Iniciado el debate de fondo para redactar la nueva Constitución, un grupo de convencionales de derecha ha presentado una propuesta constitucional sobre el derecho a la vivienda.
Esta dice: “Los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectiva esta facultad”. Sobre el papel del Estado y las políticas de vivienda, agrega: “Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”. En tercer lugar, expresa que: “La construcción de la vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización”. También al final se habla de las sanciones para las constructoras que ejerzan de mala manera su actividad.
Todo parece muy bonito, pero hay una trampa, tal como las que existen en la Constitución de Pinochet. No basta que la Constitución diga: “Los chilenos tienen derecho a una vivienda digna”, y tampoco basta que se le agregue: “Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho”. Y no basta porque la misma propuesta dice que: “la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectiva esta facultad”. Es decir, el derecho a la vivienda no está asegurado por Constitución, sino que lo de fondo lo determinará una ley fuera de Constitución que será redactada por el Parlamento. O sea, letra chica, la que como sabemos siempre termina perjudicando a la población. Muy distinto sería que la propuesta dijera lo siguiente: “Todos los habitantes de Chile tienen derecho a una vivienda digna, consagrándolo esta Constitución como un derecho inalienable. Es, por lo tanto, un deber del Estado velar que obligatoriamente así sea, incluida la gratuidad cada vez que sea necesaria, sin mayor trámite. También es deber del Estado velar que las viviendas sociales sean de una dimensión que permita la vida familiar a plenitud (una ley plebiscitada, con varias opciones, definirá las dimensiones de las viviendas). Estas viviendas serán financiadas con el 10% del cobre que antes era entregado a los militares. Este derecho, tal como se expresa en este artículo, solo podrá ser derogado o modificado vía plebiscito. No podrá ser modificado ni por el Parlamento ni por el poder legislativo”.
El asunto es muy simple, o la nueva Constitución cambia los abusos ancestrales contra los pueblos o no servirá de nada. Un maquillaje solo sería más de lo mismo con un paracetamol de regalo. Porque todos sabemos qué quieren decir para la derecha, el pinochetismo y los empresarios, sobre todo: “medidas razonables, legislativas y de todo tipo”. Y esto es aplicable en educación, salud, pensiones, trabajo, etcétera.
alejandrolavquen.cl
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