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Derecha: desprecio histórico del pueblo (ii)

Fuentes: Rebelion

Como se señaló en el artículo anterior, el profundo desprecio histórico del pueblo chileno por parte de la derecha se expresó políticamente en su lucha teórica y práctica en contra del ejercicio del sufragio universal efectivo. La prédica en contra de éste fue una constante durante la vigencia de la Constitución de 1925.

                                           

Y como no le fue posible lograr el “voto plural” (que le habría dado un voto mayor a los más ricos e instruidos) se contentó con el empleo desenfrenado del cohecho y del “acarreo” -cual ganado electoral- de los inquilinos de sus haciendas con el que logró casi siempre mayorías parlamentarias espurias hasta 1958.

Y siempre mantuvo su descalificación teórica del sufragio universal. Así, en 1932, el presidente del Partido Conservador y candidato a la Presidencia de la República, Héctor Rodríguez de la Sotta, expresó en un discurso que de “lo dicho se desprende claramente cuán absurdo es el sufragio universal, la mayor imbecilidad que han inventado los hombres, según la enérgica expresión de un autor. Los pensadores católicos de la época lo condenaron abiertamente, y predijeron los inmensos daños que él acarrearía a la humanidad, especialmente el Conde (Joseph) de Maistre, en páginas inmortales, de una verdadera visión profética. Debemos, pues, reaccionar franca y valientemente contra la gran superchería del sufragio universal, y contra el sufragio universal singular, luchar por el sufragio restringido y plural, restringido a los capaces y en la medida de su capacidad. Influyen en los destinos de los pueblos, los que son capaces de discernir entre los verdaderos y los falsos intereses del bien común; e influyen más los que son más capaces. He aquí la única sana, racional y verdadera democracia” (Crisis política, económica y moral; Discurso pronunciado al inaugurar la Convención del Partido Conservador el 24 de septiembre de 1932; Impr. De la Dirección General de Prisiones, Santiago,

1932; pp. 10-1).

A su vez, en 1933, el diputado liberal Alejandro Dussaillant afirmó en la Cámara que “el sufragio universal con un voto igual para todos es absurdo, porque no hace diferencia entre el voto del ciudadano más competente y honorable del país y el del más ignorante y amoral; es injusto que el que contribuye con su dinero a la administración del país, no tiene mayor derecho de intervenir en la inversión de los fondos proporcionados por él mismo, que el ciudadano que no contribuye con nada; en fin, es esencialmente corruptor, y esto es lo peor, por la práctica de adulación a las masas electoras”. Y agregó que “un ejército no tendría eficiencia alguna si fuere dirigido por los soldados mismos, en vez de jefes competentes y con autoridad; lo mismo, una democracia, aun compuesta de ciudadanos valerosos y honrados, tendrá que ser un desastre si es gobernada por las masas, fatalmente engañadizas, incompetentes e irresponsables, en lugar de serlo por los ciudadanos más dignos y aptos” (Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados; 4-9-1933).

El mismo año, el senador conservador, Horacio Walker, expresó que “este sistema del sufragio universal no es más, a mi juicio, que el triunfo de la incompetencia erigida como medio de generación de los Poderes Públicos (…). Aminoraría en parte los defectos de la universalidad el establecimiento del voto plural, en vez del voto singular” (Boletín de Sesiones del Senado; 10-10-1933).

Por otro lado, en 1934, el dueño de El Mercurio –y ex diputado, ministro y embajador- Agustín Edwards Mac-Clure planteó en la Convención Liberal que “en Chile el sufragio universal es una superchería (…) es este sistema el que nos llevó a la derrota electoral por Santiago; es este sistema el que permitió que llegase al Senado de la República un ciudadano que ha hecho de la subversión un sibaritismo (Marmaduke Grove). En vez de abrirle las puertas de la Alta Cámara a uno de los hombres más eminentes que tiene el Partido Liberal (Absalón Valencia) (…). El país forzosamente tendrá que amoldarse al sistema corporativo en la generación de los poderes públicos (…). ¿Hay alguien que no mire con temor (sic) las próximas elecciones municipales por medio del sufragio universal? (…) ¿En qué manos van a caer los intereses municipales?” (El Mercurio; 8-5-1934).

El mismo año, el senador conservador Rafael Luis Gumucio escribió en un folleto que “el sufragio universal se presenta ya como un fracaso aun para los que tenemos las más arraigadas ideas democráticas: formado en su mayoría por incapaces, lleva también incapaces a los poderes públicos (…). Y los únicos verdaderamente capaces de las funciones democráticas de elegir y gobernar son los que tienen el derecho que forma la filosofía católica, y los que tienen el concepto de justicia y caridad que forma la sociología católica” (El deber político; Splendor, Santiago, 1934; p. 23).

Posteriormente, en 1940, el historiador de derecha, José Miguel Yrarrázaval Larraín, señaló que el sufragio universal abre “el camino al imperio del número, de las masas (…) el cetro del poder público, mantenido antes por el Presidente o el Parlamento, habría de pasar a otras manos: las de las asambleas, confederaciones, sindicatos, manos innúmeras a la vez que ávidas y amenazadoras (…) Al presidencialismo de una época y al

parlamentarismo de otra posterior, tras una breve etapa sucedería la era del proletarismo. A su contacto, una situación de democracia y de libertad que se creía firmemente asentada vacilaría hasta derrumbarse cediendo el paso al extremo inquietante de los regímenes totalitarios. Busquen ellos su apoyo en las masas o vayan ostensiblemente dirigidos en su contra, en todo caso habrían de atentar contra las libertades del espíritu y la independencia material y de abatir no escasas conquistas de la civilización, entre las que el libre ejercicio del derecho de sufragio por los ciudadanos –extirpado el cáncer de la universalidad que llegara a corroerlo- habría sido uno de los más elevados atributos” (El presidente Balmaceda, Tomo II; Nascimento, Santiago, 1940; pp. 365-6).

