El terrorismo de Estado y el exterminio del contradictor político desde las altas esferas del poder en Colombia, está en los genes de las clases dominantes y es una de las características del régimen imperante.
Contrariamente a lo que pregona la ideología dominante, los grandes medios de comunicación, las instituciones y la historia oficial, la violencia política que ha caracterizado a Colombia no tiene sus orígenes ni su causa principal en los de abajo, en las explosiones de la lucha popular, ni en la insurgencia guerrillera, sino en las élites que siempre han estado en el poder y que se enriquecen mediante la explotación y la pobreza de las mayorías.
Aniquilar a la oposición de izquierda, una política de Estado
En días pasados en el Portal de los Danieles el prestigioso investigador Alberto Donadio destapó un hecho histórico que aunque conocido en las más altas esferas, lo habían mantenido en secreto para las grandes mayorías del país y la comunidad internacional; sucesos ocurridos en 1986 cuando el Presidente de la República Virgilio Barco (1986-1990), en presencia de un General de alto rango decidió el exterminio del Partido de Izquierda Unión Patriótica (UP) por medio de las Fuerzas Armadas (FFAA).
La UP fue una organización reconocida legalmente, producto de los Acuerdos de Paz suscritos en 1984 entre las FARC y el Estado colombiano encabezado por el Presidente Belisario Betancur (1982-1986).
Entre 1986 y los primeros años del 2000 asesinaron a 2 candidatos presidenciales integrantes de la UP, en 1987 Jaime Pardo Leal y en 1990 a Bernardo Jaramillo Ossa, igual suerte corrieron más de 5.000 de sus integrantes, entre ellos 8 congresistas en ejercicio: Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Octavio Vargas, Henry Millán, Manuel Cepeda, Jairo Bedoya y Octavio Sarmiento; también mataron a 11 diputados, 109 concejales activos y otros más de periodos anteriores, 8 Alcaldes en ejercicio y 8 ex Alcaldes.
Bajo una política de Estado exterminaron sistemáticamente una opción política de carácter popular, contraria a los intereses de quienes siempre han dominado el país. Con este Genocidio ocurrió una vez más la exclusión violenta que caracteriza al régimen de las clases dominantes en Colombia.
Aniquilar mediante la violencia al contradictor político
Donadio relata que el Presidente Barco pocos meses después de su posesión del 7 de Agosto de 1986, contrató con fondos de la estatal petrolera Ecopetrol al agente israelí Rafi Eitan, ex integrante del Mossad, con experiencia en varias operaciones de renombre mundial, para que le presentara un “diagnóstico de cómo acabar con la guerrilla” [1] y enfrentar la expansión de las FARC.
Eitan una vez que recorrió el país recomendó como solución el exterminio de la UP, estrategia a la que Barco dio su consentimiento y decidió que de esta misión se encargarían las FFAA [2].
Donadio también recuerda que ante la preocupación de Carlos Ossa el Consejero de paz del momento, por el asesinato inclemente de los integrantes de la UP, el General Samudio Molina, Ministro de Defensa en ese momento, le respondió: “a ese ritmo no van a acabar nunca” [3].
En Chile bajo la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990 los asesinatos y desapariciones perpetradas por la dictadura no pasaron de 3.000, mientras en Colombia solamente los asesinados de la UP pasan de 5.000, sin contar los desaparecidos, ni los asesinatos de otros movimientos políticos de izquierda como el Frente Popular y A Luchar.
Hoy repiten el Genocidio político
EL Genocidio en curso tiene objetivos militares más amplios, pues lo dirigen contra líderes sociales. Defensores de Derechos Humanos y ex combatientes de las FARC firmantes del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016; después de la firma del Acuerdo han asesinado a 253 ex guerrilleros y a 1.100 dirigentes sociales, además que el Gobierno se niega a cumplir lo pactado, violentando el “pacta sunt servanda”.
No fue casual que el líder popular y sacerdote Camilo Torres en su Proclama a los colombianos de 1966, en la que informó de su vinculación a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, dijera:
“Cuando el pueblo pedía un jefe y lo encontró en Jorge Eliécer Gaitán, la oligarquía lo mató. Cuando el pueblo pedía la paz, la oligarquía sembró al país de violencia” [4].
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[1-2] Virgilio Barco y el exterminio de la UP. Alberto Donadio. Portal de los Danieles, 10-01-2021.
[3] Hay que recordar que el General Samudio Molina ha sido acusado por su responsabilidad en la promoción y difusión del paramilitarismo, pero sigue gozando de total impunidad, en días pasados se pronunció en forma amenazante frente a la Senadora Aida Avella, por las declaraciones que ella dio sobre el Genocidio de la UP, del cual es sobreviviente.
[4] Proclama a los colombianos. Camilo Torres Restrepo, 7-01-1966.