Se vive siempre el presente con cierta ingenuidad; con el tiempo, uno acaba por darse cuenta de que tiene voto, pero no voz. Con el tiempo, para más Inri, uno acaba cayendo en la cuenta de que, en materia de política exterior, económica y penal, tiene la misma capacidad de decisión e incidencia real que […]
Se vive siempre el presente con cierta ingenuidad; con el tiempo, uno acaba por darse cuenta de que tiene voto, pero no voz. Con el tiempo, para más Inri, uno acaba cayendo en la cuenta de que, en materia de política exterior, económica y penal, tiene la misma capacidad de decisión e incidencia real que el 90 por ciento de los ciudadanos de esta pequeña canica del universo llamada tierra : ninguna. Pero así, como quien no quiere la cosa, vamos engañándonos a nosotros mismos poco a poco, trivializando, suavizando el lenguaje y cogiendo el carro de lo políticamente correcto, que es lo mismo que lo políticamente permitido en nuestras democracias realmente existentes.
Se habla poco de la libertad de expresión, o al menos nunca se habla con la suficiente seriedad. Obsesionados -o quizás contaminados- por el soporífero economicismo que impera, no sólo en lo que se refiere al análisis teórico-político, en las fábricas de opinión y entre el gremio de los economistas, sino también, a efectos prácticos, por la mayor parte de las clases políticas que nos gestionan la democracia -y nunca mejor dicho, gestionar, que según el diccionario de la Rae es, ni más ni menos que «hacer diligencias conducentes al logro de un negocio»-, nos hemos dejado la imaginación y la honestidad en el armario. Ya me dirán ustedes qué tiene que ver la gestión de un negocio con la ampliación de los derechos y libertades, el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de las clases bajas y la conservación del medio. Gestionar un negocio es cosa de mera eficiencia, de búsqueda de la rentabilidad económica. Recientemente he estado ojeando los últimos trabajos de Viçenc Navarro. Son muy edificantes : muestran claramente como el estado del bienestar Español, a pesar del discurso y el triunfalismo oficial, puede recibir el dudoso premio de ser uno de los más flojos de Europa. No vamos a entrar ahora en cifras, lean los libros si quieren : «Democracia insuficiente, bienestar incompleto» y «El subdesarrollo social de España». El primero, por cierto, ganador del premio Anagrama de Ensayo
Nuestros políticos full-time están siempre entonando la cantinela de la eficiencia. Repiten esta palabra como si fuese un mantra laico, pero no suelen responder a la siguiente pregunta : si hay que ser, ante todo, económicamente eficientes, primando el crecimiento y la productividad de las empresas, ¿qué prioridades se tiene, a posteriori, y después de esa sagrada etapa de acumulación, en el reparto de los panes y los peces, teniendo en cuenta que todavía persisten las clásicas desigualdades de género y clase?. En este país ya hace tiempo que hemos convertido la democracia en un negocio, embobados con la doxa económica del «laisez-faire, laisez-passé», esa doxa según la cual, el libre juego -libre juego que no existe sino para unos pocos- de los egoísmos en una economía que, en un 70 por ciento, se mueve ya en los mercados financieros, sin control legal alguno, generará espontáneamente una prosperidad social, económica y política sin precedentes. Las consecuencias serán muy pronto caras a efectos sociales, económicos y ecológicos si no cambiamos, no sólo nuestras prácticas, sino los principios que los rigen.
Mientras tanto, bajo la economicista mentalidad de los funcionarios de la política, subyacen realidades preocupantes. La biblioteca Europea de la universidad complutense de Madrid, en internet, publicaba un artículo con fecha del 6 de Junio del 2006. El contenido es preocupante : sin eufemismos, España es la mayor cárcel de Europa, su tasa de presos es de 140 por cada 100.000 habitantes. A día de hoy, esta cifra sigue creciendo. El número de delitos también, y sin embargo, la tasa de criminalidad, se sitúa por debajo de la media Europea ( http://www.ucm.es/cgi-bin/show-prensmes=06&dia=6&ano=2006&art=17&tit=b ). Paradójicamente, la mayor cárcel de Europa es la que menos tasa de criminalidad presenta, y ello es debido a que la mayor parte de los presos entran en prisión por delitos menores. De todos modos, no me conviene en este artículo llegar a conclusiones de ningún tipo puesto que necesitaría más líneas y más información para hacer una taxonomía detallada del estado de las cárceles en España. Lo que me interesa hacer, eso sí, es resaltar el dato de los 6681 presos en Castilla-León; los centros penitenciarios allí construidos cumplen la función de inserción de «extranjeros sin arraigo», según explican las instituciones penitenciarias. Como verán ustedes, bajo el hipócrita y mediático discurso multicultural de la integración del «otro» en España lo que existe es, tanto una red de instituciones penitenciarias que se encarga de ocultar al extranjero sin arraigo, como su deportación «legal» al país de origen, no sólo cuando no reúne las condiciones exigidas por la sacrosanta ley de extranjería, sino también cuando ha dejado de ser económicamente productivo para la economía nacional en tiempos de crisis. A día de hoy, por cierto, se sigue incrementando el gasto en la construcción de edificios penitenciarios, pero no tengo datos ni cifras exactas. Son consecuencias de la ley de protección de datos más restrictiva de toda Europa, qué se le va hacer.
