«Tenemos un gobierno que no echa cuenta del pobre, sino del rico». Lo dice en la televisión una mujer desahuciada de su casa de Sevilla, tirada a la calle como agua sucia junto a sus hijos. Y tiene mucha razón; toda la razón. Porque el decreto de Rajoy sobre los desahucios es una burla insoportable […]
«Tenemos un gobierno que no echa cuenta del pobre, sino del rico». Lo dice en la televisión una mujer desahuciada de su casa de Sevilla, tirada a la calle como agua sucia junto a sus hijos. Y tiene mucha razón; toda la razón. Porque el decreto de Rajoy sobre los desahucios es una burla insoportable a los afectados por los impagos de las hipotecas, pero también para los ciudadanos que no lo están, y que ilusos confíabamos que por una sola vez el gobierno estuviera a la altura de las circunstancias y defendiera a las mayorías. El decreto ha resultado ser un fiasco, una burda maniobra de maquillaje destinada a generar una imagen solidaria y compasiva que no es real, con la que sólo espero no puedan engañar a nadie.
Los efectos catastróficos de la gestión popular y su huracán angustioso de reformas y recortes se cuantifican ya en miles y miles de damnificados. Su reforma laboral, finiquitadora de derechos ha conducido a la masiva destrucción de empleo; y si primero cayeron como hojarasca seca los contratos más endebles, ahora llega el turno del trabajo fijo, que hasta ahora parecía estable y duradero. Este gobierno cada vez muestra con mayor descaro su preferencia por la privatización de lo público: la sanidad, la educación, la dependencia… Estas medidas forman parte de su ideario neoliberal y la crisis es la mejor excusa para acelerar sus reformas retrógradas. El último capítulo de este tsunami arrasador lo conforma su abusiva complicidad con los bancos y cajas, al permitirles, pese al clamor social, que continúen dejando sin techo a miles de personas. Un bosque desolador de seres humanos talados, sin ayudas, que lo están perdiendo todo.
El decreto de Rajoy no evita que familias con niños puedan perder sus hogares, que personas mayores puedan ser echadas a la calle, que las madres solteras si solo tienen un hijo a su cargo se queden sin techo. Tampoco paraliza los intereses de demora, por lo que durante los dos años de suspensión del desalojo los intereses de demora continuarán creciendo. Los requisitos económicos y de cargas familiares son tan inflexibles que miles de personas no podrán acogerse a sus limitados beneficios. Una publicidad engañosa y pura arbitrariedad, en palabras de Jueces para la Democracia. Una auténtica desvergüenza política, añado yo.
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