Traducido para Rebelión por Germán Leyens, revisado por el autor
El departamento del Cauca en el suroeste de Colombia tiene una historia larga y celebrada de resistencia popular a la injusticia y a la violencia. En un país en el que décadas de guerra han desgarrado el tejido social, generando un profundo (y prudente) temor a involucrarse en cualquier cosa que tenga que ver con política – porque una participación semejante resulta a menudo en que la gente es asesinada – las comunidades del Cauca no sólo han continuado a resistir la explotación y los ataques, sino que lo hacen con fuerza y unidad, en números considerables.
Es un sitio hermoso, que inspira confianza en la vida.
Impulsado por una resistencia indígena de cinco decenios, el movimiento social en Cauca está excepcionalmente bien organizado. Campesinos, grupos afro-colombianos y sindicatos se juntan rutinariamente con sus «hermanos y hermanos mayores» – como se refieren a menudo a los grupos indígenas del Cauca – en marchas de muchos días de duración por la Carretera Panamericana, o en ocupaciones de esta última, involucrando a decenas de miles de personas, que defienden la vida y condiciones dignas de vida. En septiembre de 2004, unos 60.000 marcharon durante tres días por la carretera exigiendo respeto a su autonomía y protestando contra la política económica del presidente Álvaro Uribe Vélez.
En numerosas ocasiones durante los últimos años, cuando guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han secuestrado a dirigentes indígenas, los Nasa – el mayor grupo indígena del Cauca – han enviado a cientos de personas a las montañas, sin armas aparte de sus bastones de mando y han persuadido a las FARC a entregarles a los secuestrados. El mes pasado, una coalición muy unida de organizaciones indígenas, campesinas, afro-colombianas y sindicales lanzaron una campaña para recuperar tierras robadas y exigir la reforma agraria – en un país en el que un 0,4 de la población controla más de la mitad de la tierra cultivable – llamando el esfuerzo «Liberación de la Madre Tierra».
Este tipo de resistencia tiene su precio y sus consecuencias. Casi cada vez que las organizaciones indígenas del Cauca anuncian una nueva marcha o «movilización» (el nombre que utilizan para significar las ocupaciones prolongadas de la carretera), el presidente derechista, usualmente abúlico, de Colombia se presenta en la televisión y en la radio para pedirles que las cancelen. Cuando, a pesar de todo, siguen adelante con sus planes los militares y los funcionarios gubernamentales los llaman guerrilleros, aprobando así los ataques de los paramilitares. Cuando la policía trata de expulsarlos, siempre hay numerosos heridos y frecuentemente muertos – como sucedió hace un par de semanas cuando ocupantes indígenas se negaron a desplazarse de la tierra que habían recuperado.
Y hay otros riesgos. Dos de los líderes más conocidos del movimiento fueron encarcelados.
El más reciente intento de silenciar a la resistencia
José Vicente Otero Chate, un dirigente indígena Nasa y ex alcalde del municipio de Caldono fue detenido el 6 de octubre. Miguel Alberto Fernández Orozco, presidente de la CUT [Central Unitaria de Trabajadores] y líder de la organización campesina CIMA [Comité de Integración del Macizo Colombiano], fue detenido el martes 1 de noviembre. Los sectores indígenas, campesinos, afro-colombianos y laborales del movimiento social ven las detenciones como un ataque no sólo contra dos individuos sino contra todo el proceso de organización y resistencia en el Cauca.
José Vicente Otero Chate jugó un papel decisivo en la realización de una consulta popular en el Cauca en marzo pasado sobre el Tratado de Libre Comercio Andino que actualmente es negociado entre EE.UU. y los gobiernos andinos. El resultado, que no sorprende a nadie, fue que la vasta mayoría se opone al así llamado acuerdo de ‘libre comercio’ y lo ve como una amenaza directa a su seguridad alimentaria. Dos meses después de la consulta, la casa de José Vicente Otero Chate fue allanada por miembros del ejército colombiano que colocaron armas en su interior, y lo acusaron después de terrorismo. Fue arrestado el 6 de octubre.
Miguel Alberto Fernández Orozco, líder sindical y campesino, ha recibido una serie de amenazas de muerte en los últimos años. En 2004, pasó varios meses en el exilio en Massachussets, como parte del (ahora difunto) programa del Centro de Solidaridad de protección para sindicalistas colombianos amenazados del AFL-CIO, financiado por el Departamento de Estado. Después de volver al Cauca, fue nuevamente objeto de amenazas de muerte contra su persona y su familia, por lo menos en dos ocasiones. La más reciente llegó el 17 de octubre, cuando ASOPATIA- (Asociación Supradepartamental de municipios del Alto Patía), recibió un panfleto firmado por las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia, la principal federación paramilitar]. El panfleto declaraba que CIMA, una organización que Miguel ayuda a dirigir, y una organización gemela campesina en Nariño están «dirigidas por terroristas y hampones izquierdistas». Aconseja a las organizaciones «estar neutrales en sus pensamientos, no utilizar ningún nombre de organizaciones para hacer inteligencia y desestabilizar la región. Los estaremos vigilando paso a paso».
