Entre los retruécanos que alumbra la difícil situación colombiana, ya se está acuñando ahora un nuevo término, aunque de muy dudosa ortodoxia: el paraempresarismo. Sirve para definir el enésimo escándalo, el de los apoyos que la empresa privada ha dado a los grupos paramilitares, creados hace 20 años para combatir a la guerrilla y autores […]
Entre los retruécanos que alumbra la difícil situación colombiana, ya se está acuñando ahora un nuevo término, aunque de muy dudosa ortodoxia: el paraempresarismo. Sirve para definir el enésimo escándalo, el de los apoyos que la empresa privada ha dado a los grupos paramilitares, creados hace 20 años para combatir a la guerrilla y autores de miles de asesinatos.
Este maridaje se comenzó a destapar después de que Chiquita Brands, una empresa exportadora de banano que operó en Colombia durante varios años, fuera condenada por un tribunal estadounidense a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber aportado a estos grupos sanguinarios otros 1,7 millones desde 1997 a 2004.
El gasto fue contabilizado bajo el rubro de «seguridad», a través de su filial colombiana Banadex.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, aseguró ayer que no es un error hablar de paraempresarismo, porque varias empresas más están siendo investigadas por estos vínculos, según explicó.
Entre ellas se encuentra Drummond. Desde hace años, el sindicato de esta empresa carbonera de capital estadounidense ha denunciado que tres de sus líderes fueron asesinados por los paras, que recibían apoyo de los directivos de la compañía.
Para Iguarán, según explicó en una entrevista radiofónica, Chiquita Brands «pudo haber incurrido no sólo en concierto para delinquir sino en financiación del terrorismo». Y no descarta que se tramite la solicitud de extradición utilizando idéntico mecanismo por el que Colombia concede extradiciones de sus nacionales hacia Estados Unidos.
Chiquita Brands alegó en su defensa que entregó el dinero para «defender a sus empleados». Pero el fiscal colombiano invalida este argumento: «No fue el pago de una extorsión, fue el apoyo a un grupo armado al margen de la ley, que tenía como proceder, entre otros, asesinar», enfatizó.
La bananera no sólo aportó dinero a raudales. También colaboró para que entraran en el país más de 3.000 fusiles AK-47 y millones de municiones. En la región de Urabá, la zona donde operaba la multinacional, se registraron entre 1997 y 2004 62 masacres en las que murieron 432 personas, en su mayoría campesinos pobres, muchos de ellos trabajadores de las bananeras.
Además, más de 60.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas en medio de esta limpieza paramilitar.
Las escenas de barbarie que se vivieron en esta rica región son inenarrables. Los 1,7 millones de dólares que dio la multinacional estadounidense no sólo sirvieron para apoyar este baño de sangre, sino que resultaron vitales para que el paramilitarismo, con su política de terror, iniciara la expansión hacia el resto del país.
Y más: la multinacional continuó pagando a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incluso después de que este grupo fuera incluso en la lista internacional de terroristas elaborada tras los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Ahora, lo que pide Colombia es que este dinero -o al menos parte de él- llegue a las manos de los que sufrieron las agresiones paramilitares. Así pues, el paraempresarismo se suma al escándalo de la parapolítica, que tiene a ocho congresistas, un gobernador y un ex director del más importante organismo de investigación en prisión.