Familiares de las víctimas acusaron, ante el gremio, a los directores de cuatro diarios de circulación nacional de colaborar en el montaje con que se informó en la época de la suerte que corrieron 119 personas que desaparecieron en 1975. El Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas acogió y dio traslado al Tribunal de […]
Familiares de las víctimas acusaron, ante el gremio, a los directores de cuatro diarios de circulación nacional de colaborar en el montaje con que se informó en la época de la suerte que corrieron 119 personas que desaparecieron en 1975.
El Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas acogió y dio traslado al Tribunal de Ética, una denuncia interpuesta por el Colectivo de Familiares de las víctimas de la Operación Colombo en contra de los directores de cuatro diarios y una periodista, a quienes acusaron de colaborar con la dictadura en el montaje de ese operativo que dejó 119 personas desaparecidas en 1975.
A 30 años de este episodio, los directores acusados corresponden a los diarios «El Mercurio»,»La Tercera», «Las Ultimas Noticias» y el vespertino «La Segunda». Los denunciantes individualizaron en su presentación a Arturo Fontaine Aldunate como responsable de «El Mercurio», y a la periodista Mercedes Garrido como «editora nacional de La Segunda en 1975 y actual redactora política de El Mercurio». Ambos son miembros del Colegio de Periodistas.
La denuncia se fundamenta en que esas personas, además de los directores de los otros diarios a 1975 a quienes se pide individualizar, cometieron «una falta grave a la ética periodística» al difundir informaciones falsas acerca del destino de 119 personas, atribuyéndoles haberse ejecutado entre ellos en Argentina por rencillas políticas internas, o haber muerto en enfrentamientos con fuerzas policiales y militares de ese país.
Los reclamantes hacen especial mención del «agraviante» titular de La Segunda en su portada del 24 de julio de 1975 «determinado por su editora nacional Mercedes Garrido», donde se informó que «Exterminados como ratones, caen 59 miristas chilenos en operativo militar en Argentina».
La presidenta del Colegio Regional Metropolitano, Ethel Pliscoff, confirmó a La Nación que la denuncia fue acogida y trasladada al Tribunal Regional de Ética Metropolitano, «instancia que deberá designar a un fiscal para la investigación». La dirigenta explicó que «quienes resulten afectados pueden apelar al Tribunal Nacional de Ética».
Por esta vía fue expulsado del Colegio el periodista y miembro de Patria y Libertad, Manuel Fuentes Wedling, por escribir en una columna de opinión en «La Segunda» que «no es posible» que el periodista comunista Felidor Contreras «camine libre por las calles de Santiago».
Ayer el senador socialista Carlos Ominami, quien acompañó al colectivo para dar a conocer las actividades con que conmemoran los 30 años de este montaje, dijo que «estos medios de comunicación le deben una explicación al país, porque una cosa es la línea editorial de un diario, y otra distinta es prestarse para encubrir un delito».
En otro plano, la integrante del Consejo de Monumentos Nacionales Soledad Silva, informó a La Nación que este consejo resolverá en su primera sesión de agosto próximo, acerca de la solicitud de este colectivo de familiares para declarar monumento nacional la casa ubicada en calle Londres 38 (hoy Londres 40 y ocupada por el llamado Instituto O’Higginiano), uno de los pocos lugares que van quedando en pie y que sirvieron como prisión clandestina a la DINA.