Una escuela sin derechos es una escuela sin democracia, es un lugar donde se naturaliza el autoritarismo. Esa es la escuela que quiere la derecha, la que promueven los medios de comunicación, y que muchas comunidades, ante la impotencia y el miedo, podrían aceptar. ¿Con qué fin? Exorcizar la democracia escolar, quizás como un paso previo para erosionar la democracia en la sociedad.
Los medios de comunicación de masas han mostrado una sucesión de hechos para declarar el imperio de la violencia y el descontrol en las escuelas. Uno de los hechos que más resonancia ha tenido, hasta ahora, es el caso de un niño diagnosticado con TEA que descompensado, habría agredido a una profesora. Todos los canales de televisión expusieron la situación, polarizando a la comunidad educativa a nivel nacional. Incluso el Colegio de Profesoras/es llamó a una marcha para pedir “seguridad en las aulas”.
Y respondió el diputado Cornejo de la UDI (pinochetismo), presentando hace unos días un proyecto de ley que autoriza a los establecimientos educacionales a instalar detectores de metales para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos a las escuelas y consultorios. El diputado referió diferentes situaciones que lo justificaban: la tragedia del INBA, peleas a cuchillazos entre estudiantes, incidentes con armas de fuego en algunos liceos del país en los últimos años. El diputado señaló que, “Nuestro país está atravesando por una de las crisis de seguridad más graves de toda su historia y los colegios, lamentablemente, no están ajenos a ella. Así lo hemos visto con el aumento de la violencia escolar durante los últimos años, lo que amerita preguntarse si debemos o no endurecer ciertas medidas con el fin de proteger a las comunidades”.
Dirán que es fácil opinar desde afuera de las escuelas. Puede ser. Entonces, lo que habría que hacer es ver caso a caso lo que ocurre y no generalizar. En este tema lo hace el diputado y lo reproduce la prensa. En esta asociación entre seguridad y violencia, se toman hechos de diferente naturaleza y origen, ocurridos en diferentes lugares y tiempos, agrupándolos en una misma categoría, soslayando sus diferencias, en algunas situaciones abismales. Por cierto que hay elementos que conectan estos hechos, pero sería un reduccionismo pensar que son niños/as y adolescentes el foco a controlar. Si algo puede conectar todos estas ocurrencias es el sufrimiento de muchas familias que no encuentran en las escuelas un espacio de acogida.
La evidencia internacional indica que las expulsiones, la instalación de detectores de metales, la revisión de mochilas y medidas similares perjudica la convivencia en las escuelas, instala un clima punitivo, generando desconfianza y polarizando la comunidad escolar. Imaginemos una escuela, no sólo con la ley Aula Segura, también una en la cual la y el estudiante debe cruzar un detector de metales a diario, una en la cual le revisan la mochila si se sospecha de algo, o donde le interrogan si alguien le acusa, o es testigo de un hecho que quiere ser sancionado.
Muchas de estas prácticas vulneran los derechos humanos de estudiantes, madres, padres, e incluso profesores y trabajadores. Cuando se expulsa un estudiante se vulnera su derecho a la educación, cuando se le registra o interroga se transgrede su derecho a privacidad y se agrede su honra. Cuando se incita a un trabajador a interrogar, a registrar, seguir e incluso fotografiar a niñas/os y adolescentes cuando estas funciones no están en su rol, es una grave trasgresión a los derechos laborales. Una escuela sin derechos, es una escuela sin democracia, es un lugar donde se naturaliza el autoritarismo. Esa es la escuela que quiere la derecha, la que promueven los medios de comunicación, y que muchas comunidades, ante la impotencia y el miedo, podrían aceptar. ¿Con qué fin? Exorcizar la democracia escolar, quizás como un paso previo para erosionar la democracia en la sociedad.
* El autor es integrante de Centro Alerta/OPECH; Foro por el Derecho a la Educación Pública; y Equipo de Psicología Educación y Sociedad Universidad de Chile.