Miguel es el mejor tipo de dirigente. La claridad de su pensamiento, su generosidad de todo corazón, y su simple fuerza de voluntad y capacidad son del tipo que hacen que uno – a pesar de todo – se sienta una vez más orgulloso de pertenecer a la especie humana Hace recuperar la esperanza en un futuro sano y decente.
Las acusaciones contra Miguel son otra cosa. Serían ridículas si la situación no fuera terriblemente seria. Si los informes iniciales son correctos, el arresto de Miguel representa un nuevo nivel del absurdo orwelliano del sistema de ‘justicia’ colombiano.
Todos pensaban que ya se había llegado al colmo del absurdo cuando, hace un par de años, las ‘autoridades’ comenzaron a acusar a personas que habían tenido el valor necesario para hablar en público sobre la colaboración entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas – un hecho simple conocido por todos en el campo colombiano, pero que la gente tiene un cuidado prudente de expresar en público después de ver que muchos que lo hicieron tuvieron que huir y de que se encontrara los cuerpos de otros mutilados en los ríos cercanos — acusados de ‘calumnia’ y ‘difamación’ por ensuciar el buen nombre de los militares y de la policía colombianos.
Luego, este año, Uribe subió las apuestas: bautizó como «La Ley de Justicia y Paz» la ley que da a sus aliados paramilitares la legitimación política, la legalización de sus tierras y fortunas robadas, y representa un perdón indiscriminado por innumerables crímenes indescriptiblemente atroces contra la humanidad. Fue un sublime golpe lingüístico, a tantos niveles que faltan las palabras para llegar a rozar la superficie.
Lo importante, sin embargo, es que con el caso de Miguel pueden haber llevado las cosas un paso más lejos. Miguel parece haber sido arrestado bajo la acusación- por informantes anónimos – de haber fabricado él mismo las amenazas contra su persona y su familia. Que en realidad no hubo amenazas en su contra, sino que las fabricó. En otras palabras, esta vez parece que la acusación es que ofendió el buen nombre de los paramilitares.
Desde entonces pasó una semana agitada, de ambos lados.
José Vicente y Miguel
El viernes 4 de noviembre, unas 400 personas se reunieron delante de la central del DAS [Departamento Administrativo de Seguridad) en la ciudad de Popayán para protestar contra la detención ilegal en esa ciudad de Miguel Fernández. Ese mismo día, las autoridades colombianas y estadounidenses comenzaron a recibir una cantidad continua de mensajes de personas preocupadas por Miguel y José Vicente. El lunes 7 de noviembre, un grupo de sindicalistas y otros ciudadanos preocupados, incluyendo al Consejero Municipal Félix Arroyo, exigieron la liberación de los dos dirigentes en el consulado colombiano en Boston.
Durante una segunda manifestación ante la central del DAS en Popayán en la noche del martes 8 de noviembre, liberaron a Miguel. Un dirigente del movimiento campesino y cercano amigo de Miguel describe la escena cuando Miguel emergió del edificio y caminó hacia los manifestantes: «Fue una alegría inmensa, algunos empezaron aplaudir, otros a gritar consignas, los abrazos no esperaron, las lagrimas de emociòn corrieron confundiéndose con la lluvia que caía».
Pero la alegría sentida esa noche por nuestros hermanas y hermanos en Cauca, por dulce y refrescante que haya sido, fue de corta duración. El día siguiente supieron que la liberación de Miguel había sido sólo condicional, que las acusaciones en su contra no fueron abandonadas. De manera que la persecución del líder del movimiento sindical y campesino – sobre la base absurda de que habría inventado amenazas de muerte contra sí mismo y su familia – continúa.
La odisea de José Vicente Otero es más complicada, y su encarcelamiento – su ‘secuestro político’ como lo describen las organizaciones sociales – ha durado más de un mes. Las acusaciones en su contra han cambiado desde que fue arrestado. Inicialmente, José Vicente fue acusado de ser un líder de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Cuando sus abogados pudieron destruir esa mentira ante el tribunal, acusaron a José Vicente de posesión de armas. Sus vecinos dicen que vieron a militares y personal del DAS colocando armas durante su allanamiento del hogar de la casa de José Vicente en abril.
