Los versos de Miguel Hernández, lejos de ser historia, hoy continúan siendo realidad
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y ocho afiliados, en su mayoría jornaleros, condenados por la vía penal. Mientras que el paro asola especialmente a Andalucía, pretenden acallar las reivindicaciones del SAT y las de sus dirigentes y afiliados, con juicios, multas y cárcel, criminalizando para ello las reivindicaciones laborales.
La persecución a los sindicatos no complacientes y a sus sindicalistas no es casual, sino que más allá y por encima de la justicia, se ha convertido en una represión política en toda regla.
El 20 de junio de 2002 el SAT apoyó la huelga general contra el «decretazo» dictado por el gobierno de Aznar sobre la reforma laboral que precarizaba más aún el empleo y otras prestaciones sociales. En dicha huelga participaron activamente numerosos afiliados al SAT y, concretamente en Úbeda, Jaén, fueron acusados de formar piquetes violentos. La fiscalía y la acusación particular pedían elevadas multas y cuatro años de cárcel para cada uno de los ocho implicados, responsabilizando subsidiariamente al SAT de los daños que decían haber ocasionado.
Nada menos que nueve años después de esta huelga se celebra el juicio en el tribunal penal nº 2 de Jaén y los ocho imputados resultan condenados a dos años de cárcel y a una multa de 4.480 euros cada uno. Entre los condenados se encuentran el Secretario General del SAT de Jaén, Andrés Bódalo, y José Luis Angulo, alcalde de Jódar y responsable del SAT. Además, el Sindicato ya había sido condenado a pagar una indemnización de unos 18.000 euros, de los que ya ha hecho efectivo la mayor parte.
Sorprende tanta demora para celebrar el juicio. Un juicio que resultó ser algo tan extraño como irregular. Dicen que los juicios han de ser públicos, salvo circunstancias muy especiales. Pues bien, en este caso la entrada quedó restringida a media docena e personas, primer punto extraño. Una vez en el vestíbulo de la sala, un número de la guardia civil comunica que la audiencia no será pública sino a puerta cerrada, según instrucciones de la juez. Ninguna aclaración y nada que hacer más que mantener la presencia a toda costa y muy a pesar de la insistencia del agente de la autoridad, pero Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, se mantiene firme, dice que no se va y nadie se mueve, porque insiste en que la audiencia ha de ser pública y no otra cosa.
El juicio se inició de un modo muy extraño, porque a la sala sólo entraron los abogados a los que la fiscal y la juez les plantean que acepten un pacto: mantienen la multa de 4.480 euros a cada uno y reducen la pena de cuatro a dos años, que no cumplirán si en este tiempo no delinquen, pero la aceptación ha de ser unánime, no puede haber excepciones. La oferta es hermética, si no aceptan nada que hacer, son cuatro años, dicen al unísono tanto la juez como la fiscal. Sorprende que juez y fiscal estén del mismo lado y enfrente de los acusados antes de comenzar el juicio, es como si la sentencia ya la trajeran dictada de su casa. Juicio al que estaban citados para prestar declaración varios policías y otras personas en la vista oral prevista. Pero nada de vista ni oral ni pública.
Con la oferta cerrada de la sala, los abogados de la defensa pasan a un reservado para reunirse a solas con los ocho inculpados y deciden aceptar la propuesta tan intimidatoria después de media hora de deliberaciones. Los acusados entendieron la sentencia más como la consecuencia de una coacción en toda regla y no como una negociación. Porque nada se pudo negociar, nada, la oferta no podía ser rechazada o lo tomaban o cuatro años para cada uno, más la multa. Bastaba que uno no aceptara para anular la propuesta. Seguramente consideraron que sancionar con cuatro años de cárcel a unos jornaleros podría ser una provocación pero, por otra parte, era necesario mostrar la cara del escarmiento para que sirviera de ejemplo. Hay demasiados parados en Andalucía y, a falta de soluciones, recurren a la fórmula de la represión.
De nada sirvió lo argumentado en el «Escrito de Defensa» que formuló la Procuradora del SAT en octubre de 2009. En este escrito se negaba que el SAT hubiera organizado piquete informativo alguno, sino que simplemente apoyó la huelga general en la que sus miembros y simpatizantes participaron, pero dentro de los cauces recogidos en varias sentencias del TC en las que se reconoce el derecho a informar y a recabar la solidaridad de terceros o superar su oposición cuando hay convocada una huelga.
Los abogados de la defensa lamentaron que juez y fiscal sólo tuvieran en cuenta el punto 3 del artículo 315 del CP en el que se refiere a la condena de los que «coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga». Mientras que, por otra parte, en el primer punto de este artículo se condena expresamente a los que «impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.»
Andrés Bódalo comentó la sentencia ante el centenar de personas concentradas a la puerta del juzgado. Y manifestó en repetidas ocasiones que ni el Sindicato ni las movilizaciones tenían carácter violento y que sólo se ceñían a las reivindicaciones laborales. Entendía que el acoso al que estaban siendo sometidos no tenía más sentido que intentar frenar y obstaculizar la lucha sindical.
Intervino a continuación Diego Cañamero, Secretario General del SAT, y declaró que resultaba extraño que el juicio se celebrara inmediatamente después de las elecciones. Y no menos extraño que todos los dirigentes del sindicato ya hubieran sido procesados de un modo o de otro. Extraño también que el sindicato tuviera 350 personas procesadas, multas por un importe de 400.000 euros y 68 años de cárcel. Cañamero insistió en que las acciones del Sindicato siempre habían sido pacíficas y por la lucha de los puestos de trabajo y por los salarios. Pero este juicio estaba siendo politizado porque los jueces no son independientes. Pero en ningún caso vamos a dejar de luchar y ningún juez nos va a parar. Resulta sorprendente que una huelga general (en 2002) que había sido convocada por CCOO y UGT, en la que el SAT participó apoyándola, sólo hayan sido represaliados los afiliados al SAT. Considera que todo esto es un chantaje político y no se entiende cómo se puede cambiar cárcel por dinero. Entiende que los jueces no actúan con independencia. Al igual que Andrés Bódalo, manifestó que las movilizaciones del Sindicato eran pacíficas y no violentas, pero firmes en cuanto a las reivindicaciones laborales.
Cañamero terminó expresando su apoyo al «15-M» y a «Democracia Real Ya».
Además de los autocares procedentes del SAT de Sevilla y de afilados de otras localidades andaluzas, estuvieron presentes en la entrada del juzgado de lo penal de Jaén, en señal de solidaridad, representantes destacados de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) de Asturias; de la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC); de la Coordinadora de la Federación de Trabajadores de Cataluña (FTC); y de la Intersindical Valenciana, de Benicarló.
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