La Confederación Sindical Internacional vuelve a constatar con enorme preocupación que los asesinatos, atentados y amenazas de muerte no arredran en Colombia y que las autoridades no se abocan realmente a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los delitos cometidos casi diariamente contra el movimiento sindical. El clima de hostigamiento, amenazas y ataques contra […]
La Confederación Sindical Internacional vuelve a constatar con enorme preocupación que los asesinatos, atentados y amenazas de muerte no arredran en Colombia y que las autoridades no se abocan realmente a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los delitos cometidos casi diariamente contra el movimiento sindical.
El clima de hostigamiento, amenazas y ataques contra los líderes sindicales es algo ya difícil de soportar. En lo que va del año, son 10 los trabajadores y trabajadoras que han pagado con su vida el hecho de ser sindicalistas y luchar por mejorar la suerte de la clase trabajadora colombiana. Los sindicalistas asesinados o amenazados provienen de todos los sectores, maestros, bancarios, salud. El 2 de febrero, cuando se encontraba cumpliendo con sus labores en el Parque Nacional la Macarena, José Martín Duarte Acero de SINTRAMBIENTE-CGT recibió un balazo por la espalda, falleciendo minutos después de dar conocimiento del hecho a sus familiares a través de su teléfono celular.
Rafael Boada, Presidente del sindicato de empleados bancarios UNEB, Seccional Bucaramanga fue víctima de un ataque armado el 7 de marzo. Dos individuos en una moto le hicieron dos disparos que impactaron en el parabrisas. Afortunadamente salió ileso. Ya había recibido varias amenazas de muerte.
Varios de estos asesinatos ocurrieron extrañamente en torno a la marcha «Por la Dignidad de las Víctimas» realizada en Colombia el 6 de marzo con el apoyo del movimiento sindical en homenaje a -y en solidaridad con- todas las víctimas de la arbitrariedad y del conflicto armado y, por supuesto, con los familiares de los 2.574 sindicalistas asesinados; con los más de cuatro millones de desplazados, que en gran parte fueron despojados de sus tierras y pertenencias; con los más de 10 mil desaparecidos; con los cientos de personas secuestradas y con los miles de asesinados en cientos de masacres y atentados selectivos. En una carta enviada al Presidente Uribe por la CSI, su Secretario General, Guy Ryder le exhorta a llevar a cabo una investigación exhaustiva de todos los delitos cometidos y le ruega, en particular, desplegar las medidas de seguridad necesarias a fin de que no se vayan a cumplir las amenazas de asesinatos proferidas. Los mismos hechos se comunicaron a la oficina internacional del trabajo (OIT) dentro del marco de una queja oficial de la CSI en contre del gobierno colombiano por violaciones repetidas de la libertad sindical.
«Es menester -dice Guy Ryder- poner fin a todos los actos de hostigamiento contra los miembros de las organizaciones sindicales, identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley a los efectos de que estos crímenes no caigan en la impunidad total y que los trabajadores/as colombianos puedan ejercer sus derechos libremente sin poner en peligro sus vidas».
La CSI representa a 168 millones de trabajadoras y trabajadores en 155 países y territorios y cuenta con 311 afiliadas nacionales.