Dicen que está en la Constitución española de 1978, en su manoseado artículo octavo, y que por eso el General lanzó su advertencia al Gobierno sobre el Estatut. Pero la cosa es que a pesar de que el artículo es un despropósito democrático, la Constitución sólo habla para el caso de la integridad de España, […]
Dicen que está en la Constitución española de 1978, en su manoseado artículo octavo, y que por eso el General lanzó su advertencia al Gobierno sobre el Estatut. Pero la cosa es que a pesar de que el artículo es un despropósito democrático, la Constitución sólo habla para el caso de la integridad de España, para que nadie pueda practicar la secesión por la vía democrática. Y eso es un despropósito claro, porque está anulando la raíz de la democracia y lanzando balones de oxígeno a los violentos defensores de sus democracias.
También es otro despropósito que el Estatut para Catalunya, sea ésta proclamada nación o no, se le reconozca o no pleno derecho a su propia fiscalidad, constituya un ejercicio político de secesión o para la secesión que amenaze la integridad territorial de España.
Aparte de despropósito es simplemente otra de las burdas mentiras y amenazas que los políticos de la España Nacional se dedican últimamente a extender por páramos y yermos.
Desgraciadamente para ellos, en esa España también ha empezado ya a llover empapando todos los tejidos orgánicos de toda clase de ciudadanos a los que ya, y ya era hora, por sus entrepiernas y órganos confidenciales, les ha empezado a circular la sangre, el plasma y en definitiva la vivificante libido humana que es el mejor tonificante para que desvaríos y sublimaciones patrióticas se reduzcan a lo que sólo deben ser: Opiniones divergentes en el ámbito de la política.
No hay que tener más miedo a la España Nacional histórica, a pesar de sus exabruptos, ni a sus jueces políticos e ideológicos, ni a sus judicaturas tentaculares, ni a sus mafias instaladas en el tejido democrático o empresarial. Sus días, afortunadamente están contados y desde luego que si existiera un juez estrella de signo totalmente contrario que hiciera de la democracia una farsa de provecho «patriótico» hace tiempo que estarían todos empapelados. Afortunadamente no es así.
Ese Pacto antiterrorista de PP y PSOE, cuya osamenta básica y su preámbulo es la aseveración li- teral de que los representantes de la mayoría de la ciudadanía vasca pretenden imponer sus objetivos políticos minoritarios, xenófobos y excluyentes (sic) para la autodeterminación con la ayuda de la violencia (sic) es ridículamente absurdo, hoy, ayer y mañana.
La Ley vigente de Partidos Políticos, que es el colofón jurídico de ese pacto antiterrorista cuya finalidad no era ETA sino todo el entramado independentista, estuviera éste donde estuviera, aserta un golpe pretendidamente mortal a su centro de gravedad. Esta ley es en su espíritu y en muchos de sus artículos, un despropósito de la España Nacional que busca precisamente hacer lo mismo y de la misma manera que aquello que dice quiere combatir, el uso de la violencia para fines políticos, esta vez de forma jurídica y represiva, ya que políticamente eran incapaces de darle la vuelta a la situación.
El abuso de la casuística de dicha ley cuando se refiere a un terrorismo y a una apología del mismo que ni define ni delimita sino que generaliza en todos aquellos comportamientos que no condenando la violencia de ETA son del entramado de la izquierda abertzale, hacen de su pretendido espíritu de defensa de la democracia otro bodrio nacional, donde enterrar a sus muertos o a los de otros o ayudar institucionalmente a las familias que necesitan ayudas para visitar a familiares a cientos de kilómetros se convierten en hechos delictivos terroristas.
Por eso hace falta una ley nueva de partidos y un nuevo pacto por las libertades, que distinga entre fines lícitos y apología del terrorismo. Entre actividad terrorista y de connivencia o apoyo al mismo de las similitudes ideologicas, filósoficas o políticas, porque si no, en pura lógica, todo y todas, de izquierdas o de derechas, nacionalistas y nacionales, seríamos terroristas y sólo harían falta jueces estrella del signo contrario para montar el reality show pertinente.
Ahí estuvo, por ejemplo, esa ayuda económica organizada a una comarca vasca de Francia para su desarrollo industrial y cultural, donde tuve el orgullo de aportar mi granito de arena, que fue declarada por el juez como una actividad delictiva de connivencia con el terrorismo.
Por eso, la realidad es sólo la que es: Un porcentaje impresionante en número y en recursos humanos de la ciudadanía vasca ha sido desposeída de sus derechos civiles. Es hora, Zapatero, de que nos los devolváis a todos, a vosotros también.
* Tomás Trifol es profesor