Tradición inequitativa La estructura de la propiedad rural en Colombia ha sido desde siempre ineficiente e inequitativa, pero no han faltado iniciativas de líderes progresistas para cambiar esta situación. Los dos momentos más representativos de esta visión progresista han sido: La Ley 135 de 1961 de «reforma agraria», promulgada bajo el gobierno de Alberto Lleras […]
Tradición inequitativa
La estructura de la propiedad rural en Colombia ha sido desde siempre ineficiente e inequitativa, pero no han faltado iniciativas de líderes progresistas para cambiar esta situación. Los dos momentos más representativos de esta visión progresista han sido:
- La Ley 135 de 1961 de «reforma agraria», promulgada bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, y
- La Ley 1 de 1968, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
Ambas leyes buscaron proveer tierras a los arrendatarios y aparceros y modificar la estructura de la propiedad para hacerla más eficiente y equitativa.
Pero los dos intentos fueron frenados por contrarreformas agrarias que -por la vía legal o por las vías de hecho- evitaron la injerencia efectiva del Estado sobre la posesión de grandes propietarios. Y a estas resistencias se añadió por supuesto la mecánica del conflicto armado, que implica traspasar vastas extensiones de tierra de campesinos pobres a grandes propietarios, legales e ilegales.
Ese despojo ha traído mayores niveles de concentración de la tierra y una crisis humanitaria que afectó (y aun afecta) a más seis millones de personas, en su mayoría en condición de vulnerabilidad: campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, que fueron obligados al desplazamiento.
Un momento especial
No obstante los intentos fallidos, la mayoría de los estudiosos consideran que el posconflicto ha de ser una nueva oportunidad para redistribuir la tierra en Colombia. Este fue el tema del Seminario Tierra y Paz. Reformas de Inclusión Social para una paz sostenible que se realizó en Bogotá y donde servidores públicos, sociedad civil y académicos nacionales e internacionales se dieron cita para conversar sobre las políticas agrarias y la paz.
Una de las principales conclusiones del evento fue la existencia de esa ventana de oportunidad para hacer frente a tres de los problemas centrales de Colombia: la violencia, la exclusión y la pobreza resultante del escaso crecimiento económico. Pero el gobierno podría perder la oportunidad si insiste en sus iniciativas actuales caracterizada por su implementación gota a gota o predio a predio, que las hace fácilmente reversibles o despiertan la dura resistencia de sus opositores.
Avanzar de manera simultánea hacia la paz, la equidad y el crecimiento económico
La oportunidad en cuestión consiste en aprovechar la confluencia de varios factores que de ser usados adecuadamente permitirían avanzar de manera simultánea hacia la paz, la equidad y el crecimiento económico:
- El gobierno y las FARC han puesto sobre la mesa el tema agrario como una prioridad para poner fin al conflicto y han llegado a una serie de acuerdos, entre ellos la creación de un fondo de tierras para la paz, un amplio programa de formalización de títulos, la protección de las zonas de reserva campesina y de áreas de especial interés.
- Se ha llegado a un consenso entre la mayoría de los partidos políticos y sectores sociales en respaldo de la reparación de víctimas y la restitución de tierras. En tiempos de Álvaro Uribe habría sido impensable una política de este tipo; entonces en el gobierno había quien negara el hecho mismo de que en Colombia existirían desplazados y el propio presidente negaba la existencia del conflicto armado. En cambio hoy día contamos con una ley y con instituciones que, así sean limitadas, ya están devolviendo las tierras a sus dueños legítimos.
- La opinión pública respalda las iniciativas de redistribución. Así lo muestran las recientes encuestas del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria: el 96 por ciento de los encuestados dijeron estar de acuerdo con la restitución, y un 88 por ciento considera que la tierra se debe redistribuir en Colombia.
De hecho más del 60 por ciento de los encuestados están de acuerdo con la expropiación de tierras inadecuadamente explotadas, con el aumento de impuestos sobre las grandes propiedades rurales y con la imposición de topes a las cantidades de tierra que una persona puede poseer, así como con límites al tamaño de los latifundios.
