Ministerio Público confirmó que Morstadt fue citado a declarar, pero el empresario se acogió a su derecho a guardar silencio, pese a ser uno de los principales sospechosos mencionados por la familia desde el inicio del caso.
por Escazú Ahora
Durante la primera reunión presencial con la familia, el Ministerio Público reconoció no haber revisado audios que apuntan a empresario local, confirmó la pérdida de imágenes de cámaras de seguridad y evidenció falta de coordinación interna por la ausencia de la fiscal regional a cargo de la causa.
La investigación por la desaparición de Julia Chuñil, ocurrida en noviembre de 2024, quedó bajo cuestionamiento este martes 9 de diciembre, luego de que la Fiscalía Regional de Los Ríos admitiera graves omisiones en el manejo de elementos probatorios esenciales.
La situación quedó al descubierto durante la primera reunión presencial entre los fiscales del caso y la familia de la defensora ambiental mapuche, representada por la abogada Karina Riquelme. Encuentro que terminó exponiendo descoordinación interna y diligencias no realizadas más de un año después de haber sido solicitadas.
Pérdida de imágenes y diligencias no ejecutadas
Según consta en la carpeta investigativa, la Fiscalía perdió la oportunidad de tener acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad pertenecientes a Forestal Arauco, propietaria del predio colindante al lugar donde se vio por última vez a Julia con vida.
De acuerdo con los antecedentes aportados por la misma empresa, la Forestal no resguardó las imágenes porque la Fiscalía tardó más de seis meses en solicitar los archivos, tiempo tras el cual las grabaciones fueron destruidas.
Según consta en la querella presentada el 8 de diciembre de 2024 por la ONG Escazú Ahora, la familia había solicitado a Fiscalía ese mismo día “revisar el perímetro en miras de cámaras u otros dispositivos de registro audiovisual, ubicando el lugar de posición; individualizar el dispositivo y confiscar el contenido, otorgándole N.U.E. correspondiente, por delegación expresa del fiscal a cargo de la presente causa”. Sin embargo, pese a la instrucción detallada, la diligencia no se ejecutó de forma oportuna, lo que impidió acceder a evidencia clave para la investigación.
Audios no revisados y ausencia de la fiscal regional
La reunión también reveló que los fiscales Alejandro Ríos y Claudia Baeza, responsables actuales de la causa, no han escuchado los audios en los que el empresario Juan Carlos Morstadt insta a la familia Chuñil a abandonar el terreno en disputa, mediante ofertas de pagos irregulares y amenazas de acciones legales.
Las transcripciones fueron aportadas por Escazú Ahora en enero de 2025 a través del sistema SIAU de Fiscalía, e incorporadas como antecedentes dentro de la carpeta investigativa, pero los fiscales reconocieron no conocer su contenido.
En la misma reunión, el Ministerio Público confirmó que Morstadt fue citado a declarar, pero el empresario se acogió a su derecho a guardar silencio, pese a ser uno de los principales sospechosos mencionados por la familia desde el inicio del caso.
La situación se agravó debido a la ausencia de la fiscal regional, quien lidera parte sustantiva de la investigación y no asistió ni envió representación al encuentro con la familia, lo que según la abogada Karina Riquelme, “deja la mitad de la investigación fuera de la mesa y demuestra una descoordinación inaceptable en un caso de esta envergadura”.
Hipótesis desmentida y falta de actualización investigativa
Otro punto que generó preocupación fue la persistencia de la hipótesis que responsabiliza a miembros de la familia, basada en el supuesto hallazgo de sangre en su vivienda. Informes periciales recientes descartan la presencia de sangre humana en el lugar, pero la Fiscalía no ofreció una explicación sobre por qué esa línea investigativa continúa vigente, ni presentó una actualización que incorpore los resultados de esos análisis.
La abogada Karina Riquelme calificó la situación como un patrón que “beneficia la impunidad y dificulta, sino que imposibilita, el acceso a la verdad y la justicia por parte de la familia Chuñil”. La familia exigió medidas inmediatas para corregir las deficiencias, revisar todas las pruebas disponibles y avanzar con un estándar acorde a la gravedad del caso.