El pasado 26 de junio se conmemoraron los 107 años del natalicio de Salvador Allende. Desde que el político socialista fuera asesinado en 1973, Chile ha pasado de ser un referente para la izquierda a convertirse en el laboratorio neoliberal de este continente. El crecimiento de la desigualdad social, el endeudamiento y la mercantilización de […]
El pasado 26 de junio se conmemoraron los 107 años del natalicio de Salvador Allende. Desde que el político socialista fuera asesinado en 1973, Chile ha pasado de ser un referente para la izquierda a convertirse en el laboratorio neoliberal de este continente. El crecimiento de la desigualdad social, el endeudamiento y la mercantilización de la sociedad son los efectos más visibles de este viraje.
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En tres años de gobierno, Enrique Peña Nieto abrió el camino para la mercantilización de los bienes comunes, tal como en Chile lo hizo Augusto Pinochet durante la dictadura (1973-1990). A pesar de que ambos países proyectan una imagen de crecimiento económico hacia el exterior, en el interior la desigualdad atraviesa todo el tejido social.
En Chile, como documenta la Fundación Sol, el salario registra un considerable atraso en el poder adquisitivo. El 18 por ciento de los trabajadores dependientes (conocidos como los falsos asalariados) no cuentan con un contrato de trabajo, no tienen acceso a la salud, previsión, ni seguro por cesantía. De este porcentaje, siete de cada 10 perciben menos de 251 mil 48 pesos chilenos mensuales (6 mil pesos mexicanos).
En 2014 el 27.8 por ciento de las personas trabajadoras reportó que sus ingresos no eran suficientes para comprar alimentos, según datos del informe Society at glance de la OECD. Asimismo la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) del Banco Central de Chile señala que el 63% de las familias chilenas son poseedores de al menos una deuda.
De igual forma, el primer Informe de Endeudamiento de los Clientes Bancarios revela que los jóvenes menores de 25 años deben en promedio 3.7 millones (91 mil pesos mexicanos, más de 5 mil 800 $US) y los mayores de 70 años 3.2 millones de pesos chilenos (alrededor de 78 mil pesos mexicanos, más de 5 mil dólares). Y la Aseguradora Allianz, en su informe Global Wealth Report 2013, señala que la deuda per cápita en Chile es la más alta de América Latina.
Lo que puede leerse como una de las consecuencias de la privatización y mercantilización de los bienes sociales (como lo son la educación, la salud, los recursos naturales o la previsión social), avalada por la Constitución heredada de la dictadura (1980). Sin embargo, durante las últimas décadas los llamados gobiernos de la Concertación de Partidos Democráticos[1] -hoy maquillada bajo el nombre de Nueva Mayoría-, no se han planteado revertir estas medidas estructuralmente.
Esto ocurre, por un lado, debido al peso de los intereses económicos filtrados en el interior de los partidos políticos y, por otro, gracias a los candados que establece la Ley Orgánica Constitucional para reformar la Carta Magna. Como el sistema binominal, por ejemplo, que hasta las elecciones pasadas (2013) permitió que, generalmente, resultara electo un legislador de cada coalición (La Concertación o Nueva Mayoría y la Alianza por Chile[2]) en cada distrito y circunscripción. Lo que benefició mayormente a los partidos de derecha y a los llamados de izquierda partidista por encima de las candidaturas independientes.
En esta materia, así como en el rubro de educación, Michelle Bachelet, titular del Ejecutivo Federal en Chile, recuperó las reivindicaciones de la sociedad civil, pero las adapto a las exigencias del actual modelo político. Así, introdujo el sistema proporcional inclusivo -que se pondrá en práctica en las elecciones parlamentarias de 2017-, el cual reconfigura distritos y circunscripciones, al tiempo que aumenta el número de parlamentarios (diputados y senadores), pero mantiene la elección por medio de listas.