Ocupación de tierras y la actual situación en el Cauca
Las organizaciones indígenas, campesinas, afro-colombianas y sindicales del Cauca ven la persecución de estos dos importantes dirigentes como sólo la punta del iceberg. Consideran estos ataques como un intento de atemorizar, dividir y silenciar su movimiento social, que durante muchos años ha sido un fanal para todos los colombianos que buscan la paz y la justicia. Más recientemente, el movimiento social se ha concentrado en el apoyo de una masiva acción de los indígenas Nasa en la municipalidad de Caloto para recuperar tierras que les pertenecen por legítimo derecho.
Durante un mes – desde el 12 de octubre – cientos de indígenas han ocupado una hacienda en Caloto, buscando un diálogo con el gobierno colombiano sobre acuerdos a los que este último llegó con los grupos indígenas del Cauca hace seis años, que no han sido cumplidos por el gobierno. Estos acuerdos fueron formalizados en el Decreto 982 del gobierno federal, sobre «la emergencia social y económica de las comunidades indígenas del Cauca». Los pueblos indígenas han dejado en claro que utilizan esta ocupación de tierras como un último recurso después de años de negativas del gobierno de cumplir con los acuerdos, o siquiera iniciar un diálogo con las organizaciones indígenas.
El gobierno ha reaccionado ante su acción pacífica con una fuerza masiva y violenta.
Más de cuarenta personas han sido heridas durante intentos policiales de expulsarlas. El miércoles 9 de noviembre, fue arrestado Rodrigo Vargas Becerra, defensor de los derechos humanos que había presenciado las acciones violentas de la policía. Fue acusado de llevar explosivos, una acusación que los testigos califican de ridícula.
Luego, más de 500 policías llegaron a la hacienda en la mañana del jueves 10 de noviembre, y asesinaron a Belisario Camayo Guetoto, un indígena de 18 años de edad.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) presentó una lista de los objetivos por los que Belisario sacrificó su vida, de las cosas que los ha llevado a ocupar la hacienda y a resistir los violentos ataques. La lista incluye el siguiente punto:
Solo quería con su ejemplo de dignidad que pasemos del discurso pasivo de la reivindicación de nuestros derechos a la acción real por hacerlos prácticos, porque la historia nos ha demostrado que los derechos no se otorgan, se conquistan.
Hoy, el sitio continúa. Los ‘okupas’ indígenas – un oximoron, pero comprendes lo que quiero decir – no se han movido, esperan nuevos y más intensos intentos de expulsarlos en los días a venir. También cuentan con más arrestos de los dirigentes de sus organizaciones, y de los de grupos afro-colombianos, sindicales y campesinos, a medida que la campaña gubernamental por atemorizar, dividir y silenciarlos sigue adelante. Es probable que la situación se haga mucho más difícil para los ocupantes de la hacienda, antes de que mejore. Y hay mucho que depende del éxito o del fracaso de su lucha. Un dirigente campesino del centro del Cauca explicó simplemente la situación general: «lo que ocurra con los indígenas [en Caloto] afectará a todas nuestras organizaciones, y en última instancia a todo el país».
¿Qué tiene que ver todo esto con EE.UU.?
EE.UU. ha suministrado más de 4.000 millones de dólares en ‘ayuda’ a Colombia desde el año 2000; más de un 80 por ciento de esa suma a los militares y a la policía de Colombia. Esto convierte a Colombia en el mayor receptor de ayuda de EE.UU. aparte de Medio Oriente; y la mayor embajada de EE.UU. en el mundo está ahora en Bogotá (es decir, si estás de acuerdo con que la instalación de EE.UU. en Bagdad no es una embajada). El ininterrumpido apoyo financiero de EE.UU. a los militares y a la policía de Colombia – cuya colaboración con brutales paramilitares derechistas ha sido documentada no sólo por grupos de derechos humanos y periodistas sino también, ampliamente, por el Departamento de Estado de EE.UU, – envía a los violadores de los derechos humanos en Colombia un mensaje muy claro: No tienen que preocuparse si tratan de eliminar judicial o físicamente el movimiento social, si trabajan con paramilitares o incluso si son denunciados cuando lo hacen. La ayuda de EE.UU. no dejará de llegar.
Phillip Cryan vive en Ames, Iowa, y pasó 2002 y 2003 realizando trabajo por los derechos humanos en Colombia. Está escribiendo un libro sobre la política de EE.UU. en Colombia, y la resistencia popular en su contra, para Common Courage Press. En julio de 2006 ayudará a dirigir una delegación de Witness for Peace de activistas sindicales a Colombia. Para más información, visite http://www.witnessforpeace.org o contacte a Phillip en [email protected].