Las medidas del Gobierno van en la dirección correcta: darle un giro al incentivo perverso del almacenamiento y cambiarlo hacia los pequeños y medianos productores.
Desde hace poco más de una semana, un sector de la cadena arrocera ha liderado un paro contra el Gobierno nacional. Este paro, motivado políticamente por el sector conservador del departamento del Tolima, se produce en una región conocida por su producción de arroz, cuyo control está en manos de las empresas Arroz Diana y Roa, que abarcan cerca del 80% de la producción, así como de la industria y comercialización del grano.
La cadena del arroz enfrenta problemas estructurales que presentan una condición dual. Uno de los desafíos más significativos es la baja productividad del sistema productivo. Esto se traduce en altos costos de producción, bajos rendimientos de cosecha por hectárea y considerables gastos en el procesamiento y logística, tanto para los productores como para la comercialización.
Además, esta dualidad se refleja en las variaciones regionales de los sistemas productivos y sus actores; los productores del Caribe, en su mayoría pequeños y medianos, no son comparables a los de Tolima y la altillanura, donde predominan los grandes productores que se benefician de la red pública de riego, como el Triángulo del Tolima, una de las infraestructuras de riego y drenaje más importantes del país.
Esta dualidad implica que existen regiones con condiciones de producción disímiles, afectando también a la cadena agroindustrial, que está dominada por grandes productores, con escasa participación de pequeños y medianos.
Características del problema
Una característica crucial de esta situación es la participación de Fedearroz e Induarroz, quienes fomentan el paro y movilizan a los productores en contra del Gobierno, mientras mantienen una postura pasiva o cómplice, frente a la administración de los recursos parafiscales de la cadena.
Durante más de 20 años, el gremio de productores y la industria han gestionado una cuenta parafiscal por miles de millones de pesos, que ha incentivado el almacenamiento de manera perjudicial, beneficiando principalmente a los grandes productores a expensas de los pequeños y medianos.
Estas condiciones, sumadas a factores climáticos, afectan la relación entre oferta y demanda, cargando una responsabilidad excesiva sobre los pequeños agricultores. Actualmente, los inventarios están colmados con la cosecha del semestre anterior y los molineros carecen de espacio para almacenar la actual, que corresponde a la cosecha más pequeña del año y proviene mayormente de grandes cultivadores. Para agravar la situación, los costos de insumos agropecuarios han aumentado, y mientras los grandes y medianos productores han logrado obtener financiamiento formal, los pequeños se ven obligados a recurrir a créditos fuera del sistema bancario agrario, aceptando condiciones desfavorables, incluyendo la pignoración de sus cosechas por fuera del sistema Finagro: con el proveedor de insumos agrícolas, con el proveedor del combustible y maquinaria, o con el rentista local (un gota a gota de mayor nivel).
La producción nacional
En resumen, la cadena presenta altos costos de producción, donde el arriendo de la tierra y los insumos son los principales factores, así como bajos precios de venta y escasos rendimientos por hectárea.
Este problema estructural debe ser atendido tanto por el Gobierno como por los productores e industrias. El Estado tiene la responsabilidad de proteger la producción nacional, aumentando la demanda interna y, sobre todo, resguardando a los eslabones más vulnerables de la cadena.
Las áreas sembradas han crecido alrededor de 274 mil hectáreas en este Gobierno. Según Fedearroz, en 2022 se cultivaron 534.915 hectáreas; en 2023, 589.853; y en 2024, 809.270. Sin embargo, la producción nacional mantiene niveles de rendimiento entre 5.6 y 5.8 toneladas por hectárea, en comparación con otras regiones del mundo donde el rendimiento promedio supera las 10 a 12 toneladas por hectárea.
El incremento de las áreas de arroz se puede atribuir a las políticas del actual Gobierno en forma de programas de crédito a tasas de interés bajas y subsidios a insumos agropecuarios, como el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, FAIA, así como a un entorno macroeconómico relativamente estable.
No obstante, hay dos áreas que deberían ser abordadas por los gremios Fedearroz e Induarroz: el aumento en los niveles de rendimiento y la mejora de la productividad.
Medidas gubernamentales
La cuota de fomento del arroz es una cuenta parafiscal que aportan todos los productores, es una contribución de estos para mejorar las condiciones de la cadena, especialmente en investigación para el mejoramiento de semillas y la sanidad vegetal del cultivo.
Pues Fedearroz ha sido incapaz de mejorar las semillas, de poner al servicio de la cadena la investigación necesaria para tener cultivos más sanos y con mayor rendimiento, y ha malgastado los recursos públicos de los cultivadores en gastos inoficiosos que no mejoran la productividad ni la competitividad, solo mejora las finanzas domésticas de los altos ejecutivos de la Federación.
Las medidas que ha propuesto el Gobierno están en la dirección correcta: darle un giro al incentivo perverso del almacenamiento y cambiarlo radicalmente hacia un incentivo directos a los pequeños y medianos.
Robustecer los subsidios a los insumos agropecuarios mediante el FAIA; dedicar más crédito barato a los más débiles y asociar la producción y comercialización para tener mayores oportunidades y fuerza de negociación de los pequeños cultivadores cooperativizados en el crédito y en la comercialización; además, sentarse a una mesa con todos los actores para planificar la cadena, las áreas, las regiones y la industria (molinos) con mayor participación pública y/o cuyos dueños sean los pequeños productores en una alianza público popular campesina por la agroindustria del arroz y volver fuerte al campesino arrocero.
Faltan compromisos
Dichas medidas han de considerar la territorialización de estas; pues como se mencionó las condiciones de actores y de producción en la altillanura o el Tolima es muy distinta a la del Caribe.
Además, deben comprometer al administrador de los recursos de los productores – Fedearroz- a que la cuota de fomento se dedique a complementar y concurrir con las medidas del Gobierno y a desarrollar un plan para mejorar los rendimientos, mejorar semillas, asistencia técnica y aumentar la demanda interna.
Mientras no se mejoren los rendimientos y la productividad es difícil buscar mercados donde nuestro arroz y sus productores sean competitivos. No sirve seguir aumentando áreas de siembra si no se mejoran los rendimientos. El Gobierno ha puesto varios granitos de arroz para resolver de fondo la crisis, falta que la industria y el gremio hagan lo propio.
Foto: https://semanariovoz.com/desigualdad-y-lucha-campesina/