El doctor en Ciencias Sociales y profesor por la Universidad Iberoamericana, Darío Salinas Figueredo, explica que en el contexto actual, es preciso «reconocer el peso dictatorial del modelo económico neoliberal y el resguardo de una institucionalidad estructuralmente antidemocrática en su diseño, en su proyección, que sigue vigente y es una de las herencias y una de las rémoras para la democracia».
Cabe señalar que este diseño institucional fue «aprobado en condiciones profundamente antidemocráticas en 1980 y esa es la legalidad por la que actualmente se rige Chile. De manera que tenemos un país pos dictadura y pos transición a la democracia que nos deja el saldo de una sociedad privatizada -probablemente la más privatizada de América Latina y el Caribe- que se presenta como si fuera ejemplo de una especie de paradigma de desarrollo y de los procesos democráticos especialmente para los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional».
La clase política chilena, incluidos los medios hegemónicos (Mercurio y Copesa), muestran el modelo político económico de Chile como un ejemplo no sólo para la región de América Latina, sino para el resto del mundo, «absolutamente coherente con los criterios del consenso de Washington y sobre todo con la escuela de Chicago que le dio origen desde los propósitos friedmanianos a este modelo».[3]
Es preciso recordar que el modelo neoliberal fue instaurado mediante un golpe de Estado que representa el preludio, el «punto de partida de la reversión, de la antirreforma y de los procesos más involutivos que se registran en América Latina», precisa Salinas Figueredo, sociólogo formado en la Universidad Católica de Chile, autor de Democratización y tensiones de gobernabilidad en América Latina (2006), entre otros títulos.
De ahí la importancia de mirar a Chile como un eslabón primordial para comprender los procesos políticos en América Latina, el desarrollo y la vigencia del neoliberalismo en el contexto actual, así como el papel de la llamada «izquierda partidista» chilena hoy desdibujada por su concordancia con los cánones neoliberales.
Cabe enfatizar que durante los años de la dictadura, la izquierda chilena -antes referente en América Latina-, fue desmantelada mediante «el desmembramiento del tejido social que se manifiesta no sólo en el exilio, la prisión política o la tortura, sino también en la integración de un pensamiento político que logra, en términos de una ingeniería social, crear un nuevo sujeto ideal del neoliberalismo. Un sujeto individualista ligado a sus propios intereses, con mucho temor», describe Raúl Contreras Román miembro de la Comisión Ética contra la Tortura en Chile.
Este sujeto neoliberal se formó a partir de dos elementos una economía neoliberal y una política conservadora, ambas incluidas en la Constitución de 1980, como lo describe Raúl Contreras:
https://www.youtube.com/watch?
La mercantilización de los bienes y servicios básicos, como el saneamiento, la vivienda, el acceso al derecho humano al agua, el transporte, la salud, las previsiones y la seguridad social, «genera que tú como individuo te veas compelido a resolver tu vida» en términos de competencia. Sobre este aspecto, Contreras Román recuerda que José Manuel Piñera Echenique, hermano del ex presidente Sebastián Piñera (empresario de derecha) fue creador del sistema Privado de Pensiones basado en la capitalización individual -similar a las Afore, en México- vigente, igualmente, desde 1980.
«En Chile ya tenemos a la primera generación jubilada, la cual fue obligada a someterse a este sistema de pensiones, cuyas jubilaciones son paupérrimas. Por ejemplo, un profesor que terminó su vida laboral ganando 10 mil pesos mexicanos tiene una jubilación de 2 mil 500 pesos, porque la capitalización individual no alcanza».
Además de las limitaciones para el sindicalismo y la asociación política contempladas en la ley laboral de Chile, la represión política sigue operando ante «un ‘enemigo interno’, el mejor ejemplo de esto es la represión contra el pueblo Mapuche».
