Hace un año los reclamantes de tierra del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano llegaron a Bogotá con sus rostros cubiertos con máscaras blancas, con la intención de denunciar la situación de inseguridad que estaban viviendo en ese momento, el asesinato de líderes sociales y la falta de garantías para retornar a sus tierras […]
El 10 de diciembre del año pasado volvieron pero se quitaron las máscaras para hacer entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz el informe Iban por las tierras, elaborado por la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Jurídica Libertad, el Instituto Popular de Capacitación IPC y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. El documento contiene pruebas y testimonios sobre violencia, desplazamiento forzado y despojo de tierras en la región durante el periodo 1995 – 2016, además los crímenes que comprometen la participación de terceros civiles.
El informe es el resultado del cruce de las bases de datos y análisis de la información de 3.800 sentencias emitidas por los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Civil Especializada de Restitución de Tierras, con fecha de corte al 1º de agosto de 2018. El texto contiene doce capítulos analizando las doce zonas priorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y el Ministerio de Defensa que son: Catatumbo; Cauca y Valle; Magdalena Medio; Magdalena y Cesar; Montes de María; Nariño; Putumayo; Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño; Resto de Antioquia; Sur de Meta; Tolima; y Urabá.
Además identifica los tipos de despojo y abandono en los municipios de esas regiones, mostrando los casos de «los municipios donde no se han producido sentencias de restitución de tierras; los hechos de violencia y masacres ocurridos en cada uno de los municipios; las personas naturales que presentaron oposición en cuatro o más casos; las personas naturales a las cuales se le haya compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación ante la verificación por esta jurisdicción de la posible comisión de conductas con relevancia penal, ampliando la información con datos reportados en medios de comunicación; finalmente, las personas jurídicas (Empresas) a las cuales se ha ordenado la restitución de predios en las zonas referidas».
Urabá
Desde 1995, con la llegada de los paramilitares a esta región, comunidades negras, indígenas y mestizas vienen siendo desplazadas por múltiples intereses económicos que grupos armados, grandes empresarios y terratenientes tienen sobre el Urabá, pues es una zona rica en minerales, las tierras son productivas, es un corredor estratégico para la circulación de droga y grupos armados, además que las guerrillas desde los 80 venían tomando control y disputando el territorio para mantenerse allí.
Según el informe entregado a la JEP, 433.374 personas fueron desplazadas de 11 municipios del Urabá antioqueño, donde solo en Apartadó fueron desplazadas 73.104 personas. «El despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se ve reflejado principalmente en la zona urbana, donde las situaciones de violencia que se presentaron atemorizaron a sus habitantes, entre ellos los constantes homicidios que generaron terror en muchos de sus pobladores y el posterior desplazamiento forzado, abandono de sus viviendas y la posterior venta de las mismas a precios demasiado bajos».
Carmen del Darién, Urabá. Foto Bibiana Ramírez
Los barrios Policarpa Salavarrieta y el Consejo estuvieron estigmatizados por tener ideologías de izquierda, por lo cual se presentaron masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, amenazas y robos. La disputa entre guerrilla y paramilitares en el Urabá agudizaron el conflicto, pues cada que uno de los grupos cometía un asesinato o masacre, el otro respondía de la misma manera en algún sector de influencia del adversario. La zona rural de Apartadó no fue menos vulnerable, por ejemplo el corregimiento de San José de Apartadó fue el que más masacres tuvo y el asesinato selectivo de líderes sociales.
No cesan las amenazas
En la actualidad esas dinámicas de violencia aún se siguen presentando y el Urabá no ha dejado de estar bajo el control armado. Los reclamantes de tierras son los más asediados, perseguidos y asesinados, incluso en los recientes años. Por ejemplo, uno de los últimos casos, denunciado por varias organizaciones sociales sucedió el 27 de noviembre cuando fueron amenazadas cuatro familias reclamantes de tierra de la vereda La Danta del corregimiento Macondo, zona fronteriza entre Urabá y Bajo Atrato.
Las familias denunciaron que a las 6 de la mañana llegaron hombres encapuchados y les dijeron «que tenían que desocupar las fincas, porque no era de ellos y si no lo hacían los iban a quemar con todo y las casas». Este territorio está actualmente protegido con medidas cautelares emitidas por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó a través del Auto 00181 del 12 de diciembre de 2014 que ordena proteger a los reclamantes de tierras.
Además de las amenazas a la vida, está la propuesta de la senadora María Fernanda Cabal con el proyecto de ley 131 en el que da prioridad a planes agroindustriales e inversiones extrajeras en tierras que fueron despojadas durante el conflicto armado. Ante esa propuesta, el Parlamento Europeo recibió una carta de más de cincuenta organizaciones sociales y víctimas lamentando este tipo de iniciativas, por lo que a su vez el Parlamento envió una carta al Congreso colombiano manifestando su preocupación por el proyecto y les piden que opten por retirarlo «porque se trata de un tema que a las víctimas les afecta en más de un punto su sobrevivencia: el acceso a la tierra de la cual han sido privados por el conflicto armado».
El informe entregado a la JEP da un respiro a las víctimas, pues es la última instancia donde esperan saber la verdad, que sus tierras sean devueltas y se detenga el desplazamiento y asesinato a los líderes y familias reclamantes de tierras.
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