Pero, además, yendo más allá de los meros datos, la perplejidad crece cuando uno se da cuenta del silencio al que la democracia televisada condena, tanto en su parlamentaria representación teatral como en el mundo de la in-comunicación, a cuestiones como las degradantes e inhumanas prácticas y torturas que se llevan a cabo en los centros penitenciarios españoles; instituciones como cristianos por la abolición de la tortura, SOS racismo, Justicia y paz, asociación catalana para la defensa de los derechos humanos y mujeres juristas ya llevan un largo tiempo denunciando estas torturas, llegando incluso a presentar sus documentos de denuncia en el Comité de la ONU contra la tortura, en Noviembre del 2002
Escribía, al principio del artículo, sobre la poca seriedad y profundidad con la que se habla de libertad de expresión; a mi modo de ver, el estado de salud de la libertad de expresión, sea en el país que sea, no puede ser mensurable bajo ningún indicador sociológico o económico ni bajo ninguna retórica jurídica barnizada en huero positivismo. Un debate verdaderamente libre -y no pre-condicionado ni ideológicamente dirigido- sobre el grado de posibilidad de ejercer tal derecho, así como los límites reales a su ejercicio -y un derecho, sólo existe cuando se ejerce, no cuando, simplemente, se formula- no puede abordarse sin un análisis de la situación y el contexto histórico y cultural en el que se plantea radicalmente tal debate. La libertad de expresión no puede existir «a medias», o «existir relativamente», o «existir a veces sí y otras no». No es una cuestión de medición, sino de exigencia cívico-democrática radical, algo que debe ser garantizado y que debe ser denunciado, en su ausencia. Algo, en definitiva, que debe ser debatido sin pre-condicionamientos ideológicos previos ni debates ya viciados de antemano, en donde las voces ex céntricas y minoritarias no tienen ni la posibilidad de hacerse escuchar.
Se puede hablar de límites a este derecho, desde luego, como reza en el punto 5 del artículo 13 de la convención Americana sobre derechos humanos, en el que se expresa claramente que «Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión u origen nacional.»
La verdad es que si uno se tomase en serio esta declaración de principios y fuese consecuente con ella no tendría más remedio que declarar completamente fuera de la ley a las élites políticas que gestionan el estado-nación y el modo de producción real que le subyace : capitalismo, It’s called.. No me muerdo la lengua en absoluto y hablo en serio : lo que caracteriza a la arquitectura legal de las muy flamantes y prósperas pseudo-democracias liberal-capitalistas en occidente es que, sencillamente, y en la práctica, está dando cobertura legal a la exclusión social, al ecocidio más salvaje que imaginarse pueda, a la expulsión y culpabilización del «otro» y, cómo no, a las sacrosantas guerras preventivas contra el terrorista de turno en el nombre de la paz y los derechos humanos. Nada que no sea característico, por cierto, de las élites de las pseudo-democracias liberal-capitalistas no occidentales que se han pasado a la American way of life en un santiamén, por mucho que quieran dar un barniz folklórico y local a la «modernidad» capitalista a la que se han abierto muy gustosamente.
¿Soy yo un fuera de la ley?. ¿Soy yo un peligroso anarquista?. ¿Soy yo el demonio?. No, todo lo contrario. No conozco a persona más conservadora que yo. Me remito sencillamente a recalcar lo siguiente : que no se puede aspirar a gestionar el sistema socio-económico y político realmente existente sin entrar en esquizofrénicas contradicciones entre jurídico-formales declaraciones de principios y prácticas políticas y existenciales reales. Que los guardianes de la «ley» y el «orden» son, en realidad, los principales responsables del imperio del desorden, tanto al Norte, como al Sur, como al Este, como al Oeste del planeta tierra, y que las cúpulas de cada uno de los partidos que gestionan esta brutalidad de sistema desde el muy sacrosanto y pseudo-democrático sistema de partidos, son, en realidad, meros grupos de interés económico que utilizan el poder político como palanca para poder gestionar sus propias fortunas privadas.
