Desigualdad

Los resultados empresariales del primer trimestre del año confirman el buen pie de la economía, cuyo efecto más visible ha sido un aumento del 30 por ciento al compararlos con marzo de 2004. Las gruesas utilidades de diciembre pasado marcan y acentúan su tendencia en el primer cuarto de 2005, año que podría terminar con nuevos techos gananciales para el gran universo corporativo. Los dividendos han estado liderados por las grandes mineras, ingresos estimulados por el alto precio del cobre. Codelco ganó casi mil millones de dólares y Escondida 460 millones. Estuvieron seguidas por el conglomerado Angelini, cuya matriz obtuvo una utilidad de 187 millones de dólares. Estos son los claros y más significativos efectos de nuestra tan buscada reactivación económica, iniciada hacia finales de 2003, confirmada en 2004 y muy probablemente amplificada durante el año en curso. Si el producto chileno creció el año pasado 6,1 por ciento, la mayor variación desde 1997, las proyecciones para 2005 podrían alcanzar un 6,4 por ciento, estímulo que se refleja de manera abultada en el comportamiento empresarial. Algunos cruces de datos realizados por el mismo sector privado revelan, sin embargo, otra realidad. De partida, no todas sino unas pocas empresas han tenido descollantes resultados. La mayoría de las sociedades anónimas chilenas y las afincadas en Chile no gozaron de un brillante primer trimestre. Sólo 30 compañías, de un total de 500 inscritas en la Superintendencia de Valores y Seguros, concentraron más de los dos tercios de las ganancias. En otras palabras, el seis por ciento de las sociedades anónimas se llevó casi el 80 por ciento de los dividendos, lo que nos lleva a afirmar que en las empresas existe un enorme desequilibrio en la distribución de la riqueza. Como se ha pronosticado, el impulso económico estará este año marcado por el consumo interno y, en menor medida, por las exportaciones, que en 2004 crecieron un 50 por ciento respecto al año anterior. Al observar la trayectoria exportadora, tenemos que a marzo las exportaciones han crecido casi un 20 por ciento, en tanto las importaciones casi un 39 por ciento, clara señal de la reactivación de la demanda interna. Por cierto que el acicate al consumo privado lo otorga el sector financiero, cuyos créditos se han mantenido en permanente alza. A marzo pasado los préstamos para la compra de vivienda subieron un 20 por ciento, en tanto las colocaciones para consumo lo hicieron en un 19 por ciento. Si observamos con un poco más de detalle, vemos que la demanda de bienes y servicios tiene efectos en varios sectores: la facturación de las autopistas y aeropuertos aumentó casi un 30 por ciento a marzo, la venta de viviendas creció más de un diez, la de automóviles nuevos un 28, las ventas generales del comercio un 5,1 por ciento: un cúmulo de variables que apunta hacia una economía, recordando la célebre alocución del ministro Eyzaguirre, que va de menos a más. A una economía que ha sido calificada como la mejor de Latinoamérica para los grandes negocios. Hacia comienzos de mayo la agencia clasificadora norteamericana Standard & Poor’s ubicó a la economía chilena en la categoría A/AA, virtualmente óptima para los inversionistas, quienes, por recomendación de la agencia, pueden hacer negocios en Chile con plena seguridad.