Notablemente, el propio “padre” de la Constitución de 1925, Arturo Alessandri Palma, manifestó al incorporarse como miembro académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, el 8 de julio de 1943, que “es triste confesar que sobre la base del sufragio popular, en donde actúan tantos factores, es bien difícil la selección (de los más preparados y eficientes para servir en buena forma los intereses públicos), razón por la cual muchos piden con energía el reemplazo del sufragio universal por otro sistema. Reconozco la conveniencia de tal reforma (…) Debe existir una sola Cámara de elección popular, que vote ideas generales, las cuales serán entregadas a organismos técnicos, para que ellos formulen en definitiva las leyes que, dada la complejidad de la vida moderna, deben ser la resultante armónica de principios coordinados científicamente. Es imposible que asambleas formadas por elementos heterogéneos, de inteligencia y cultura diversas, puedan armonizar sus pensamientos en esos preceptos armónicos y coordinados que necesitan reunir las leyes para asegurar su eficacia y ser realmente factores de orden y bienestar común. El Senado, tal como lo propuse en la Comisión Revisora de la Constitución (en 1925), debe ser formado en sus dos tercios por representantes de las fuerzas vivas de la nación, tales como la Universidad, la instrucción en sus tres grados, las fuerzas armadas, las profesiones liberales, los representantes de la industria agrícola, minera y fabril, los representantes del comercio, las sociedades obreras mutualistas, legales, etc. La tercera parte de los senadores, como elemento coordinador, podría ser elegida directamente por todo el país, para formar así una corporación ajena a toda consideración política, destinada sólo a contemplar los intereses fundamentales de la nación, en todos los órdenes y actividades” (Recuerdos de Gobierno, Tomo III; Nascimento, Santiago, 1967; pp. 430-1).

Por último, la misma idea –más descarnada- la formuló en 1955 el senador liberal, Raúl Marín Balmaceda, quien escribió: “¿Qué es el sufragio universal? Una urna en la que sufraga una inmensa mayoría de ignorantes; y se pretende obtener de ella un buen gobierno y buenas leyes. Es obvio que esto es un absurdo. Dijo (Benjamín) Disraeli, como antes Perogrullo: ‘Jamás la ignorancia ha resuelto problema alguno’. También lo dijo James Bryce –profesor de la Universidad de Oxford-, (…) miembro del Gabinete de (William) Gladstone: ‘Democracia ignorante: democracia falsificada’. Y pregunto, ¿y qué democracia constituida a base de sufragio universal, no es democracia ignorante, y, por tanto, falsificada? Y de ahí que Paul Valery, el talentoso académico francés, haya definido el sufragio universal como ‘un sistema que exige a las multitudes opinar y decidir sobre lo que no entienden” (¡No demagogia!; Universitaria, Santiago, 1955; pp. 122-3).

Y, por cierto, conservadores y liberales se opusieron frontalmente a la tardía unión de la “centro-izquierda” (Bloque de Saneamiento Democrático) en 1958 en torno a la aprobación de la cédula única electoral que estableció un sistema efectivamente democrático de elecciones con el que se terminó la posibilidad de un cohecho “verificable” y el “acarreo” de los inquilinos por los patrones de fundos. Y que simultáneamente derogó la Ley de Defensa de la Democracia (“Maldita”) que se había aprobado diez años antes ¡impulsada por el propio PR y con el apoyo de una fracción socialista!; además, por cierto, del apoyo de la derecha. Ley que había ilegalizado al PC; eliminado a miles de comunistas o sospechosos de serlo de los registros electorales; y restringido severamente los derechos sindicales.

Hay que reconocer, sí, que la derecha (con el apoyo radical) tuvo la fuerza hegemónica para terminar rápidamente, en noviembre de 1925, con la cédula única que se había estipulado en septiembre de 1925 en virtud de las promesas moralizadoras del movimiento militar. Ya que cuando en octubre el candidato presidencial apoyado formalmente por todos los partidos establecidos (incluyendo el Radical y el Democrático; y excluyendo solo al Comunista), el liberal-democrático, Emiliano Figueroa Larraín, obtuvo “solamente” poco más del 70% de los votos y ¡apenas le ganó en Santiago a su oponente, el médico José Santos Salas, apoyado por sectores populares, el PC y la oficialidad joven del ejército!; le bajó el pánico con dicho sistema electoral, eliminándolo el mes siguiente. ¡Y ni el PC ni los embrionarios socialistas hicieron cuestión de ello, ni entonces ni durante décadas! Sólo lucharon contra el cohecho en base a métodos intimidatorios (Ligas contra el Cohecho), los cuales fueron prohibidos por la “militarización” de las elecciones impuesta por ¡el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1941!, como respuesta a la amenaza de la derecha de no participar en las elecciones parlamentarias de ese año… Recién comenzada la década del 50 se colocó el tema “en la agenda”, propiciado fundamentalmente por la Falange Nacional (antecesora del PDC) y particularmente por su dirigente Jorge Rogers Sotomayor, quien rememoró aquel trascendental episodio de 1925 ¡en 1952! (Ver Política y Espíritu, N° 81; 15-11-1952). Sin duda, expresiones de una notable subordinación fáctica de la centroizquierda chilena que se agravaría aún más en la década de los 90…

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