Dejando estas indiscutibles obviedades a un lado, volvamos al tema de la libertad de expresión : Los medios y lugares a través de los cuales se canaliza y desarrolla este derecho son -sin meternos ahora en cuestiones de grados- no hace falta decirlo, los medios de comunicación, audiovisuales y escritos, las instituciones políticas realmente existentes, los movimientos sociales, las huelgas, las manifestaciones, los sindicatos, las universidades, los movimientos sociales..etc; me refiero aquí a los múltiples espacios sociales en los que se puede debatir y disentir y organizarse, al menos en teoría. Después, la práctica, como siempre, es harina de otro costal. Por eso digo muchas veces que ni los propios sujetos somos capaces de reflexionar sobre la profundísima censura simbólica que existe en muchas de estas instituciones, y creo que J.M Coetzee tiene mucha razón en su ensayo «Sobre la censura» cuando dice que la censura es un fenómeno que pertenece al estudio de varias disciplinas como el derecho, la estética, la filosofía moral, la psicología y la política -tanto en su sentido filosófico como pragmático-.
Esta censura simbólica, para mí, no está en las instituciones mismas, aunque desde ellas, precisamente desde ellas, se puedan activar los mecanismos legales para ejercerla pro-activa y conscientemente. Esta censura está también dentro de la misma cartografía mental y afectiva de los sujetos que operan en ellas, y por ello, la resistencia a la censura no es sólo un problema político-institucional y público, sino un problema cultural, yo diría que es hasta un problema cotidiano, en donde la molesta pero silenciada presencia del «otro» y el silencio asumido ante determinadas realidades son una pauta de conducta que podría corroborar cualquier etólogo humano. No hay mejor muestra empírica de este racismo, no sólo institucionalizado, producido y materializado desde arriba, sino también socio-culturalmente interiorizado desde abajo, que el aplauso unánime de no pocos ciudadanos Italianos ante la llegada del ejército en los pueblos habitados por inmigrantes indocumentados
La verdad es que los movimientos sociales lo tienen, lo tenemos, muy difícil; el poder y la influencia de los medios de comunicación oficiales -y los temas concretos que nuestra clase política pone en el candelero- sigue siendo mucho mayor que el poder de influencia y visibilidad político-mediática de los materiales culturales que destila el plural y multicolor tejido cívico de la sociedad gallega, Española, Europea y mundial. El «universo lingüístico», por así decirlo, compuesto por los objetos de estudio, los valores , las reflexiones, los hechos sociales concretos, en definitiva, a los que se da mayor relevancia, importancia y énfasis en el espacio comunicacional oficial, así como la forma de enfocarlos y el soporíferamente eufemístico lenguaje con el que se interpretan, es muy diferente del universo lingüístico, del lenguaje, los valores, hechos y formas de enfoque de nuestros espacios de micro-comunicación, de estas redes a las que Francisco Fernández Buey denomina como «redes que dan libertad».
Hablando claro, que no sólo tenemos que luchar con las prácticas, sino con las palabras. O dicho de otro modo, que hay que ejercer el poder blando para persuadir a la gente a pensar, sentir y actuar de otro modo. Esta cuestión tiene tela y la dejo para otra ocasión.
Para terminar, no sólo nos hace falta la democracia político-estructural, la descentralización vertical y horizontal -simétrica- del poder político, en lo que se refiere a la arquitectura del Estado auto-anémico heredado de la transición, sino que también nos hace falta luchar por la democracia y el pluralismo informacional y comunicacional, que sólo existe, como siempre, hasta ese comprometido límite en el que comunicar puede llegar a ser políticamente peligroso. Cuando pienso en Amy Goodman y en su fantástica emisión en democracynow.org y la comparo con los medios de comunicación españoles, en fin, qué decirles, creo que estamos a años luz del otro lado del Atlántico en lo que se refiere a contra-políticas de comunicación e información. Por supuesto, también hay que seguir insistiendo en la democracia real en la estructura sindical, en la que el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad sindical es sólo una declaración formal de principios y la distancia entre burocracia sindical y clase trabajadora es cada vez mayor. Por supuesto, lo mismo puede decirse de la administración pública.
Para terminar, me gustaría ser horrorosamente tajante y trivial : una izquierda política sin una contra-política de comunicación e información no franquiciada tendrá la batalla perdida de antemano, y no se puede subestimar el poder simbólico que la aristocracia de doxósofos y comunicólogos de lo intrascendente tiene sobre las representaciones del mundo del ciudadano-consumidor de noticias.
Si ya este extraño bicho llamado hombre vive el presente con cierta ingenuidad -Freud dixit-, imagínense ustedes cuanto más ingenuo puede ser en un mundo en el que el comunicar, el desvelar las cosas, el ponerles nombres, es una actividad que tampoco escapa a la economicista lógica del beneficio a corto plazo.