Pese al coraje y sacrificio de miles de luchadores antidictatoriales, el factor determinante en la salida del General Augusto Pinochet desde el Palacio de la Moneda, el 11 de marzo de 1990, fue la presión del gobierno de EEUU. La Casa Blanca no estaba preocupada, por cierto, de poner fin a las violaciones de los […]
Pese al coraje y sacrificio de miles de luchadores antidictatoriales, el factor determinante en la salida del General Augusto Pinochet desde el Palacio de la Moneda, el 11 de marzo de 1990, fue la presión del gobierno de EEUU.
La Casa Blanca no estaba preocupada, por cierto, de poner fin a las violaciones de los Derechos Humanos en Chile, sino de apoderarse de nuestras colosales reservas de cobre , materia prima esencial para todo el diseño tecnológico del capitalismo mundial en el siglo 21.
Pinochet era lo menos parecido a un auténtico patriota, pero tuvo en cuenta la postura de una mayoría del cuerpo de generales del ejército que se opuso, hasta 1990, a la privatización y desnacionalización del cobre chileno.
El embajador de EEUU en Santiago, Harry Barnes, fue el gran ingeniero que tuvo a su cargo – entre 1987 y 1991 – la delicada maniobra de apartar a Pinochet del Palacio de la Moneda y entronizar a un civil golpista, el democristiano Patricio Aylwin, como Presidente Constitucional de Chile. El resultado está a la vista: Cuando Pinochet abandona el Palacio de la Moneda para continuar, durante otros 8 años como Jefe del Ejército, y más tarde como Senador vitalicio, la propiedad estatal del cobre alcanzaba al 93% de la producción. Durante los 20 años que gobernó la coalición llamada CONCERTACION DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA, el Estado chileno resignó a manos de las transnacionales el 72% de la producción nacional de cobre. Adicionalmente, en ese mismo período el capital extranjero pasó a controlar más de dos tercios del Producto Interno Bruto.
Hay otras variables, por cierto, que intervinieron en la mal llamada «transición a la democracia», pero la explotación, fundición, refinación, comercialización y manufactura del cobre chileno – que había sido estatizado por la unanimidad del parlamento durante el gobierno de Allende, en 1971-, fue el eje ordenador de la política y la economía en los últimos 22 años.
Su desnacionalización fue comprometida por el liderazgo concertacionista antes de llegar al gobierno en 1990. Usurpando la representación del pueblo chileno y por presión de la Casa Blanca, el liderazgo concertacionista pactó la conservación del modelo económico e institucional de la dictadura mediante un sorpresivo plebiscito que tuvo lugar en julio de 1989. En dicho evento, los votos democráticos fueron sumados a los votos del fascismo criollo para reconocer como legítima la Constitución impuesta por la dictadura en 1980, reformándola negativamente, de tal manera que se hizo prácticamente imposible modificarla en todo lo concerniente al modelo económico y los privilegios de los poderes fácticos.
Ello explica que los principales grupos empresariales y los medios de comunicación que sustentaron por 17 años a la dictadura sean, hoy, precisamente, los que han alcanzado una posición hegemónica en la sociedad y del Estado, y muy particularmente, en la política parlamentaria en el Chile del siglo 21.
Y ello explica, por consiguiente, que los Derechos Humanos pasaron a segundo plano desde el 11 de marzo de 1990, cuestión que hizo patente el Presidente Aylwin cuando señaló que sólo habría justicia «en la medida de lo posible».
Poco después, en 1995, el Ministro Socialista, Germán Correa, admitió que «LOS DERECHOS HUMANOS NO ESTÁN EN LA AGENDA DEL ACTUAL GOBIERNO».
Ello explica la prontitud con que el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle – a través de su canciller, el socialista José Miguel Insulza – usó todos los recursos del Estado para terminar con la Detencion de Pinochet en Londres e impedir que fuera procesado en España a requerimiento del Juez Baltazar Garzón.
Ello explica que el Presidente Ricardo Lagos, promulgara una ley en que EL TESTIMONIO DE LA VICTIMAS ANTE LA COMISION VALECH, en contra de sus torturadores y asesinos, sería mantenido en secreto durante 50 años, para impedir las acciones conducentes a sancionar a los culpables.
Así se puede comprender que sólo 70 uniformados, casi todos ellos de bajo rango, están pagando con cárcel en un país en que se han acreditado miles y miles de crímenes de lesa humanidad CUYOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES NO SOLO GOZAN DE BUENA SALUD Y TOTAL IMPUNIDAD, sino que, incluso, algunos de ellos actúan de pleno derecho en el marco de la constitución pinochetista todavía vigente en Chile.
Ello explica que el General Pinochet fuera sepultado con honores militares en una ceremonia de Estado en la que estaba presente la Ministra de Defensa, representante de la Presidenta de la República.
Las fuerzas auténticamente democráticas continúan la lucha democratizadora, sin descanso y sin tregua. Hace algunas semanas, el abogado Eduardo Contreras entabló una demanda contra quienes resulten responsables del Golpe Militar de 1973. Algunos fallos en la Corte Suprema y en algunas Cortes de Apelaciones, han permitido avanzar puntualmente en materia de reparación material a las víctimas y sus familiares. Adicionalmente, empiezan a aparecer, más vale tarde que nunca, testimonios que acreditan la profunda imbricación entre el Terrorismo de Estado y la instalación del modelo económico neoliberal instaurado por la Dictadura y consolidado por la Concertación.
Por Gustavo Ruz, Coordinador Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile, candidato ciudadano a la presidencia 2014.