea una zona de paz, apoyando activamente a Estado Unidos en derrocar al gobierno venezolano y pese a la desmovilización y entrega de armas de las FARC-EP, convertido en Partido político le incumplen los acuerdos de paz, suscrito el pasado 24 de noviembre del 2016. Tampoco responden positivamente a la disposición del ELN para establecer conversaciones que los conduzca a la firma de un acuerdo pacifico y de reconciliación.
Es público y notorio lo presenciado por la opinión pública nacional e internacional en el caso de Jesús Santrich. La conducta del director del Inpec y del Centro Penitenciario La Picota, no solo atentaron contra el Estado de Derecho, violaron la Constitución al entrar en desacato con lo ordenado por la JEP y él Fiscal interino, al no ejecutar de manera inmediata su puesta en libertad. Lo más graves mantenerlo durante horas en aislamiento y sospechosamente con serios problemas de salud y no autoprovocado como dieron a entender medios oficiosos, sino por una alta ingesta administradas para sedarlo, según ha trascendido por fuentes de la Clínica Medéri a donde fue trasladado en la madrugada del 18 de mayo, más sospechoso aun cuando ningún familiar, ni su médico de confianza, ni los abogados han podido acompañarlo.
Nunca Santrich, el prisionero-inocente, intento atentar contra su persona, nunca tuvo heridas, lo que si sucedía es que entre las 9 y 30 de la mañana del 17 cuando fue decretada su libertad y hasta en la tarde del 18 de mayo, estuvo aislado. Fueron cerca de 36 horas de aislamiento que sus abogados y el médico personal pudieron acceder a verlo.
En acto teatral escoltado por tal vez más de 100 efectivos de la policía y oficiales del Inpec lo sacaron hasta la puerta de la Picota en silla de rueda y fue la libertad más corta de la historia universal, fueron menos de tres minutos, todo para cumplir con la JEP, pues llegó la orden de la fiscalía de detenerlo, bajo supuestas nuevas pruebas de la DEA y lo llevaron al interior de la Picota y más tarde trasladado al bunker de la Fiscalía.
¿Una maniobra, fabricar pruebas o investigar las «nuevas» aportadas por la DEA para tener argumento e inculpar a Santrich? Esta es la pregunta que se hacen los colegas periodista pues de acuerdo a la entrevista que sostuvieron con el exfiscal Néstor Humberto Martínez el tema está muy enredado y nada claro.
En la entrevista en la noche de ayer 18 de mayo, el ex fiscal accedió a sostener una entrevista con varios colegas de las cuales su principal respuesta a diversas preguntas fueron la siguiente:» La Fiscalía General de la Republica nunca recibió la carta rogatoria para colaborar con la justicia americana para que agentes extranjeros y que según él actuaban como particulares, desarrollaran el operativo donde aparece Santrich en un video«. Por tanto, si bien no quiso calificar de ilegal esta acción, según él «para no obstaculizar la indagación solicitada por la JEP y que las autoridades judiciales investiguen lo sucedido»
Aunque al final de la entrevista y ante la afirmación de la colega periodista de que en el operativo relacionado con Santrich, no hubo carta rogatoria de solicitud de permiso. El señor ex fiscal, le respondió: «Usted lo tiene muy bien entendido». Y ella le responde; a ese punto quería llegar señor fiscal, porque en este caso, aunque usted no lo dice, hubo una dosis de ilegalidad en el procedimiento.
Ante el tácito reconocimiento del ex fiscal de que no hubo solicitud de permiso, se colige que el operativo era ilegal, como señaló la periodista, el hecho era muy grave, porque entonces el operativo lo hizo la DEA sin autorización y sin conocimiento de las autoridades colombianas, le preguntó ella. Y le respondió: «las operaciones que realizan las autoridades judiciales en el mundo de entrampamiento corresponden a realidades, que este caso específico, le puedo decir que la Fiscalía General de la Nación, no tenía conocimiento y por eso no participamos en ese operativo».
Como se aprecia, totalmente justificativo, sin afirmar ni negar, defensivo y reiterativo en afirmar que la Fiscalía no tenía conocimiento y no participó en el operativo, lo cual resulta muy sospechosa la actitud tan defensiva y reiterativa del ex fiscal pero también tan absolutamente conservador, pues lo que cabía era que afirmará, sí la DEA, no tenía permiso actuó ilegalmente, es también sospechosa ese temor a señalar a la DEA. ¿O el Fiscal sí conocía del tema, pero no querían oficializarlo, pues era claro que se trataba de una maniobra, o en boca de ellos un falso positivo? Y ahora está aflorando el tema, que la JEP está sacando de la tenebrosa realidad.
