Con miras a garantizar la soberanía alimentaria de la población colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ponen en consideración las siguientes diez propuestas: 1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un derecho fundamental, atendiendo a que el pueblo colombiano tiene el derecho […]
Con miras a garantizar la soberanía alimentaria de la población colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ponen en consideración las siguientes diez propuestas:
1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un derecho fundamental, atendiendo a que el pueblo colombiano tiene el derecho a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos para garantizar la alimentación de toda la población.
2. La erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza se convertirán de inmediato en política prioritaria del Estado. Para tal efecto, se diseñará un Programa Especial de Hambre Cero que contará con recursos extraordinarios de presupuesto y de destinación específica en suma equivalente al uno por ciento del PIB, provenientes de la reducción del actual gasto en seguridad y defensa, y se fundamentará al menos en la definición de una canasta básica de alimentos, el estímulo de la producción hasta lograr el autoabastecimiento, la desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra y adjudicación gratuita a campesinos sin tierra, a trabajadores y proletarios agrícolas, a pobladores urbanos en condiciones de pobreza y en especial a mujeres.
3. Oferta suficiente, estable, salubre y ambientalmente sostenible de alimentos para el consumo de la población, dentro de un patrón productivo rural y agrario, cuya base sea la producción campesina de alimentos, individual, colectiva o asociativa, y las economías de comunidaders indígenas y afrodescendientes, sin perjuicio de otros sistemas de producción, siempre y cuando tengan los mismos propósitos.
Tal oferta de alimentos se fundamentará en un ordenamiento espacial y territorial que garantice las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina, así como los territorios indígenas y afrodescendientes.
4. Garantía de acceso al consumo de alimentos por parte de la población, generando una oferta estable y duradera de alimentos acompañada de la garantía al acceso en forma permanente a su consumo, lo cual presume el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Se implantará una renta básica de ciudadanía, universal y sin condiciones, provista por el Estado.
5. Protección, estímulo y subsidio a la producción campesina de alimentos, así como a las economías de comunidades indígenas y afrodescendientes, considerando su alta productividad, las razones culturales, de sostenibilidad socioambiental, de salubridad y de justica territorial, así como la necesidad de acortar la cadena alimentaria y el número de intermediarios. La producción familiar y el procesamiento de alimentos en las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina se destinarán en primera instancia al autoabastecimiento alimentario y nutricional de dichos territorios. Se diseñará y pondrá en marcha un Programa de Producción Campesina de Alimentos.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes serán incorporadas al programa, previa concertación.
6. Encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción de alimentos, garantizando una coexistencia basada en la generación de un equilibrio entre economía campesina, agroindustria y ganadería, que respete las condiciones agroecológicas y ecosistémicas de la tierra y el territorio.
Admite igualmente la conformación de encadenamientos productivos tendientes a un uso racional de la tierra y demás recursos para la agricultura.
7. Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos frente a las presiones de cambio en los usos de la tierra impuestas por las economías de extracción minero-energética, la construcción de represas, la producción de agrocombustibles y los megaproyectos de infraestructura.
8. Relacionamiento equitativo entre productores rurales y consumidores urbanos de alimentos a través del sistema de compras estatales, regionales y locales, de redes urbano-rurales que vinculen a productores y consumidores directos, libres de las redes de intermediación.
9. Provisión de infraestructura física para la producción, la comercialización y el acceso a los mercados, dotando medios de producción, tecnología, embalaje, vías de comunicación, transporte, centros de acopio y comercialización. Se diseñará y pondrá en marcha un programa especial de infraestructura para la producción de alimentos.
10. Participación democrática, social y popular en el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales, incluído el reconocimiento y el respeto por la autonomía de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como el estímulo a las organizaciones campesinas en sus diferentes modalidades. Se creará el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, con participación de estas comunidades y organizaciones.