Pocos minutos después del mediodía del sábado pasado hizo su entrada a una de las salas de la Corte Suprema el ministro Sergio Muñoz quien debía pronunciarse sobre la extradición del compañero Manuel Olate, solicitada en los hechos por la alianza ultrarreaccionaria de los gobiernos de Colombia y Chile, aunque formalmente sólo apareciera el gobierno […]
Pocos minutos después del mediodía del sábado pasado hizo su entrada a una de las salas de la Corte Suprema el ministro Sergio Muñoz quien debía pronunciarse sobre la extradición del compañero Manuel Olate, solicitada en los hechos por la alianza ultrarreaccionaria de los gobiernos de Colombia y Chile, aunque formalmente sólo apareciera el gobierno de Santos. El propósito era acusar al Partido Comunista de algo así como un sostenedor de la guerrilla de las FARC colombianas. Abierta la solemne audiencia, el ministro resumió, enfático y tajante, las conclusiones del importante fallo que en esencia estableció que se rechazaba la solicitud de extradición y que se dejaba de inmediato en libertad a Olate.
Un aplauso, inusual en tribunales, saludó la lectura de la sentencia mientras el falsamente acusado era esperado afuera por numerosos militantes de la izquierda que celebraban la nueva derrota de Piñera, de Santos, y de la derecha fascistoide. Quedó fuera de dudas que expresar y trabajar en y por la solidaridad con las justas luchas de los pueblos no constituye delito en nuestro país.
De que es un duro golpe especialmente para Piñera y además para el flamante ministro de Defensa Andrés Allamand y para el senador Alberto Espina, no cabe duda si se recuerda que en julio de 2008 cuando los tres derechistas visitaron Colombia, fueron recibidos, además del presidente Uribe, por el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, los que exhibieron a la delegación chilena documentos y planos relativos a la acción de la guerrilla y luego les invitaron a diversas reuniones con jefes militares y de la inteligencia colombiana para terminar con la insólita invitación a una sesión del Consejo de Seguridad de Colombia al que por vez primera se permitió la asistencia de extranjeros. Se fraguaba entonces el operativo anticomunista que feneció el sábado.
Otro derechista vinculado a temas de seguridad fue el ex ministro de Defensa Jaime Ravinet. Cuando todavía estaba en el cargo, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP, formuló en su contra una denuncia criminal por el evidente delito de amenazas perpetrado por el ex DC al amenazar con denegar auxilio a la población en caso de nuevas catástrofes naturales si le seguían pidiendo transparencia. El caso está en manos de la Fiscalía Nacional y hasta el cierre de esta nota no había pronunciamiento alguno. ¿Será tan rigurosa la Fiscalía contra Ravinet como lo ha sido con los compañeros mapuches o con diversos militantes revolucionarios? La justicia no puede quedar impávida aunque a estas alturas el acusado al menos en política «valga callampa» para expresar sus propias poco educadas expresiones.
Compleja situación la de los temas de Seguridad cuando en su momento es la propia derecha la que está en el gobierno, máxime si, como en el caso de Chile, concentra en sus manos el poder económico, comunicacional y político. En tal escenario la convivencia con los suyos, los agentes de la dictadura, les es normal y natural. Ramas del mismo árbol.
Valga la pena traer a la memoria a este propósito la situación, ya no sólo de los ex CNI recontratados en la PDI, sino los casos de personajes como el coronel en retiro de ejército Ítalo Seccattore que hasta hace unos días era uno de los principalísimos asesores del actual subsecretario de Defensa, el general en retiro Oscar Izurieta. Ignoro si lo sigue siendo hoy mismo. El coronel trabajó para la DINA primero y para la CNI después, luego fue «agente de control» de la ex colaboradora de la DINA, Luz Arce. Su currículo es amplio en esas materias. Por cierto Seccattore no es un caso aislado. La sombra pinochetista se proyecta con fuerza en La Moneda. Urge sacarlos.
– Fuente: www.elsiglo.cl