Contra los escépticos
Hay sin duda varios actores que se resisten a estos cambios y afirman que la reforma agraria es un «muerto viviente», un asunto pasado de moda que ya no se logró. Quienes así argumentan creen que en la actual «sociedad de conocimiento» el acceso a la tierra no es lo fundamental, sino su uso y explotación mediante innovaciones tecnológicas.
Este argumento pierde peso ante la realidad de varios países que muestran cómo con unos diseños institucionales adecuados y un buen respaldo político a los procesos redistributivos, la reforma agraria puede generar equidad y crecimiento económico tanto para los campesinos como para la nación en general.
Son clásicos los ejemplos de Taiwán y Corea del Sur a mediados del siglo pasado, pero también se vislumbran otros casos recientes con desenlaces favorables, como el de Bengala Occidental en India, que estudia Michael Lipton.
Incluso el Banco Mundial trajo de vuelta en 2009 la necesidad de reformas agrarias en países en desarrollo para lograr el crecimiento económico con inclusión social. En este momento entonces se da una convergencia entre factores políticos internos y un cierto respaldo internacional para los procesos de reforma agraria.
Los riesgos
¿Cuáles son los desafíos o cuellos de botella que pueden hacer que una vez más perdamos la oportunidad?
Como lo señala el director del Observatorio de Tierras, Francisco Gutiérrez Sanín, en primer lugar, Colombia es un país formalista en extremo, que ha optado por políticas agrarias caso a caso o predio a predio, en lapsos extremadamente largos, lo cual genera incentivos para que los opositores pongan en marcha estrategias legales e ilegales para frenar la redistribución.
Varios de los procesos de reformas agrarias exitosas, como el de Taiwán, se llevaron a cabo en períodos limitados y rápidos
Varios de los procesos de reformas agrarias exitosas, como el de Taiwán, se llevaron a cabo en períodos limitados y rápidos (cinco años máximo), para evitar efectos indeseados como la fuga de las inversiones. En cambio, en Colombia, la reforma agraria fue exageradamente lenta, gota a gota, y estuvo plagada de las argucias de los terratenientes que tuvieron la capacidad de transformar los diseños institucionales a su favor y detener por la fuerza las demandas redistributivas de los campesinos.
Asuntos tan delicados como las reformas agrarias pueden causar una indeseable pero necesaria desestabilización de los derechos de propiedad privada – y por eso estos procesos deben ser rápidos y masivos-. Esto es fundamental en un país como el nuestro, donde no ha habido seguridad jurídica en relación con aquellos derechos.
Por eso es de celebrar la iniciativa gubernamental por la restitución de tierras, donde se reconoce a las víctimas y se crean instituciones comprometidas con la ejecución de la política. Pero los resultados de la restitución son hasta ahora muy limitados frente al universo de las solicitudes, debido a asuntos complejos como la macro y micro focalización que responden a criterios «secretos» de seguridad, o la ejecución gota a gota es decir.
Los estudios de investigadores del Observatorio, mediante la «metodología de colas», muestra que uno de los efectos de las demoras excesivas de la burocracia para acceder a la restitución es el desistimiento de los campesinos que la solicitan. De seguir así, la política de restitución tardaría cientos años en ser implementada. Lo que nos lleva a pensar que este tipo de políticas si bien son deseables y necesarias, no son suficientes y que es necesario repensar los diseños institucionales que promueven su implementación predio a predio.
En las sociedades democráticas y liberales el respeto por la institución de la propiedad privadaes uno de los más importantes porque está en la base del orden social. Sin embargo, cuando coexisten una desigualdad aberrante, un robo de tierras masivo a manos de criminales y una acumulación extrema marcada por estrategias ilegales, la redistribución no solo se hace necesaria, sino justa.
Jenniffer Vargas Reina, Investigadora asociada del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.
Fabián Alejandro Acuña, Docente investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.