El Pueblo indígena Mapuche es el grupo étnico más grande de Chile, entre sus reivindicaciones se encuentra el derecho a poseer sus tierras ancestrales localizadas al sur del país. Este simple hecho los ha hecho enfrentarse a una Ley Antiterrorista promulgada en 1984 y aplicada en contra de sus líderes sociales, integrantes y activistas, quienes se oponen al despojo.
Esta ley que «se aplica en la zona de la Araucanía es una especie de escudo para poder galvanizar, para poder impedir las demandas sociales y los justos reclamos de las sociedades de los pueblos originarios en defensa de sus tierras, en defensa de los recursos naturales», afirma Darío Salinas Figueredo, Maestro en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO
En 1982 entró en vigor la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Actualmente, Chile es el principal productor y exportador de cobre en el mundo, sin embargo los beneficios económicos producidos por este recurso natural no han ayudado a frenar la desigualdad, pues la industria nacionalizada por Salvador Allende fue entregada a las transnacionales por el régimen pinochetista bajo la figura de concesiones.
Comparativamente a lo que ocurre actualmente en México con PEMEX, CFE y la industria de la minería; la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), «pasó de controlar más del 90 por ciento de la producción de cobre a obtener poco más del 25% por ciento de la misma»,[4] argumenta Raúl Contreras Román, Maestro y doctorante en Antropología por la UNAM.
Por su parte, el doctor Darío Salinas afirma que «no hay que olvidar que la sociedad chilena es una de las sociedades latinoamericanas que tiene el más alto índice de abstencionismo electoral, hay una falta de credibilidad importante respecto de la política hegemónica, de la política vigente, que se expresa particularmente en poblaciones juveniles que están entre los 18 y los 29 años […]. Porque la política en Chile transcurre de una forma heredada de la dictadura y del lado más conservador de lo que han sido estas cuatro décadas».[5]
Chile es un ejemplo de cómo «el lucro articula el conjunto de la sociedad en favor de los grandes intereses latino liberales», de ahí que, en su opinión, la lucha anti neoliberal deba desarrollarse «en el terreno social, en el terreno de la lucha contra los medios monopólicos de comunicación, en el terreno de la educación, en el terreno de los pueblos originarios».
De manera que el papel de la izquierda en Chile debe pensarse desde diferentes ámbitos y en paralelo a los procesos políticos vividos en toda América Latina.
https://www.youtube.com/watch?
Si se analizan con detenimiento, las consecuencias de la política neoliberal en Chile arrojan una sociedad atravesada por la mercantilización, el endeudamiento y la desigualdad social. Ante ello resulta preciso reflexionar sobre el rumbo que está tomando México, dado que las reformas constitucionales recién aprobadas, son preocupantemente parecidas a las instauradas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
[1] La Concertación estuvo integrada por los partidos Socialista, Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Radical Socialdemócrata. Nueva Mayoría, suma a esta coalición, al Partido Comunista, al Movimiento Amplio Social y a Izquierda Ciudadana que perdió su registro en 2014.
[2] Coalición que vincula a los dos principales partidos de la derecha Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional.
[3] «Friedmanianos», de Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo.
[4] Las empresas privadas controlan la mayor parte de la producción de cobre, entre las que destacan Escondida perteneciente al holding autraliano BHP, que acapara cerca del 30 por ciento así como la compañía Los Pelambres del grupo Luksic, de los Luksic Abaroa de origen croata, quienes desde la década de 1970 han visto beneficiados de la acumulación del capital en los ámbitos del turismo, medios de comunicación, la minería, el salitre, entre otros, y se han inmiscuido en las campañas electorales en todo el espectro político chileno; colocando a funcionarios clave principalmente en los ministerios de Energía y Minería.
[5] Desde 1975, año en que ingresan los economistas neoliberales al Banco Central y ocurren las primeras modificaciones en la política nacional económica en Chile, dos años después del golpe de Estado en 1973.
Érika Paz, periodista, Maestra en Estudios Políticos y Sociales (UNAM)