El pensamiento liberal implantó la formula de distribución de derechos humanos por generaciones, que de todas maneras fabrica derechos de primera y de segunda, y en cambio de generaciones de problemas responde a asociaciones de intereses. Hoy parece que contra sí mismos los detentadores del poder, herederos de esa manera de pensar, ahora en versión […]
El pensamiento liberal implantó la formula de distribución de derechos humanos por generaciones, que de todas maneras fabrica derechos de primera y de segunda, y en cambio de generaciones de problemas responde a asociaciones de intereses. Hoy parece que contra sí mismos los detentadores del poder, herederos de esa manera de pensar, ahora en versión neoliberal, han negado por primera vez en la reciente historia política de Colombia realizar oportunamente un derecho: el de elecciones libres y oportunas. Los hechos se refieren al calculado aplazamiento del proceso electoral de revocatoria del mandato al alcalde Petro en Bogota programado para el 2 de marzo, es decir una semana antes del proceso de elección del nuevo Congreso nacional. Sin duda las elites encontraron riesgos para los resultados esperados, además de la necesaria toma de partido o las arteras jugadas de una mal llamada objetividad, que siempre es enemiga de los débiles, por eso negaron un derecho de primera.
La decisión de aplazamiento revela una creciente sensación de injusticia provocada ya no contra el alcalde si no contra los excluidos, los débiles, los inconformes, los que no resisten las arbitrariedades del régimen político que usa el concepto de democracia en beneficio propio. Esta percepción de injusticia que ronda los hechos tiene enfrentada la capacidad política del pueblo, contra la astucia jurídica de sus detractores, que convirtieron al alcalde en el símbolo de una clase social excluida. Los hechos han servido para volver la mirada hacia el fundamento del sistema democrático, sus modos de acción y el lugar real que ocupan los derechos, no según la universalidad predicada, si no según la posición de clase y además para evidenciar que al gobierno ya no le interesa la defensa de lo publico, que es un derecho y también un mandato constitucional, si no los negocios.
Alrededor del caso Petro la política parece reconstruirse a favor de los excluidos, de los débiles, de los perseguidos, mientras que la ley en cambio se percibe usada para agrupar a las minorías en el poder de no dejan escapar nada a su control. Ha florecido mucho mas que un sentimiento partidista o un agrupamiento de izquierda, lo que se afianza es la movilización y la resistencia social y política con la que los pueblos ganan sus luchas y se reconoce con mayor claridad que en los estrados judiciales se discute con la voz de los ilustrados y con las reglas de los poderosos y que en las urnas las voces disidentes tienden a ser derrotadas o en subsidio si allí fallaran la ley será usada como herramienta de venganza y sometimiento.
Las elites que históricamente se han esforzado por sobreponer la realización de derechos civiles y políticos, antes que satisfacer las necesidades vitales de la gente, esta vez traicionaron la teoría con la que defienden sus tesis y ejecuciones. No se conocen situaciones anteriores en que hayan negado o demorado recursos orientados a producir elecciones que son esgrimidas como sustento de su propia legitimación democrática. Lo corriente es aprobar rápidamente desproporcionados recursos para realizar inclusive pírricas e innecesarias consultas de partidos cuestionados o realizar procesos electorales de toda índole. Lo común entregar recursos para elecciones y justificar con teorías de escasez, inversiones estratégicas, pago de deuda o guerra, la falta de recursos para la vida y salud de 3 de cada 4 habitantes de Colombia. Con esta lógica le resulta mas fácil a un recién nacido tener la garantía al derecho a un nombre, una nacionalidad o una afiliación política, que a unas onzas de alimento, agua o abrigo para empezar a vivir. Tampoco se apropia dinero publico para sostener un hospital, una universidad o cubrir jubilaciones, pero siempre hay dinero para adelantar elecciones, hacer la guerra y salvar de las crisis a los bancos. Se acusa de ineficiencia o despilfarro a la universidad o al hospital publico pero nunca de ilegitimidad, inmoralidad o despilfarro el abultado costo del electoral.
El Estado esta vez falló en su acostumbrado uso de recursos del gasto social en acciones de guerra en nombre de la seguridad; pago de la deuda en nombre de la estabilidad y; realización oportuna de procesos electorales en nombre del fortalecimiento de la democracia y, dio paso a recordar que los conquistadores y los esclavistas se declararon portadores de los derechos de los débiles y usaron la ley para sostener su crueldad y justificar sus crímenes. Solo ellos se declaraban dueños de la vida, de la ley y la política como instrumentos de dominación. En nombre de la ley masacraron pueblos y destrozaron a latigazos el cuerpo de sus victimas.
Viejas practicas subyacen en presente, se niegan garantías efectivas al pueblo creador de derechos, sobre todo cuando se trata de igualdad o libertad real. El poder político y el capital que han puesto por delante los llamados derechos civiles y políticos, como estrategia para impedir la lucha por los bienes materiales para superar las necesidades, la interrumpieron con el aplazamiento de la elección revocatoria promovida por adversarios no de Petro, si no de una agenda propia por fuera de sus mandatos. La excusa de tan significante decisión es ingenua: Que hubo demora en el giro del dinero. El registrador culpó al ministro de hacienda y este al sistema y este no tuvo quien hablara por el, por supuesto se trata del sistema democrático en pocas manos. ¿Y si se hubiera recomendado que si era cosa del tiempo se duplicaran los turnos de trabajo para que en cambio de los necesarios 33 días de 8 horas, el proceso se hubiera realizado en 17 días de 16 horas de trabajo?. El problema no es Petro para el sistema, es el sistema para agendas, proyectos o nuevas formas de hacer la democracia. Lo central es haber enfrentado al núcleo liberal-neoliberal que considera que el capital vale mas que la vida humana. Decisiones como Desarmar a los civiles armados es pretender quitarle el látigo a los conquistadores; entregar agua potable a los sedientos les resulta inmoral a los financistas; y quitarle las basuras a los poderosos es un poco mas que poner en evidencia la actitud carroñera de los mercaderes. El alcalde Petro depende de la acción política y de la movilización permanente para fomentar las resistencias de los débiles y sus opositores dependen de la actuación jurídica y de la astucia diplomática en la que subyace la memoria de los conquistadores.