Lo que es arriba es abajo

El síndrome que observamos en la Bolsa, que expresa una enorme disparidad en los resultados empresariales, no está, como sabemos, acotado a las actividades de las sociedades anónimas. Estas son el vértice de la pirámide empresarial. Hacia la base nos encontramos con las medianas, pequeñas y micro empresas, sectores heterogéneos con realidades opuestas a la gran empresa. Una de las explicaciones de la tremenda concentración de las utilidades en pocas grandes empresas apunta a la concentración de mercado, que es concentración de ventas. Un proceso que no necesariamente deriva de una mayor creación de mercados, sino de un trasvasije desde las ventas que tenían las empresas más pequeñas hacia las grandes. La solidez y crecimiento de las grandes corporaciones se nutre del alimento del que carecen las pequeñas compañías. Un proceso que ha llevado a la endémica debilidad del sector pyme, que sobrevive con altos niveles de endeudamiento y sin generar nuevos empleos. Ya es un hecho consensual que el alto desempleo es un efecto directo de la debilidad -y en algunos casos desaparición- de las pymes. La concentración del valor y la riqueza en unas pocas grandes empresas es un fenómeno que no sólo afecta al resto de las unidades productivas, sino al resto de los actores económicos. La concentración de las ventas y la riqueza es una consecuencia del libre y desregulado juego de la oferta y la demanda, que pone en un mismo terreno a competir a la gran corporación con la pequeña empresa. Una desregulación que se extiende también hacia otras esferas de la economía, como el mercado laboral, que, junto a la atomización y anemia de las organizaciones laborales, ha permitido una progresiva precarización e informalidad del empleo en desmedro del trabajador y en beneficio del empleador. Los abultados resultados de la gran empresa encuentran en la desregulación del mercado del trabajo otra explicación. Si las ganancias empresariales crecen a un promedio del 30 por ciento y la economía en su conjunto un seis por ciento, la tendencia debiera, de una u otra forma, extenderse hacia el resto de los actores económicos. Pero se trata de una corriente acotada, que no tiene expresión en los otros actores. De partida, no hay creación de nuevos empleos, en tanto los salarios apenas han aumentado, en marzo, un 2,1 por ciento respecto a diciembre.

Ganancias empresariales y personales

La tremenda concentración de la riqueza en el área empresarial tiene una expresión aún más bestial en las riquezas personales. Para ello, sólo basta recordar las estadísticas de Mideplán, que están disponibles para cualquier persona: el 20 por ciento más rico de la población – unos tres millones de personas- obtiene el 62 por ciento de los ingresos y representa más de 18 veces el ingreso promedio del 20 por ciento más pobre: una estructura económica, y también social, que nos ha puesto entre los diez países del mundo con peor distribución de los ingresos. El perverso fenómeno, que comenzó a emerger en la agenda pública hacia finales de la década pasada, es ya reconocido por toda la oficialidad, desde los partidos políticos, el sector privado y el mismo presidente de la República, que lo señala como una de las mayores falencias de su administración. No obstante, a menos de un año del fin de su mandato, el mal sólo es identificado, tal vez diagnosticado, pero está lejos de una solución. El crecimiento con equidad, frase clave de la campaña de Ricardo Lagos, terminó en la mayor decepción de su gobierno. El mal, que surge de un paradigma económico que avanza libremente a sus anchas, tiene su expresión en la vida social y su evaluación desde la política y los guardianes de la moral. La Conferencia Episcopal chilena expresó a finales de abril, a través de una declaración, que en el país «se ha desencadenado una desigualdad que ha llegado a niveles escandalosos». La enfática opinión, que hubiera pasado inadvertida en otro momento, no lo ha sido en el actual período electoral. Por cierto no ha sido la bandera de la Concertación. Quien ha recogido estas palabras ha sido Joaquín Lavín, el tradicional candidato de la derecha empresarial, que ha relacionado el problema con los últimos 16 años de gobiernos de la Concertación. Una maniobra que no tiene un sólido apoyo en los hechos -es su partido, la UDI, el que con más vehemencia ha obstaculizado y frustrado los pocos proyectos redistributivos de la Concertación, como lo fue el royalty minero o la reforma laboral- pero es muy útil como proclama electoral. Lavín, que es un experto en el mercadeo político y en el discurso efectista, no ha tenido reparos ni pudor en convertir la desigualdad social en uno de sus blasones de lucha electoral. Ante la languidez nacional en la reflexión política, sus contrincantes de la Concertación difícilmente podrán vincular la compleja malla política económica que genera la mala distribución del ingreso con la acción de la oposición. Y si logran hacerlo tampoco sería un éxito: porque no es eficaz un gobierno que durante 16 años es un rehén de su oposición.