Precisamente la Jurisdicción Especial de Paz, señala que las leyes internacionales establecen que las autoridades extranjeras, para recabar pruebas en otro país deben contar con el permiso de las autoridades de dicho Estado. Es aquí donde está el debate. ¿Quién autorizó y quien supo de este ilegal operativo de la DEA en territorio colombiano? ¿El ex fiscal nunca ha dicho quien entrego el video o si? Es una incógnita.
En este tema hay algo más grave. ¿Quién le entregó al Fiscal General el video, por el cual, este ordenó la detención del dirigente de las FARC y lo mantuvo encarcelado por 13 meses sin antes, investigar y comprobar la veracidad de lo que expone el video? Un video puede ser totalmente editado y suplantado los diálogos y en eso son expertos los servicios especiales estadounidenses, además en un jurado y un servicio judicial que se respete, un video no es una prueba legal. El trabajo de la Fiscalía es investigar y agotar todos los recursos antes de proceder a una detención, de lo contrario se viola el estado de derecho del ciudadano y más en este caso, pues Santrich está cobijado por los Acuerdos de Paz y solo la JEP puede juzgarlo.
El testigo de la DEA, según trascendió públicamente, se trata del sobrino del dirigente de las FARC-EP Iván Márquez, quien residía en Venezuela y que según diversas fuentes señalan fue reclutado por dicha agencia, trasladado a Estado Unidos, donde le cambiaron su identidad y le han garantizado el suficiente financiamiento para vivir tranquilamente en Estados Unidos. ¿Es confiable ese testigo? O no es más que una operación política coordinada entre sectores del actual gobierno colombiano y el de los Estados Unidos, para con la detención de Santrich enlodar a las FARC, continuar vinculándola al narcotráfico, extraditarlo y con ello, provocar la ruptura de los acuerdos de La Habana.
¿Porque Santrich es el escogido? pues muy sencillo porque, fue uno de los principales miembros de la delegación de las FARC en las conversaciones de la Habana que mantuvo firme y exigente posición en los debates, sobre estratégicos temas, como la negativa del Gobierno de convocar a una Constituyente, que garantizaba convertir los Acuerdos de Paz en una política de Estado y no de gobierno y por eso hoy este Gobierno está incumpliendo los acuerdos, que además tienen que ser sometidos al poder legislativo y judicial donde los adversarios de la paz tienen mayoría.
Por otra parte, y lamentablemente Santrich es un hombre invidente, esa era para los ejecutores del plan una importante debilidad y sobre todo, si el plan consideraba filmar un video, «la prueba reina», inaudito.
Simultáneamente los medios difundían la noticia de que el presidente Duque se encontraba en el aeropuerto militar de Catam y que declararía al país en Conmoción interior y que ello obedecía a que Jesús Santrich seria extraditado a los Estado Unidos, según tuiteo el senador Álvaro Uribe, pero obviamente ante el gran revuelo que se armó, el debate al interior de las instituciones judiciales y el costo político que esa acción podría traer, adoptaron la decisión ya conocida, Duque salió declarando que respetaba la decisión de la JEP, los dos minutos en libertad y la vuelta a prisión de Santrich. Un verdadero show, como el montado en la puerta de la cárcel la Picota y en el aeropuerto de Catam, y un desmentido del indocto Presidente, presentándose como gran demócrata y cumplidor de las leyes.
La opinión publica colombiana e internacional debe saber que con el escenario descrito y que solo es una parte de los horrores de lo que está sucediendo en Colombia, queda demostrado que el gobierno de Estados Unidos, el senador Álvaro Uribe Vélez, enemigo jurado de la paz en su país y el gobierno de Iván Duque, están esencialmente dedicados a pisotear, eliminar y destrozar los Acuerdos de Paz de La Habana. En definitiva, la extrema derecha colombiana y su oligarquía tenía el estratégico objetivo de desarmar y desarticular a la guerrilla de las FARC-EP y lo logró, el cuento de la democracia y que ellos podrían competir electoralmente quedó en una enorme y utópica mentira.
Tony López R, Periodista, politólogo y analista internacional.
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