La extracción de materias primas para aumentar las exportaciones según la demanda a nivel mundial de los países netamente industrializados y de primer orden, afectan en gran medida las condiciones sociales y económicas de las poblaciones donde se realiza esta nefasta práctica, es decir, en los sectores subalternos de los países periféricos donde el neoliberalismo […]
La extracción de materias primas para aumentar las exportaciones según la demanda a nivel mundial de los países netamente industrializados y de primer orden, afectan en gran medida las condiciones sociales y económicas de las poblaciones donde se realiza esta nefasta práctica, es decir, en los sectores subalternos de los países periféricos donde el neoliberalismo extremo, la economía transnacionalizada acompañada de la violencia para-institucional son protagonistas en la realidad nacional de dichos territorios.
Es esa realidad la que impera en Colombia, la locomotora minero-energética, cabeza de lanza del gobierno nacional de Juan Manuel Santos incluye este modelo de despojo para insertarse en las dinámicas económicas mundiales a lo sumo impuestas por organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el fondo monetario internacional y demás entes del capitalismo contemporáneo. Dichas organizaciones, operan de manera criminal promoviendo nocivas políticas sin importarles ni en lo más mínimo la caída de precios que sufre el sector minero que se traduce en mayor producción y aumento de reservas (1), es decir, mayor explotación del mineral con los diversos efectos lesivos que trae (2). Un caso sintomático al respecto es la problemática vivenciada en departamentos con enormes riquezas en bienes naturales y materia prima como es el caso de la Guajira del cual versa este artículo.
La Guajira es un departamento costero en la zona norte de Colombia que atraviesa por una de las peores crisis económicas, políticas, sociales y ambientales de los últimos tiempos. Sus 900. 000 Habitantes se debaten entre la pobreza extrema, el contrabando, la falta de agua (3) y el paramilitarismo, este último, representado fielmente gracias a la recién gobernadora electa Oneida Pinto, que lleva tras de sí una fuerte maquinaria política de grupos paramilitares (4) que salvaguardan en la región los intereses de las empresas transnacionales y su apetito por monopolizar el subsuelo guajiro ya que es «una de las zonas del país que mayor recurso energético alberga, al tener las mayores riquezas de gas, el cual, representa el 43.4% de las reservas probadas nacionales, con una producción diaria de aproximadamente 400 millones de pies cúbicos, en manos de la Chevron Texaco»(5), además del carbón, del que se encuentran dos de los yacimientos más grandes del mundo (6).
Al hablar entonces de extractivismo en Colombia es ineludible no remitirse a la Guajira ante la gravedad de la situación que se presenta en esta región del país que ha sido denunciada reiterativamente por distintas organizaciones y movimientos sociales en diversos espacios, alertando en este sentido, a organismos internacionales (7) que aseguran como problemático el recrudecimiento del extractivismo por sus efectos nocivos en la población y el el entorno, cuestión que queda al descubierto de manera ejemplificantemente con la desviación de los ríos Rancheria y César a causa de la dinámica de expoliación que profundizando la crisis que afecta al departamento en materia de salubridad y recursos hídricos (8).
De esta forma, las empresas transnacionales se llenan los bolsillos a costa de la destrucción y despojo -Acumulación por desposesión, atendiendo a la categoría propuesta por David Harvey- de la comunidad guajira, mayoritariamente indígena, padeciendo las consecuencias de ser objeto una vez más de la cosificación y explotación del mismo modo que ha padecido históricamente a más de 500 años de la invasión de lxs Europeos en estos territorios.
La empresa «El cerrejón», quien tiene por socios a BPH Billiton, Anglo American y Glencore (9)–expertas en el usufructo de minerales- cuya retorica se basa cínicamente en la minería responsable, es el principal causante del exterminio ecológico-social que padece la región caribeña de la Guajira con una historia secreta a voces que la vinculan con estructuras para-estatales que desde las altas esferas despilfarran las regalías obtenidas a sazón de los bienes naturales explotados en el departamento. No en vano maquillan sus fechorías con el discurso del desarrollo sostenible en base a la reubicación estratégica de asentamientos, comunidades y fauna silvestre en áreas de no afectación a la producción minera de carbón, y además, con el estimulo de programas «sociales» buscando tapar el sol con un dedo: que son ellos los causantes del desplazamiento y afectación del territorio en el que se han afincado.
En ese sentido es de vital importancia reconocer las luchas sociales (10) abocadas a hacerle frente a esta práctica genocida, y en consecuencia, deber de nosotras como anarquistas junto con todos los sectores anticapitalistas con quienes tengamos afinidad, insertarnos en ellas con critica, propuesta y práctica política definida, que le aporte a estas luchas configurando nuevos escenarios capaces de asumir los retos que nos depara el extractivismo en nuestros territorios, venciendo así, las obtusas barreras que nos impiden ver que esta problemática a la que nos referimos en este artículo no solo está en la guajira sino que inmiscuye todos los espacios que habitamos a diario puesto que la naturaleza es una sola.
Notas:
(2) Para ver algunas de las consecuencias a nivel medioambiental consultar: http://www.taringa.net/posts/
(4) http://www.las2orillas.co/el-
(6) http://www.semana.com/nacion/
(8) http://
(9) http://www.cerrejon.com/site/
(10) http://www.alainet.org/es/
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