La inequidad, nueva bandera empresarial

No sólo los partidos políticos o la Iglesia han condenado este mal social. Lo ha hecho de manera sorprendente e increíble el propio empresariado. La revista Capital, vinculada al grupo Luksic, realizó un seminario titulado nada menos que «Desigualdad de oportunidades: La gran vergüenza de Chile», una hábil maniobra, con tintes no sólo electorales de corto plazo sino con una visión política de mayor envergadura. El sector privado se ha adelantado a emitir su diagnóstico del problema antes que otros diagnósticos elaborados por actores ajenos lo responsabilicen a él. De esta manera, como ya tantas veces hemos podido observarlo, el empresariado, ungido y auto ungido como el motor de la economía y el gran generador de empleo, se deslinda de responsabilidades sociales y se las remite a los gobiernos: si la economía genera algún mal social es responsabilidad de un errado manejo político o es parte de la inefable, pero a veces perversa, naturaleza. De este debate podemos inferir al menos dos interpretaciones: es sin duda favorable que todos estos actores públicos coloquen con énfasis en la agenda pública el problema de la desigualdad en la distribución de la riqueza; pero es a la vez absurdo que el debate esté manejado y modelado por quienes se benefician y también generan esta desigualdad. La medicina propuesta por la derecha de sobra la conocemos: alto crecimiento económico que permita el rebalse hacia los menos pudientes a través de generación de empleos e inversión en educación. Un remedio que es una falacia, comprobada durante las dos últimas décadas. La economía chilena creció a altas tasas históricas durante la década pasada sin efectos evidentes en una mayor igualdad en los ingresos, en tanto la educación, el supuesto gran ascensor para la movilidad social, está cada vez más en manos del sector privado que la utiliza como una fuente más de negocios. La fuerte apropiación por parte de Lavín y el sector privado de la problemática social halló inermes a las candidatas de la Concertación. Han demostrado gran ambigüedad y vacío creativo para enfrentar la materia. Tanto, que Soledad Alvear desplegó la clásica fórmula de la derecha, que vincula la igualdad de oportunidades con el crecimiento económico. La usurpación por la derecha del problema y la carencia de sólidas propuestas por parte de las candidatas ha desencajado el debate, convirtiendo un problema socio político en una liviana discusión electoral más. El silencio de las candidatas de la Concertación respecto a las verdaderas causas del mal y sus posibles soluciones revela otro tipo de complicaciones, que apuntan al posicionamiento de las campañas. No es que haya habido un diagnóstico del mal, sino que las soluciones han sido silenciadas. La Fundación Chile 21 ha venido haciendo frecuentes análisis sobre el problema. En julio del año pasado su directora, Clarisa Hardy, reconocía que «se fue demostrando con el paso de los años que a medida que crecíamos, no había una correspondencia equivalente con la generación de empleo», hecho que hoy las estadísticas exhiben de manera impúdica: alto crecimiento del producto y desempleo también al alza o, en el mejor de los casos, estancado. La superación de la pobreza como proceso irreversible es otro de los supuestos que ha cambiado, afirmaba la Fundación. «La evidencia ha demostrado que la pobreza puede castigar a las personas y sus familias más de una vez en su ciclo vital», lo que lleva a considerar a una gran masa de la población como vulnerables a caer en la pobreza, fenómeno que está directamente relacionado con «la actual estructura del mercado laboral». Por tanto, señala Clarisa Hardy, se requieren no sólo políticas pro crecimiento -como la Agenda Pro Crecimiento- sino también de aquellas que fomenten el empleo. «Tampoco sólo políticas para los excluidos, sino para este nuevo modelo de sociedad en la que, eventualmente, todos podemos llegar a estar excluidos, salvo una minoría privilegiada». En febrero pasado otro documento de la Fundación progresista de la Concertación señalaba que la sociedad chilena ha asumido que los derechos humanos son inalienables, «partiendo por el básico derecho a la vida y a la integridad personal, pero pasando también por los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. El debate de 2005 tendrá, como nunca antes desde el retorno a la democracia, ese sesgo, que algunos sintetizan como igualdad de oportunidades, otros como equidad y tantos más como protección y seguridad». El diagnóstico, podemos observar, estaba desde hace años realizado. No obstante, ha sido amordazado, con toda seguridad por cálculos electorales: no es lo mismo que una propuesta de reforma tributaria, como política redistributiva, provenga de Bachelet o de Lavín, un portavoz sui generis del espíritu de la derecha tanto política como económica. Los empresarios, como poder fáctico, saben a quién representa Bachelet y quién los representa. La manipulación del problema de la inequidad -con propósitos electorales por parte de la derecha- y el silencio de propuestas por parte de la Concertación, ha conducido a un debate espurio e inútil, que no ayudará en nada a resolver uno de los problemas más serios de la sociedad chilena